Según las declaraciones de dos inculpados, el doctor Edgar
Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de certificados de
nacimiento, cada uno por 15 mil pesos.
La Procuraduría General de Justicia de Sonora no llamó a declarar al doctor que presuntamente cobraba 15 mil pesos por expedir cada
uno de los certificados
de nacimiento de los bebés vendidos por
funcionarios del DIF estatal.
En sus
declaraciones, los dos principales funcionarios inculpados por este caso –Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel
Hernández López– señalan que el doctor Edgar Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de
certificados de nacimiento.
Aunque la
Procuraduría no llamó a declarar a Vázquez Tello en mayo, junio y julio, su
fotografía fue utilizada por elementos de la Policía Estatal Investigadora para
ser identificado por una testigo de los hechos.
Actualmente
Vázquez Tello es regidor y presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo de
Guaymas.
Los 9 o 13
robos
Aunque uno
de los inculpados confesó la venta de
al menos 13 bebés en Sonora, el procurador del Estado,
Carlos Navarro Suguich, sólo ha
podido acreditar nueve casos.
“Hasta
ahorita nosotros tenemos documentados nueve casos. No descarto que pueda haber
más. Es por eso que hemos estado insistentemente invitando a la ciudadanía a
que se acerque a nosotros para que nos ayude en esta investigación”, dijo el
procurador. “Las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias para
dar con los menores que fueron vendidos”.
El procurador de la Defensa del Menor,
Francisco Javier Gómez Izaguirre, informó que en los últimos seis años al menos
un centenar de niños recién nacidos y menores de edad fueron remitidos al
Hospital Infantil del Estado de Sonora “por situación de vulnerabilidad o
riesgos”.
En sus
declaraciones del 11 de mayo, Alfredo
Arzate Carbajal confesó
que recibía informes del Hospital Infantil del Estado de Sonora que
especificaban que los menores “no estarían bien” si regresaban con sus madres
toxicómanas.
Arzate
confesó que elaboró al menos 13 oficios que firmó en ausencia del procurador de
la Defensa del Menor, Francisco Javier Izaguirre, para sustraer menores del
Hospital Infantil y entregarlos a parejas en busca de adoptar niños.
Arzate
aseguró que nunca fijó una cantidad de dinero por este delito. Lo hacía, dijo,
por el bienestar y futuro de los menores en manos de familias aptas para su
desarrollo.
Sin
embargo, la declaración del otro inculpado, José Manuel Hernández, difiere con
la de Arzate.
Según José Manuel Hernández,
exjurídico de la Unión Ganadera, Arzate y él acordaron desde el principio que
el costo para “entregar” a un menor sería de 110 mil pesos,
incluyendo los 15 mil pesos requeridos para adquirir un certificado de
nacimiento.
Hernández
comenzó a cobrar dinero por la entrega de menores en complicidad con el doctor
Edgar Vázquez Tello, quien proporcionaba los certificados de nacimiento en
Guaymas.
Una vez
que se tenían todos los documentos y cobrados por lo menos 110 mil pesos,
Hernández enviaba a los padres al Hospital
Infantil del Estado de Sonora para la
entrega de los bebés.
El 9 de
mayo pasado, José Manuel Hernández López declaró ante el Ministerio Público que
vendió a seis niños y no a 13, como confesó Arzate Carbajal.
La pareja
de Hernández López, ubicada por el Departamento de Seguridad Interna de los
Estados Unidos como Emma Consuelo Falcón Etchechurry, se quedó con uno de los
bebés.
Arzate y
Hernández se conocieron en 2010 en la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia, pero fue hasta septiembre
de 2013 que comenzaron sus ilícitos, luego de que una amiga de Emma Consuelo
Falcón mostró interés por adoptar un bebé.
Con la
finalidad de “apoyar” a Falcón, Hernández sugirió a Arzate conseguir una
partida de nacimiento para agilizar la entrega del menor y también poder
registrarlo como hijo legítimo.
Arzate
accedió con el argumento de que no sería complicado, ya que el puesto que tenía
en la Procuraduría de la Defensa del Menor le facilitaba acceso a los menores
recién nacidos en calidad de abandono o hijos de madres drogadictas.
Inculpados y
amparados
La semana
pasada, el procurador de Sonora anunció 16 órdenes de aprehensión contra
las personas involucradas en este caso; sin embargo, nunca ha
declarado que los tres principales inculpados se encuentran en libertad.
Al menos
uno de ellos, Arzate, promovió un amparo el 15 de mayo en los juzgados
federales y le fue concedido contra cualquier acción legal.
Acciones
pospuestas por las elecciones
Fuentes
del gobierno de Sonora revelaron que a pesar de conocer el caso desde marzo, el
gobernador del estado Guillermo
Padrés, su esposa
Iveth Dagnino, el equipo de comunicación y asesores prefirieron no hacerlo
público por la cercanía de las elecciones a gobernador, las cuales se llevaron
a cabo en junio.
Prueba de
ello, añadió la fuente que solicitó el anonimato, es que Dagnino cerró su
cuenta de Twitter a mediados de año, cuando comenzaron los cuestionamientos por
el caso a través de esta red social.
Padrés
habría sugerido avanzar con las investigaciones, pero sin hacerlas públicas.
Cuando
Arzate confesó el 11 de mayo, las elecciones para gobernador en Sonora estaban
a sólo tres semanas.
El 26 de
marzo, el Departamento
de Seguridad Interna de Estados Unidos envió un oficio de colaboración en el que
informó al procurador de Sonora la situación.
Casi seis
meses después, los inculpados y confesos se encuentran libres. El 9 y 11 de
mayo las autoridades les tomaron sus declaraciones ministeriales y determinaron
dejarlos libres con las reservas de ley.
