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En Monterrey cada vez hay más familias que sufren la desaparición de un ser querido. Es un fenómeno que no muestra un patrón, a pesar de que el procurador Adrián de la Garza señala que el 99% de los desaparecidos están vinculados al crimen organizado. Aunque no existe un número exacto, por ser una cifra negra, se estima que podría haber cerca de mil desaparecidos en Monterrey.
Por Ángel Plascencia 21/10/2011 - 4 comentarios
En Monterrey cada vez más familias viven en la incertidumbre porque no saben cuál es el destino de sus amigos, hijos, hermanos o parejas.
La desaparición de una persona causa un gran dolor a sus cercanos. No sólo por el agravio en sí, sino además por la falta de una conclusión.
Porque en estos casos la incertidumbre no termina con el pago de un rescate para recuperar a su familiar, o en el peor de los casos con el duelo por la muerte.
En la desaparición la familia nunca descansa, no sabe si realmente su familiar ya está muerto o sigue vivo por ahí.
Aunque no existen cifras exactas, organizaciones civiles en Monterrey estiman que podría haber cerca de mil desaparecidos tan sólo en la zona Metropolitana.
Pero la Procuraduría de Nuevo León da poca importancia al tema.
El procurador Adrián de la Garza minimiza el problema al indicar que el 99 por ciento de los desaparecidos en la ciudad están vinculados al crimen organizado. Y se acabó.
Con esta actitud se explica la queja más recurrente de familiares de víctimas que acuden a presentar una denuncia ante la Procuraduría: tratan como irrelevante la pérdida de su familiar y en muchos casos -principalmente si es joven- lo criminalizan.
Es una situación que está dejando un vacío en la sociedad, en las familias que sufren la pérdida y además la incertidumbre de no conocer el destino final de su ser querido.
Y aunque la criminalización de la víctima regularmente nunca llega a comprobarse, en sí misma significa el carpetazo del caso. Y se encaminan las sentencias de la opinión pública, que también terminan por criminalizar al desaparecido.
Aunque se sabe por estimaciones que en Nuevo León existen cientos de desaparecidos, existe una cifra negra bastante alta porque la Procuraduría no contabiliza estos casos e inhibe la denuncia con el trato que da a los familiares de víctimas.
La única cifra documentada es la de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la cual tiene registrados 101 casos.
De aquí se desprende la estimación de cerca de mil casos en total por los relatos de más desapariciones que están asentados en estos expedientes.
Pero en el Código Penal de Nuevo León ni siquiera se tipifica el delito de desaparición forzada.
Es un problema que se agrava diariamente y al cual no se le da el debido tratamiento, pues en ocasiones se mezclan con las cifras de desaparecidos las de plagios o levantones que tienen la finalidad de acabar con la vida de una persona vinculada al crimen.
Pero a los familiares de desaparecidos no les queda ninguna de estas certezas. En cambio tienen un vacío que deja incompleta su investigación, una línea en blanco.
Los familiares de un desaparecido terminan en la locura de una búsqueda sin fin.
De manerea cotidiana visitan quincenalmente el Servicio Médico Forense (Semefo), hacen guardias en el teléfono, tienen citas con abogados que supuestamente tienen “contactos” y deben acudir a la toma de pruebas de ADN para la base de datos de la Procuraduría.
El 90 por ciento de los casos de desapariciones denunciadas ante la autoridad que avanzan, lo hacen gracias a las propias indagatorias de los familiares, pero la búsqueda se vuelve imposible con la autoridad que no trabaja y encima desinforma.
Es una mentalidad oficial que golpea más a los dolidos familiares, quienes sufren por partida triple: por no saber el destino de su pariente, la criminalización del mismo y la transformación de la vida familiar.
La inoperancia de las autoridades y la guerra del crimen organizado han creado al ambiente perfecto para que la desaprición cada día aumente sin control.
Entre narcos y ‘fuego amigo’
Aunque no existe un patrón o perfil del tipo de personas que sufren una desaparición forzada, existen particularidades que se repiten en varios casos, como la participación de la autoridad de los tres niveles.
En casi una tercera parte de los casos documentados por CADHAC las víctimas han sido desaparecidas directamente por alguna autoridad o en complicidad con alguna de ellas.
Hay casos como el de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, quien fue detenido por policías de San Pedro por “sospechoso”. Los municipales lo presentan ante La Marina y finalmente es entregado a policías ministeriales.
Después de este último traslado ya no se supo nada de él.
Su esposa Janeth Olazarán presentó una denuncia donde señala a dos agentes ministeriales, pero éstos solo han sido llamados a declarar y siguen trabajando.
Es un caso paradigmático donde se muestra la participación de al menos tres autoridades en una desaparición.
Y es que en tanto en Monterrey como en todo el noreste del país los ciudadanos están expuestos a ser víctimas desde dos sentidos: desde el crimen organizado o desde la propia autoridad.
Por ejemplo en Coahuila no sólo se inhibe la denuncia de desaparición con la criminalización de las víctimas como en Nuevo León, sino que además algunas autoridades “advierten” a los familiares que al denunciar se exponen a que otro miembro de la familia desaparezca.
Noreste: tierra de desaparecidos
En Coahuila se estima que existen 500 desaparecidos según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila tiene documentados 200 casos y hay reportados 25 migrantes desaparecidos en el estado.
Pero las desapariciones en el territorio vecino a Nuevo León tienen particularidades en el perfil de las víctimas (de 25 a 40 años, jornaleros y migrantes) que vinculan este problema con el del reclutamiento forzado que hacen Los Zetas, como sucedió en San Fernando, Tamaulipas.
De ahí el hallazgo de los 61 secuestrados que eran entrenados por este grupo criminal en Piedras Negras Coahuila, un poblado de 200 mil habitantes.
Incluso se comprobó que algunos de los rescatados de la casa de seguridad del poblado coahuilense eran migrantes, según los administradores de la Casa del Migrante en Saltillo.
Y es que se estima que entre el 15 y el 30 por ciento de las personas que ingresan a este sitio, fueron víctimas de tortura o privación ilegal de la libertad.
La desaparición forzada con todas sus acepciones es un problema que está dejando profundas heridas en las sociedades del noreste del país.
En el caso de Monterrey con la particularidad de que existen casos sin ningún patrón en concreto como los que se muestran en Coahuila y Tamaulipas con el reclutamiento forzado.
Esta época quizá dejará el mismo legado que las dictaduras en Argentina y Chile: organizaciones de madres que buscan a sus hijos, bancos de ADN para localizar e identificar los cuerpos de los que faltan.
