Por: Redacción / Sin
embargo
Tecoanapa (México), 11 ene
(EFE).- Cientos de campesinos e indígenas del estado de Guerrero se armaron y
tomaron las entradas de sus poblaciones para combatir al crimen organizado que
acosa a sus comunidades, según constató hoy Efe.
Pobladores de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa,
Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala y San Marcos tomaron las armas para
defenderse de un grupo de narcotraficantes “que les pide pago de cuotas, cobra
extorsiones y vende droga en sus escuelas”.
Uno de sus voceros, que pidió el anonimato por seguridad, dijo a Efe que
desde el domingo pasado tomaron esa decisión, luego del secuestro de un
ganadero de una comunidad de Tecoanapa, por el cual los presuntos delincuentes
exigían un pago de 150 mil pesos (casi 12 mil dólares).
“En ese momento la población se armó y salió en busca del ganadero, se
instalaron puestos de revisión y se logró su libertad y la captura de cinco
secuestradores”, narró.
Desde el día del inicio de los operativos en busca de criminales y la
instalación de los puestos de revisión han logrado la captura de 37 presuntos
sicarios y halcones, como se les conoce en la zona a las personas dedicadas al
narcomenudeo.
“Los tenemos detenidos cerca de una población y esperamos que sean
juzgados en una asamblea, bajo los usos y costumbres de las comunidades”,
reveló uno de los dirigentes, con rifle en mano y el rostro cubierto.
Los campesinos e indígenas, que en su mayoría portan escopetas y armas
cortas, mantienen instalados puestos de seguridad en las carreteras y entradas
a los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Florencio Villareal.
En estas localidades pertenecientes a la región de la Costa Chica de
Guerrero, que registra elevados índices de pobreza y marginación, se produce
marihuana y es un paso para el trasiego de drogas a Estados Unidos. En la zona
opera un grupo del crimen organizado identificado por las autoridades como Los
Pelones y que en un tiempo perteneció al cartel de Arturo Beltrán Leyva, quien
falleció en diciembre de 2009 en un enfrentamiento con miembros de la Marina.
La ola de violencia vinculada al crimen organizado causó unas 70.000
muertes durante la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), que lanzó un
combate frontal contra los carteles de las drogas en el que los militares
jugaron un papel fundamental.
