Juan de Jesús de 10 años jugaba con una pelota afuera de su casa localizada en las Magdalenas Aldama, Chiapas, en el sureste de México. En ese momento empezó una balacera que terminó por alcanzarlo. Afortunadamente la bala no le pegó directo y “solo” le rebotó en el cachete derecho, por lo que la pudo contar.
Como en su pueblo no hay hospital, lo llevaron a uno de San Juan Chamula, aproximadamente a una hora de ahí, pero no había lugar y lo trasladaron al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal, en donde lo operaron cuando habían pasado más de 24 horas.
Juan de Jesús es otra víctima del conflicto que Las Magdalenas Aldama sostiene por tierras con los pobladores del municipio vecino de Santa Marta Manuel Utrilla, desde 2016 y que en este 2018 tuvo algunos episodios, como la balacera donde resultó herido el niño.
Los habitantes de Santa Marta forzaron con violencia el desplazamiento de varias familias e incluso les quitaron sus parcelas. La violencia ha ido subiendo de tono y cada vez es más común escuchar balazos de armas largas en los alrededores.
Al día siguiente de la balacera donde Juan de Jesús resultó herido, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la cancha de basquetbol municipal para informar sobre lo ocurrido y exigir al gobierno que interviniera y resolviera este conflicto.
Durante la reunión las mujeres se quejaron de no poder usar sus ropas tradicionales -una blusa roja bordada a mano con flores en colores vivos y una falda azul marino con brillos hecha en telar- por temor a que los vecinos las reconocieran como originarias de Las Magdalenas y las atacaran; mientras que los hombres lamentaron no poder regresar a sus tierras a sembrar.
“Alzamos la voz para pedir y exigir al gobernador, ya basta de la promesa y la mentira de una solución favorable. No queremos pleitos, queremos vivir en paz con las comunidades vecinas”, gritó en el micrófono Aurelio Sánchez, representante de los comuneros de Las Magadalenas.
En las montañas de Chenalhó todavía viven dispersas más de mil personas en “casas” hechas solo por ramas, pedazos de plástico negro y un techo de lámina amarrado frágilmente, insuficiente para resguardarlos del frío y la lluvia.
Los más afortunados duermen en tiendas de campaña o pequeños cuartos de madera donados por la organización Cáritas; algunos incluso se refugian en una casa de salud, propiedad de la Secretaría de Salud local, la cual abre las puertas todas las noches para que duerman los niños de las 18 familias que acampan en los terrenos cercanos, pero siempre y cuando les den “para el refresco” a los encargados de atenderla.
Todos carecen de energía eléctrica y drenaje. El agua que les entregan organizaciones cercanas la guardan en un tinaco, que muchas veces es insuficiente para las familias que la necesitan.
Los niños han dejado la escuela porque ésta se encuentra en las tierras en conflicto y sus padres temen que también sean agredidos. Al dejar la escuela han perdido los beneficios del programa Prospera que solo les da los apoyos y las becas económicas a cambio de que los niños estén escolarizados.
Aunque la Secretaría de Gobierno estatal, a través de sus oficinas de Protección Civil, se comprometió a entregar regularmente alimentos a estas familias, por más de un mes no contaron con la leche, el maíz, el arroz y el frijol prometidos.
Las mujeres encargadas de hacer la comida se las arreglan con la poca harina de maíz que les queda para hacer al menos tortillas, y hervir las hierbas que se encuentran en los caminos cercanos. Tampoco han recibido la visita de las Caravanas de la Salud, el único servicio médico que tenían al alcance. Todos los han abandonado.
“El conflicto era porque Chenalhó reclamaba unas tierras y el gobierno no se las reconocía, pero en los hechos, los de Chenalhó terminaron por recuperar esas tierras y a esas comunidades no se les considera”, lamentó Domingo González, vecino de Chalchihuitán.
Roberto Girón Pérez dejó Chiapas para ir a trabajar a una maquiladora de Ciudad Juárez, en donde permaneció por cuatro años. Durante ese tiempo pudo ahorrar para regresar a hacerse de una casa y trabajar las tierras de su padre, dos hectáreas con más de mil matas de café, lo que le daba confianza sobre su futuro y el de sus hijos. Desde hace un año, el 18 de octubre de 2017, tuvo que dejar su casa y sus tierras porque les prendieron fuego. Lo perdió todo.
“Nosotros no vivíamos así, nuestras familias tenían una casa con piso, con block, con sus animalitos. Comíamos nuestro huevito, nuestro frijol frito y tostaditas, hoy ya no. Mis hijos extrañan sus juguetes”, dijo afuera de la improvisada tienda hecha con plásticos en la ladera del monte.
“Ahora hasta pedimos que nos apoyen, necesitamos lonas, porque el plástico se rompe con el viento”, agregó.
Luis Fernando y Ángel tienen casi 2 años, pero por su estatura parecería que tienen menos de un año. Estos gemelos viven desde hace 2017 en una casa improvisada en la montaña de Shishimtontic, una comunidad tzotzil de Chalchihuitán, el segundo municipio más pobre de Chiapas. Mientras Ángel duerme, como hace casi todo el día, su hermano se abraza con ansiedad a su madre, quien no habla español.
Luis Fernando tiene la típica pancita de los niños con desnutrición severa. Se alimenta solo con tortillas, frijoles y las “hierbitas” que encuentran en la zona, y hace meses que no lo ve un médico o una enfermera. A su edad su peso debería de ser de 10 kilos, pero apenas alcanza los 8 kilos y su hermano con trabajo supera los 6 kilos.
“Los doctores supuestamente iban a venir cada semana, pero desde agosto nos dejaron de visitar. Si nos enfermamos, nos arriesgarnos a ir a Chalchihuitán para que nos den pastilla, pero allá muchas veces tampoco hay médico”, contó su tío Roberto, pues sus padres no hablan español.
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El conflicto
La historia comenzó el 18 de octubre de 2017, cuando un grupo de habitantes de Chenalhó saco a balazos a cientos de familias de Chalchihuitán, incendiaron algunas casas, saquearon muchas más y tomaron todas sus tierras. Un líder de los comuneros de Chalhichuitán murió en el enfrentamiento.
Después de meses de negociación y por presiones de los gobiernos municipal y estatal, regresaron alrededor de 4 mil personas a lo que quedaba de sus tierras o sus casas, pero con miedo.
“El presidente municipal nos obligó a regresar a nuestra comunidad, nos dijo que si nos quedábamos en el campamento íbamos a estar en peligro, y Protección Civil también, nos dijeron que el problema se iba a calmar, pero no fue cierto. Nos regresamos, pero sigue nuestro sufrimiento, es lo mismo, el problema no ha pasado. Estamos peor porque perdimos nuestros cultivos, nuestros animales domésticos, nos robaron nuestros alimentos, nuestros pollos, los pavos, los puercos; a algunos nos robaron las láminas de las casas, las cosechas de café, acabaron con las matas y con las milpas, se perdió todo”, relató Librado Díaz, uno de los desplazados originales que sí regresó a su casa.
“Estamos muy cambiados, antes estábamos contentos, tranquilos, aunque sufriendo para conseguir alimento y hoy estamos inquietos, pensando en que van a volver a cortar la carretera, en que haya disparos, estamos muy preocupados, nos sentimos en peligro”, recordó.
Los que se quedaron, decidieron seguir en las montañas porque estaban amenazados o porque no había una casa a la cual regresar.
“Yo perdí todo, me quedé sin nada. El presidente municipal nos empezó a insistir en que regresáramos a nuestras tierras, pero no había ya condiciones. Muchos regresaron, pero con miedo y otros no porque estamos amenazados. En los campamentos la vida es difícil porque hay pobreza, enfermedades, dos compañeros se suicidaron con matazacate (un herbicida) porque ven que no hay solución a esto. Al principio no podíamos ni salir para comprar medicamentos porque nos bloquearon la carretera, se escaseó la comida porque no teníamos cómo ir a comprarla. Al municipio no le dolió eso, pero los que sufrimos somos nosotros. Nadie nos atiende”.
“Para los niños es más difícil, mi hijo de 6 años ya tiene un trauma, no puede escuchar un ruido que identifique como disparo porque se asusta, se entristece, le ha cambiado mucho la vida”, se quejó Ausencio Pérez, integrante de la comisión de desplazados que conformaron desde hace un año.
En medio de la zona del conflicto, a un costado de la carretera que divide a los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Gloria Álvarez se arriesga a entrar a su casa, la cual dejó desde el año pasado, cuando un grupo de hombres la sacó a punta de pistola y quemó un par de cuartos.
Cada tres días acude a limpiar la azotea de las hojas que caen de los árboles cercanos y también para verificar que nadie haya ocupado la casa en la que crecieron sus hijos. Después se regresa al campamento. La única habitación de la casa a la que no se ha atrevido a entrar de nuevo es el cuarto de su hijo mayor, en donde todavía se puede encontrar una cama y un escritorio inutilizables, un par de libros de texto gratuitos, otro más de cuentos infantiles, unos discos y juguetes quemados, lo demás son cenizas.
Está cansada de que extraños se acerquen para preguntarle qué fue lo que pasó y tener que explicar por qué en su fachada hay varios balazos, como si se tratara de una atracción turística.
“Todos vienen y preguntan, prometen y prometen, pero seguimos en la misma”, reclamó.
