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| El expediente de la CNDH sobre Tlatlaya. Foto: Especial |
MÉXICO, D.F. (apro/Proceso).- En contraste con la versión oficial, organizaciones nacionales e
internacionales consideran que México atraviesa por una severa crisis de
derechos humanos y como ejemplo de ello citan el caso de la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo en su Tercer Informe de Gobierno
que en su administración el respeto a los derechos humanos “ocupa un lugar
central en la agenda de temas estratégicos”, y a manera de ilustración mencionó
que se implementaron cursos de capacitación a funcionarios públicos en
“protección a los grupos más vulnerables, así como de eliminación de la
discriminación”.
A pesar de las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán, Ecuandureo y Calera,
que generaron un escándalo mundial en su momento, el mandatario presumió que
las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
disminuyeron 64%.
Según los datos aportados en su informe, en el periodo de septiembre de
2014 a julio de 2015, la CNDH emitió 18 recomendaciones, 32 menos
que las registradas en el mismo periodo de 2013 a 2014 y “66.7% con relación al
periodo de 2012 a 2013, donde se emitieron 54 recomendaciones dirigidas a la
APF”.
Los casos graves registrados en este año son mencionados en el reporte
de las acciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), dependencia que registró en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
180 víctimas, y en el ataque a los futbolistas del equipo Avispones, 100, a los
que “se les brindó atención multidisciplinaria y aun son sujetos a un programa
de atención individualizada”, en tanto que en el caso Tlatlaya, la CEAV
registró a 93 víctimas “y se continúa con el análisis de los casos restantes”.
De acuerdo al informe la CEAV atendió a 52 personas víctimas de
“comisión de delito de orden federal” a las que destinó en indemnizaciones por
“comisión de delito por orden federal”, a las que se destinaron 12.5
millones en indemnizaciones, en tanto que a 19 víctimas de “violación a
derechos humanos”, se les entregaron 12 millones de pesos.
En el apartado “Instrumentar una política de Estado en derechos
humanos”, se señala que de enero a julio de 2015 el “Gabinete de Seguridad”
recibió cuatro recomendaciones de la CNDH, tres menos que en el mismo periodo
de 2014 y 10 menos que en 2013, en tanto que la recomendación 26/2001,
referente a las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia, el informe
de Peña asegura que de los más de 500 casos a que hace referencia la CNDH,
el gobierno federal ha cubierto 96 indemnizaciones a familiares de
desaparecidos y 54 permanecen en proceso.
En cuanto a las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) el informe presidencial asegura que dicho tribunal declaró el
cumplimiento delas mujeres indígenas abusadas sexualmente por el Ejército,
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Sin mencionarse la palabra “desaparecidos” el texto menciona que en el
tercer año de gobierno se brindó apoyo a “mil 397 familiares de
personas extraviadas, sustraídas o ausentes” con la elaboración y difusión de
“cédulas de identificación en todo el país”, además de que se ingresaron al
Sistema CODIS (Combined DNA Index System9 7 mil perfiles genéticos, con lo que
a julio de 2015 existen 25 mil 31 perfiles genéticos “que han permitido
identificar a 431 personas que se encontraban en calidad de desconocidas”.
En cuanto a los delitos cometidos contra periodistas se informa que la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) inició 133 averiguaciones previas, ejerció 19 acciones penales y
determinó el 35 casos el no ejercicio e la acción penal; 14 expedientes fueron
acumulados y 49 se determinaron por incompetencia, en tanto que 117 se
consideraron concluidos.
Y asegura que en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Segob se atendieron cien solicitudes de
información, de las cuales 37 corresponden a defensores y el resto a
periodistas; a 53 se les dio tratamiento ordinario y a 29 extraordinario,
mientras que en 18 casos no hubo incorporación al mecanismo.
