Las
políticas del Departamento para Niños y Familias del estado de Massachusetts
están bajo la lupa tras la muerte de la pequeña
Por Eliott C. McLaughlin
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| Las declaraciones contradictorias de la madre de la niña y su novio, así como las políticas del DCF, avivan la polémica (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados). |
(CNN México) — Los escalofriantes detalles de la muerte de Bella
Bond, una pequeña de dos años, han surgido poco a poco a lo largo de los cuatro
días que han pasado desde que acusaron a su madre y al novio de ésta por su
asesinato, ocurrido en junio.
La madre, Rachelle Bond, tiene antecedentes de consumo de drogas,
prostitución y algunas órdenes de restricción en su contra. Anteriormente se le
revocó la patria potestad de sus otros dos hijos. Además, el Estado investigó
en dos ocasiones más las acusaciones de maltrato a Bella.
Ahora la familia exige respuestas.
La niña, a la que encontraron dentro de una bolsa en la costa de Deer
Island, en el puerto de Boston, Estados Unidos, fue un misterio durante meses
hasta que Michael Sprinsky, uno de los viejos amigos del novio de la madre,
reveló la identidad de la niña a la que entonces se conocía como Baby
Doe.
Sprinsky dijo que vivió brevemente con la pareja y le consternó cómo le
gritaban a la niña, la menospreciaban, la golpeaban y, en dos ocasiones, la
dejaron encerrada en un armario entre 30 minutos y una hora.
Según relatos de los
policías y los fiscales, Michael McCarthy pensaba que la pequeña
Bella de ojos cafés era un demonio y la mató (probablemente con golpes
repetidos en el estómago, probablemente por asfixia) y Bond le ayudó a
deshacerse del cuerpo. Ambos están acusados de asesinato.
Los abogados de Bond y McCarthy presentaron relatos notoriamente
diferentes: McCarthy afirma que Bond le dijo que Bella estaba bajo custodia del
Estado y que no tuvo razón para dudar de ella hasta que la Policía le informó
que Bella estaba muerta, mientras que Bond afirma que McCarthy mató a la niña y
luego le inyectó heroína y la amenazó con matarla si trataba de contactar a la
Policía.
El reparto de culpas
Aunque es seguro que el jurado se enfrentará a cuestiones difíciles, el
Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) del estado de
Massachusetts enfrenta sus propias cuestiones desconcertantes: ¿sus políticas,
procedimientos o actos pasados en el caso de Bella son los causantes de la
muerte de la niña?
Tomen en cuenta que entre 2006 y 2011, las autoridades de bienestar
infantil revocaron la patria potestad de Bond sobre sus otros dos hijos; uno de
ellos quedó bajo custodia de una de sus abuelas y una familia que no tiene
parentesco con ellos adoptó al otro. Se podría pensar que eso dejaría a Bond en
una suerte de lista negra, pero se dice que las políticas del DCF
no permitían que esos dos casos influyeran de forma alguna en los hijos que
Bond tuviera en el futuro.
Sin embargo, la dependencia recibió reportes de maltrato en el caso de Bella
en 2012 y 2013.
"El DCF determinó que había maltrato", señaló la dependencia
en un comunicado relativo a la denuncia de 2012. "Se brindaron servicios y
a final de cuentas cerramos el caso". También cerraron la denuncia de
2013.
El padre de Bella, Joe Amoroso (quien dejó a Bond cuando estaba
embarazada de Bella y hacía poco había regresado a Boston a asumir sus
responsabilidades paternas), no escatimó palabras para culpar al DCF. Como
sospechaba que Bella la estaba pasando mal, Amoroso llamó a la dependencia con
la esperanza de que sacaran a Bella de su casa. Amoroso dijo que su madre
también llamó a la dependencia.
"Se presentaron denuncias y luego se cerraron. Para mí, gran parte
de la culpa es del DCF", dijo.
Territorio conocido
El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, prometió esta semana
implementar una reforma expedita a la dependencia. Dijo que no se ha
actualizado "el libro básico de jugadas para el bienestar infantil".
El DCF estaba usando un modelo de 12 años de antigüedad; el gobernador dijo que
había recomendado recientemente que se mejorara, según el diarioThe Boston
Herald. Dijo que era prioridad, según el diario, y agregó que su intención
es trabajar con la dependencia, los sindicatos y otras entidades para
rectificar la situación.
"Esto es como la esencia de la forma en la que mantienes a salvo a
los niños. Estamos trabajando en eso, pero necesitamos movernos rápido",
dijo.
El caso de Bella no es el primero en el que las políticas del DCF han
quedado bajo la lupa y tampoco es la primera vez que Baker aborda el tema de
las políticas. En 2013, la entonces comisionada del DCF, Olga Roche, despidió a
dos empleados que no llevaron a cabo las inspecciones mensuales a la familia de
Jeremiah Oliver, un niño de cinco años que estuvo desaparecido durante cinco
meses antes de que se alertara a la Policía de su desaparición.
"Este es un caso sumamente preocupante de maltrato y abuso",
dijo Roche a CNN en ese entonces.
El cuerpo del niño, que estaba envuelto en una manta y metido en una
bolsa, se encontró al lado de una autopista en abril de 2014. Ese mismo año, un
comité de acción política que respaldaba a Baker culpó a su oponente demócrata
a la gubernatura, la entonces fiscal general Martha Coakley, de los problemas
bien conocidos del DCF, según reportes de la televisora WGBH, filial de CNN.
Coakley se mostró indignada por las acusaciones.
En agosto de este año, Baker volvió a denunciar los procedimientos del
DCF y dijo que le preocupaba que muchos trabajadores sociales hubieran dejado
que el caso de Jack Loiselle pasara desapercibido. El niño de siete años quedó
en coma luego de que su padre presuntamente lo aislara, lo que le causó
inanición y deshidratación, según la televisora WFXT, filial de CNN.
"Desde el día en que empezó este caso dije que me preocupaba la
cantidad de personas que estaban atentas a este niño y cómo pasó todo
esto", dijo Baker a la televisora en agosto.
¿Políticas o selección?
Linda Spears, comisionada del DCF, se reuniría con otras agencias el
martes 22 de septiembre para hablar de los cambios en las políticas, según
reportes de WFXT.
"Las investigaciones de las tragedias recientes revelaron problemas
sistémicos en el departamento y la administración de Baker está tomando medidas
para mejorar los procedimientos de admisión, para aumentar la cantidad de
personal y abordar otras reformas al funcionamiento del departamento",
según un comunicado del DFC que se proporcionó a la televisora.
Sin embargo, Peter McKinnon, presidente del sindicato de trabajadores
del DCF, dijo a WFXT que los trabajadores sociales soportan cargas de trabajo
excesivas, por lo que se ven en la necesidad de seleccionar los casos más
urgentes y no atienden a los niños necesitados. Parte del problema es que las
políticas exigen que los trabajadores sociales mantengan unidas a las familias
aunque esto pueda poner en riesgo la seguridad del niño, dijo a la emisora.
"Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para elegir los casos y
las familias adecuados para investigar y esperas no haber pasado nada por alto…
La seguridad de los niños no siempre fue lo más importante ni lo principal en
la mente de cada trabajador. Las políticas dictaron que miráramos los casos de
forma diferente", dijo a la emisora. "Necesitamos volver a mirar cada
caso desde una perspectiva protectora".
No se sabe en dónde acabará la cosa y tampoco parece que el dinero sea
el problema, dijo Robert DeLeo, asambleísta estatal de Massachusetts, a WCVB, filial
de CNN. Baker aumentó el presupuesto del DCF para 2015 a 35.5 millones de
dólares (unos 603 millones de pesos), según la emisora.
"Mucha gente dice que si dejas pasar 24 horas cuando tienes un
problema, al día siguiente tal vez estés tranquilo. Tal vez algo te moleste
menos que antes", dijo DeLeo. "En mi opinión, este no es uno de esos
casos, francamente".
