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| Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz. Foto: Yerania Rolón |
CIUDAD DE MÉXICO (apro/GLORIA LETICIA DÍAZ / PROCESO).- Colectivos de víctimas de desaparición en Veracruz reprocharon las recientes resoluciones judiciales de amparo a favor de Luis Ángel Bravo Contreras –fiscal de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte– para librar la prisión preventiva ante las acusaciones en su contra por desaparición forzada de personas.
En un comunicado –también firmado por familiares de víctimas y defensores de derechos humanos que integran los colectivos Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdova y la Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz– reprobaron que el juez Decimoquinto de Distrito de Xalapa, Jorge Holder Gómez, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito, Alejando Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, resolvieran que la desaparición forzada de personas “no es un delito grave”.
Para los familiares de las víctimas, los resolutivos los agravian “y son muestra de una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular el principio de interpretación de la norma más favorable, la ley general de víctimas”, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En ese sentido, hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que exhorte a jueces y magistrados a tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de desaparición forzada, pues la clasificación del delito como no grave puede “impactar sobre los procesos penales que se llevan en todo el país en contra de los autores materiales e intelectuales de este crimen, fomentando con ello la impunidad”.
De igual manera, pidieron al CJF que impida que los responsables obtengan beneficios, por ejemplo, el enfrentar sus procesos en libertad, lo que pondría en riesgo la integridad de víctimas indirectas y testigos del delito de desaparición forzada.
“En un país con más de 37 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido cometida por servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que jueces federales minimicen el delito de desaparición forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra que vivimos los familiares de los desaparecidos”, destacaron los firmantes del pronunciamiento.
Tras resaltar que fueron los familiares de las víctimas quienes posicionaron la problemática de la desaparición e impulsaron políticas públicas “para garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, subrayaron que al considerar como “no grave” la desaparición forzada, los miembros del Poder Judicial incurren en “un enorme retroceso”.
Para los familiares de desaparecidos, las resoluciones que favorecen a Bravo “resultan violatorias de tratados internacionales de los que México es parte”, entre ellas la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los criterios de la SCJN de que ese delito es “extremadamente grave y que en circunstancias específicas puede ser catalogado como un crimen de lesa humanidad”.
Ante una situación de desapariciones generalizadas en el país, como lo clasificó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, (CED), para los familiares de las víctimas “es necesario que las fiscalías soliciten y sustenten, y los jueces valoren en todos los casos la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general”.
Por ello, demandaron al Poder Judicial de la Federación que, “de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, y prevengan la sustracción de personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva (…) por el impacto social o la trascendencia que ésta causa y el daño a la sociedad, como lo es la desaparición forzada de personas”.
De continuar considerándose el delito de desaparición forzada como no grave, por parte de los jueces y magistrados federales, anunciaron que harán un llamado al Congreso de la Unión para que reforme el artículo 19 constitucional y “se contemplen los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.
Asimismo, advirtieron que la omisión de dichos delitos en el artículo 19 constitucional “ha servido de pretexto para que algunos juzgadores, ya sea motivados por la complicidad, corrupción o insensibilidad, soslayan la gravedad de estos delitos y permiten la impunidad de los responsables”.
Insistieron en solicitar un pronunciamiento del CJF “para que conforme a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, se reconozca la extrema gravedad de la desaparición forzada y se exhorte a las autoridades correspondientes a reconocerla”.
El resolutivo del juzgado de distrito reprueba que el juez de Control del estado de Veracruz haya fundamentado la prisión preventiva oficiosa para Bravo en el Estatuto de Roma, que clasifica la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
El comunicado está firmado por el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Red de madres Buscando a sus Hijos Veracruz, Centro de Derechos Humanos Colectivo Toaltepeyolo, Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, y decenas de familiares de víctimas.
