*ALCALDESA IMPOSIBILITADA DE EJERCER
#Caña Amarga
Por Hugo Morales Alejo
El 11 de julio pasado fueron detenidos por Delito contra los instituciones de seguridad pública y contra la salud, Miguel Ángel Bañuelos Hernández, Luis Enrique Bañuelos, Arvin Andany Bañuelos Trujillo y Ciro Colorado Hernández. Fueron detenidos en posesión simple de narcóticos y armados con cuchillos, según la Carpeta de investigación 109/2022 de Tezonapa.
La fiscal que recibió el caso es Paula Cortés Bañuelos, sí, familiar cercana de los detenidos, que tienen prisión preventiva oficiosa en el Proceso 280/2022. Desde el inicio, la prioridad de la Fiscal local de Tezonapa es sacar libres a sus familiares, para ello llevó a comer langostinos, a Paso del Macho (donde fue ya Fiscal local), al nuevo Fiscal Regional, Claudio Iván Vega Ramos, quien se desempeñaba cómo Fiscal Regional de Coatzacoalcos y llegó hace unos días a Córdoba. El anfitrión de esta mariscada fue el nuevo cacique de Paso del Macho, Carlos Neri Rodríguez, compadre de Paola, a la que siempre ha querido de regreso a Paso del Macho, de donde salió por muchas acusaciones de corrupción, quejas ciudadanas y porque hubo intento de sacarla de sus oficinas en un momento de hartazgo ciudadano. En un intento de “chamaquear al Fiscal Regional, se le propuso que Paula Bañuelos Regrese a Paso del Macho.
La práctica de los caciques en turno (que Paso del Macho ha padecido desde hace 50 años) siempre ha sido extender sus dominios a los Ministerios Públicos (hoy Fiscalías Locales) para tener punto de presión política contra enemigos y a favor de amigos.
Todo mundo sabe que Paso del Macho tiene hoy un personaje que, junto con su equipo operativo, manda por encima de la alcaldesa Blanca Rodríguez, a la que tienen imposibilitada de dar una orden. Las plazas, el presupuesto, los proveedores, todo lo maneja el equipo de Carlos Neri. Pero en este caso a este personaje le falta esa parte de la Fiscalía, para completar su control absoluto. Y nada mejor de Paula Bañuelos, quien era titular local cuando Carlos era Delegado de Tránsito en esta ciudad.
El 3 de octubre 2019 unas 200 personas marcharon en protesta por la falta de investigaciones que había en torno a la desaparición del taxista Irán Arias, que había dejado de verse 5 días antes. La familia había comenzado la búsqueda por su cuenta. Al momento que pasaban por la avenida Principal, tomaron las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, donde despachaba Paula Bañuelos, querían entrar a la fuerza, pero llegó Rafael Pacheco, hoy fallecido, y se apostó en la puerta, para cubrir a la Agente Paula. El alcalde Fernando León llegó al lugar pero nadie le hizo caso, era alcalde, pero no mandaba, así ha sido Paso del Macho en los últimos 50 años, hasta hoy.
El joven Irán fue hallado asesinado horas después, entre cañales de Mata del Gallo.
Meses después, se supo que habían sido policías municipales los criminales.
Paula había sido acusada previamente de vender todo asunto que le llegaba, a los denunciados, al grado de que si no tenían dinero, que pagaran con fertilizante del que les daban las organizaciones a los cañeros, pues ella tiene tierras de cultivo en la zona de Omealca.
El 16 de diciembre 2019, 5 meses después, fue asesinado Rafael Pacheco. Se supo luego de investigaciones que fue su mismo comandante de la Policía Municipal.
La Fiscalía Regional tuvo que retirar a Paula. Luego llegó otra fiscal interina, pero se le venció el contrato de servicios y actualmente se cubre por una fiscal de Atoyac que acude de vez en cuando.
Un video de unos ex policías de Paso del Macho, que circuló en grupos sociales, relataba la red de protección con que contaban. Mencionaban que “todo dato se lo pasaban a la Licenciada Paula”.
Como si estuviera el horno para bollos, la Fiscalía Regional pretende volver a encender los ánimos de la gente, que no olvida cómo Paso del Macho se fue convirtiendo en Pueblo sin Ley, estigma que permanece.
NOS HACEN LEGAR ESTA NOTA COMPLEMENTARIA
Apenas en el mes de noviembre del 2021, con motivo de su tercer informe de gobierno, el Gobernador afirmó, categórico, que en Veracruz las mujeres ya son reconocidas, visibilizadas y pueden soñar y realizarse libres.
Atribuyó esa circunstancia al “fortalecimiento de las instituciones de atención directa, la implementación del Protocolo de Atención Inicial con Perspectiva de Género y el apoyo social”.
Cuitláhuac García dijo en aquella ocasión que su gobierno era “una administración que lo hace de la mano de las mujeres”.
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Un discurso sin duda alentador que, sin embargo, choca contra la realidad. Hoy las mujeres en la administración estatal son acosadas, violentadas y abusadas por mandos misóginos que imponen su ley, sin argumentos jurídicos ni el menor respeto a la calidad humana y profesional de la mujer.
La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, tiene un ejemplo muy cerca de ella. Tal vez no esté enterada o, si lo sabe, le da poca importancia.
El pasado viernes 8 de julio el director de la Policía Ministerial de Veracruz, Samuel López Leza agredió verbalmente y a gritos a una mujer, la maestra en derecho Wendy Rodríguez Rivera, Policía Ministerial Acreditable, quien había acudido hasta su oficina para informarse sobre las nuevas tareas que le habían sido asignadas.
En efecto, un par de día antes Wendy Rodríguez fue informada de su cambio de adscripción (oficio FGE/PM/DG/3745/2022), a las instalaciones de la Dirección de la Policía Ministerial, como elemento de la Guardia Operativa.
Al llegar a su nueva área de trabajo, un compañero de la Guardia, Humberto Rayón, le informó en primera instancia que trabajaría “24 por 24” (esto es: trabajar 24 horas y descansar 24 horas) con descansos de fin de semana cada 15 días, un solo día. Sin embargo, mientras le detallaba sus tareas, Humberto Rayón recibió una llamada y al regresar con Wendy Rodríguez le informó que tenía nuevas instrucciones: que su horario sería de 12 horas (de 9 de la mañana a 9 de la noche), de lunes a domingo, sin día de descanso y sin vacaciones.
Ese fue el motivo de su visita al Director General de la corporación quien la recibió afuera de su oficina, a gritos y con insultos: “¡Usted es Wendy?, pues usted es una vieja y es policía y tiene que hacer lo que yo le digo, en el horario que yo le digo y con las condiciones que yo le ordeno!”.
El director de la Policía Ministerial, con maestría en derecho, olvidó un par de párrafos del artículo primero de nuestra carta Magna.
El primero, que sentencia: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”.
Y el siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Luego de la agresión verbal recibida de su superior, Wendy Rodríguez le agradeció su atención y se retiró. Al presentarse a laborar, le informaron que tenía prohibido el ingreso y la remitieron a las oficinas centrales de la Fiscalía.
Cuando finalmente se pudo entrevistar con la subdirectora de Recursos Humanos, Yadira Arróniz Sánchez, ella le indicó que volviera a su centro de trabajo, que ya le permitirían acceder y que ahí ya tenían un oficio con sus nuevas responsabilidades.
Al llegar a la Policía Ministerial le mostraron un oficio en el que “por necesidades del servicio” se le comisionaba al municipio de El Espinal. En virtud de que se negó a firmar dicho documento, se le impidió quedarse con una copia o tomarle una fotografía y se le instruyó que abandonara las oficinas.
No hay una sola mancha, en el expediente de Wendy Rodríguez Rivera, en 9 años de labor profesional.
En fechas recientes fue reconocida por su desempeño y tuvo la oportunidad de representar a la propia Fiscalía como Consejera Técnica del Ceneval (Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior), nombramiento que dura dos años y que tuvo el aval del propio director, Samuel López Leza, quien en un oficio reconoce que ella cubre “el perfil idóneo” para formar parte del Consejo Técnico del Examen General para la Acreditación a Nivel Técnico Superior Universitario como Policía Investigador.
La reacción violenta y las represalias laborales en su contra no tienen una explicación lógica, ni sustento jurídico alguno, por lo que se encuadran en actos de violencia y acoso en razón de género.
Wendy Rodríguez Rivera intentó, de manera infructuosa, entrevistarse con la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, la misma que en septiembre del 2020 expresó:
“A todas las mujeres que sufran violencia les digo que se acerquen a la Fiscalía, porque hay un nuevo rostro para atender ese tipo de delitos y deben de tener confianza”.Apenas en el mes de noviembre del 2021, con motivo de su tercer informe de gobierno, afirmó, categórico, que en Veracruz las mujeres ya son reconocidas, visibilizadas y pueden soñar y realizarse libres.
Atribuyó esa circunstancia al “fortalecimiento de las instituciones de atención directa, la implementación del Protocolo de Atención Inicial con Perspectiva de Género y el apoyo social”.
Cuitláhuac García dijo en aquella ocasión que su gobierno era “una administración que lo hace de la mano de las mujeres”.
Un discurso sin duda alentador que, sin embargo, choca contra la realidad. Hoy las mujeres en la administración estatal son acosadas, violentadas y abusadas por mandos misóginos que imponen su ley, sin argumentos jurídicos ni el menor respeto a la calidad humana y profesional de la mujer.
La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, tiene un ejemplo muy cerca de ella. Tal vez no esté enterada o, si lo sabe, le da poca importancia.
El pasado viernes 8 de julio el director de la Policía Ministerial de Veracruz, Samuel López Leza agredió verbalmente y a gritos a una mujer, la maestra en derecho Wendy Rodríguez Rivera, Policía Ministerial Acreditable, quien había acudido hasta su oficina para informarse sobre las nuevas tareas que le habían sido asignadas.
En efecto, un par de día antes Wendy Rodríguez fue informada de su cambio de adscripción (oficio FGE/PM/DG/3745/2022), a las instalaciones de la Dirección de la Policía Ministerial, como elemento de la Guardia Operativa.
Al llegar a su nueva área de trabajo, un compañero de la Guardia, Humberto Rayón, le informó en primera instancia que trabajaría “24 por 24” (esto es: trabajar 24 horas y descansar 24 horas) con descansos de fin de semana cada 15 días, un solo día. Sin embargo, mientras le detallaba sus tareas, Humberto Rayón recibió una llamada y al regresar con Wendy Rodríguez le informó que tenía nuevas instrucciones: que su horario sería de 12 horas (de 9 de la mañana a 9 de la noche), de lunes a domingo, sin día de descanso y sin vacaciones.
Ese fue el motivo de su visita al Director General de la corporación quien la recibió afuera de su oficina, a gritos y con insultos: “¡Usted es Wendy?, pues usted es una vieja y es policía y tiene que hacer lo que yo le digo, en el horario que yo le digo y con las condiciones que yo le ordeno!”.
El director de la Policía Ministerial, con maestría en derecho, olvidó un par de párrafos del artículo primero de nuestra carta Magna.
El primero, que sentencia: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”.
Y el siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Luego de la agresión verbal recibida de su superior, Wendy Rodríguez le agradeció su atención y se retiró. Al presentarse a laborar, le informaron que tenía prohibido el ingreso y la remitieron a las oficinas centrales de la Fiscalía.
Cuando finalmente se pudo entrevistar con la subdirectora de Recursos Humanos, Yadira Arróniz Sánchez, ella le indicó que volviera a su centro de trabajo, que ya le permitirían acceder y que ahí ya tenían un oficio con sus nuevas responsabilidades.
Al llegar a la Policía Ministerial le mostraron un oficio en el que “por necesidades del servicio” se le comisionaba al municipio de El Espinal. En virtud de que se negó a firmar dicho documento, se le impidió quedarse con una copia o tomarle una fotografía y se le instruyó que abandonara las oficinas.
No hay una sola mancha, en el expediente de Wendy Rodríguez Rivera, en 9 años de labor profesional.
En fechas recientes fue reconocida por su desempeño y tuvo la oportunidad de representar a la propia Fiscalía como Consejera Técnica del Ceneval (Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior), nombramiento que dura dos años y que tuvo el aval del propio director, Samuel López Leza, quien en un oficio reconoce que ella cubre “el perfil idóneo” para formar parte del Consejo Técnico del Examen General para la Acreditación a Nivel Técnico Superior Universitario como Policía Investigador.
La reacción violenta y las represalias laborales en su contra no tienen una explicación lógica, ni sustento jurídico alguno, por lo que se encuadran en actos de violencia y acoso en razón de género.
Wendy Rodríguez Rivera intentó, de manera infructuosa, entrevistarse con la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, la misma que en septiembre del 2020 expresó:
“A todas las mujeres que sufran violencia les digo que se acerquen a la Fiscalía, porque hay un nuevo rostro para atender ese tipo de delitos y deben de tener confianza”.
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