De manera conjunta, los seis estados gastaron 1 mil 277.7 pesos en comunicación social, lo que en estricto sentido implicaría una violación a las disposiciones del Artículo 134 constitucional que establecen que, los recursos de que dispongan los diferentes entes públicos de México, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
El gasto en comunicación social en México “se ha vuelto excesivamente discrecional” y “fácil de justificar” porque no hay criterios claros para asignar recursos en la materia, dijo a SinEmbargo Enrique Toussaint, analista político de la Universidad de Guadalajara (U de G).
Las leyes a nivel federal y estatal “acotan el margen que tienen los Gobernadores para gastar en comunicación social. Pero al final, hay vacíos y excepciones [legales] que son utilizados de forma discrecional”.
El problema, explicó Toussaint, es que la comunicación social, en lugar de ser una forma de relación entre la autoridad y el ciudadano en términos de información, se convierte en un gasto “para comprar medios y coartar la libertad de expresión, y por lo tanto, a la crítica”.
Los excesos en materia de comunicación social, no obstante, han sido parte de la creatividad contable de estas entidades federativas, al menos desde 2015.
Entre ese año y 2017, Campeche devengó 988.2 millones de pesos sin justificación real. Guerrero, 757 millones. Tabasco, 600. Veracruz, 400. Hidalgo, 311.2. Y Puebla, 168 millones adicionales.
En conjunto, el sobreejercicio de recursos de estos seis estados (en tres años) fue de 3.2 mil millones de pesos. Esta cantidad es la mitad del excedente del gasto en comunicación social del Gobierno federal en 2017 (6 mmdp); o bien, equivalente a la mitad del monto destinado para reconstruir la Ciudad de México tras los sismos del 19 de septiembre del año pasado.
Mientras que entre 2015 y 2017, en promedio, el 76.5 por ciento del gasto total en comunicación social de los estados no fue aprobado por los congresos locales, el gasto adicional estatal en materia de “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” promedió un 6.2 por ciento (que tratándose de recursos destinados a reforzar el desempeño de un programa gubernamental prioritario, estaría justificado por Ley).
El año pasado a nivel federal, salvo por Tlaxcala (-50 por ciento), Aguascalientes (-32), Chihuahua (-33), Yucatán (-13), San Luis Potosí (-9) y Querétaro (-4), los estados de la República mexicana excedieron su gasto en comunicación social.
Durango gastó 218 por ciento más de lo aprobado. Le siguieron Coahuila (170), Chiapas (158), Tamaulipas (155), Nayarit (150), Quintana Roo (129), Guanajuato (124), Sonora (112), Baja California Sur (78), Morelos (77), Michoacan (72), Ciudad de México (48), Zacatecas (40), Estado de México (25), Nuevo León (12), Oaxaca (9), Colima y Jalisco (3, cada uno), además de Baja California (2).
Según el Artículo 59, base II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la Secretaría de finanzas o su equivalente.
Además, los artículos 2, 5 y 58 refieren que las adecuaciones presupuestarias “se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas” a cargo de las dependencias y entidades, “siempre y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos”.
Pero en México, la falta de contrapesos a los poderes ejecutivos estatales, de sanciones adecuadas ante el incumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, así como la carencia de rigor en las evaluaciones oficiales, han creado –según el IMCO– amplios márgenes de discrecionalidad y abuso en las administraciones estatales.
“Aquí en México algo sucede –a diferencia de otros países– que siempre se aprueba el Presupuesto de Egresos con una hipermayoría [en el Congreso de la Unión]. Hay una falta gravísima de contrapesos porque lo que hacen es reservar una partida clara y puntual para empezar a repartir billetazos entre los diputados” para proyectos individuales, señaló Toussaint.
En enero de 2017, el Gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez anunció 11 medidas de austeridad. No mencionó una reducción en comunicación social, rubro en el que gastó 241 por ciento más de lo aprobado, según datos del IMCO. Foto: Marco Polo Guzmán Hernández, Agencia Cuartoscuro.
REDUCEN GASTO EN SEGURIDAD
Los excesos en los gastos de los estados reflejan “una mala planeación” presupuestaria que deriva en más contratación de deuda pública y en gastos “innecesarios” en partidas “no prioritarias” (como suministro de materiales, gasolina, sueldos y honorarios, ceremonias oficiales, viáticos y publicidad oficial) que terminan siendo inconsistentes con ciertas prioridades gubernamentales como lo son la seguridad pública y la austeridad presupuestaria, según el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018 del IMCO.
Puebla, por ejemplo, excedió su presupuesto en comunicación social de 2015 a 2017. Primero gastó nueve veces más de lo que debía. Luego excedió 87 veces el presupuesto aprobado en 2016. Y un año después, gastó 288 veces más de lo permitido.
En ese mismo periodo, el Gobierno estatal presentó un sobreejercicio en el rubro de “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”. En 2015 fue de 30 por ciento adicional (equivalente a 658 mdp más); en 2016 de 15 por ciento (350 mdp) y en 2017, 1.1 por ciento (27.2 mdp).
Mientras que el 58.1 por ciento de los poblanos mayores de 18 años de edad reconocieron en 2017 que la inseguridad era el problema más grave de la entidad, según los resultados de la ENVIPE 2017, el Gobierno dio más prioridad al gasto en comunicación social (cuyo sobreejercicio fue de 90.7 mdp o 28 mil 768.1 por ciento más de lo aprobado).
“La seguridad es una prioridad en el discurso pero rara vez en los hechos. Por ejemplo, Jalisco tiene un presupuesto de 110 mil millones de pesos y gasta 6 mil [el cinco por ciento] en la Fiscalía. Esto en un estado en que tenemos una espiral de violencia y donde son asesinadas 1 mil 600 personas al año”, dijo Enrique Toussaint de la U de G.
“Lo que te ilustra esto es que a los gobiernos les importa más la imagen que los hechos. Es decir, les interesa más tener la posibilidad de comunicar para mandar su mensaje como ellos quieren, que en realidad cambiar las cosas desde la práctica. Si no, veríamos que los sobreejercicios se dan en las partes prioritarias: seguridad, empleo, servicios públicos… y no en gastos de comunicación –o más bien de publicidad– que claramente son superfluos”, abundó.
No obstante, a pesar de la asimetría sistemática entre el gasto no prioritario y el gasto prioritario en 2017, en Puebla los índices de violencia de alto impacto fueron a la baja, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre 2016 y 2017, los delitos “contra la vida y la integridad corporal” (homicidios, lesiones y feminicidios), “contra la libertad personal” (secuestro, tráfico y rapto) y “contra la libertad y la seguridad sexual” (abuso, acoso, violación) fueron en decremento en Puebla en 35, 12.5 y 5.3 por ciento, respectivamente.
En el resto de los estados también hubo disparidades presupuestarias. Entre 2015 y 2017, Veracruz gastó, en promedio, seis veces más de lo que debía en comunicación social y 13.3 por ciento más en “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”.
Guerrero gastó cinco veces más en el primer rubro y apenas 4.4 por ciento más en el segundo. Hidalgo, Campeche y Tabasco gastaron tres veces más en comunicación social y -9.1 (que se traduce como subejercicio), 16.1 y 4.5, cada uno, en asuntos de seguridad interior.
Durante el trienio, sólo Guerrero –además de Puebla– tuvo resultados en materia de seguridad pública. Allí, los delitos contra la libertad y aquellos sexuales fueron a la baja en 11.2 y 15 por ciento. En el caso de los crímenes contra la vida y la integridad, la entidad registró un incremento de 0.3 por ciento.
En cambio, en Campeche, Hidalgo, Tabasco y Veracruz la violencia no dio tregua.
Los crímenes relacionados con el homicidio y las lesiones físicas escalaron en cuatro, 58.7, 7.9 y 25.5 por ciento, en cada estado. Aquellos ligados al secuestro tuvieron variaciones de -7.7, 121.9, 53.4 y 65.2 por ciento. Y los delitos sexuales se incrementaron en 119.6, 53.7, 83.7 y 85.3 por ciento, respectivamente.
La falta de observancia y mesura en los presupuestos implica un problema de prioridades y de falta de contrapesos democráticos, recalcó Toussaint. Para el analista político, “tenemos presupuestos destrozados y sin controles”.
Por ello dijo que, más allá de lo que puedan hacer las autoridades mexicanas, “quien debería de jugar un papel clave son los medios de comunicación, fiscalizando lo que hacen los políticos con ese dinero; y segundo, la oposición. Si tuviéramos una democracia de calidad, en México sería muy difícil que un gobierno que ha gastado como el de Enrique Peña Nieto pudiera aprobar el presupuesto” sin oposición real.
