Diputados
locales del PAN y PRI critican que se legisle por coyuntura y presiones
externas
De la redacción, Enrique Sánchez y Cintya Contreras / Foto:
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de diciembre.-
Legisladores del PRD y familiares de las 14 personas detenidas por los
disturbios que se realizaron el día de la toma de posesión del presidente
Enrique Peña Nieto pagaron la fianza para que éstos recobraran la libertad.
Los 14 jóvenes que abandonaron anoche la prisión se vieron beneficiados con
una modificación fast track que hizo la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, el pasado miércoles, al artículo 362 del Código Penal en
materia de ataques a la paz pública, que redujo las penas, y que ayer fue
publicada en la Gaceta Oficial.
Dinorah Pizano y Antonio Padierna, diputados locales del PRD y cercanos a
René Bejarano, promovieron la defensa de los 14 detenidos e impulsaron las
polémicas reformas para atenuar el castigo del artículo 362.
Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, legisladores federales
perredistas, pagaron alrededor de 140 mil pesos, para garantizar que los
jóvenes lleven a cabo su proceso penal en libertad.
A la par, diputados locales del PAN y PRI acusaron que se incumplió con el
proceso legislativo y que la reforma obedeció a la coyuntura y a presiones.
Por su parte, los comercios afectados en los disturbios del 1 de diciembre
han tenido que asumir la reparación de los daños, sin el apoyo de las
autoridades.
1 de diciembre queda impune tras reforma
Dos diputados federales del ala radical del PRD pagaron parte de la fianza
de los 14 detenidos por los disturbios del pasado 1 de diciembre, luego de que
la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la reforma al artículo 362 de
ataques a la paz pública con lo que abrió la vía para sacarlos de prisión ayer
mismo a todos.
Después de que la jueza 47 penal Patricia Mora Brito, con sede en el
Reclusorio Norte, fijara una fianza de
40 mil pesos a cada uno de los 14
detenidos, los diputados federales perredistas Roberto López Suárez y José Luis
Muñoz Soria pagaron alrededor de 140 mil pesos para garantizar que los 14 consignados,
entre ellos una mujer, lleven a cabo su proceso penal en libertad, aunque quedó
pendiente el resto de la fianza de cada uno de los inculpados.
Salen libres
Amigos y familiares recibieron a los 14 detenidos por los disturbios del 1
de diciembre luego de ser liberados durante la noche, 13 de ellos del
Reclusorio Norte y una mujer de Santa Martha Acatitla.
A las 10:30 de la noche abandonó el Reclusorio norte el último de los
detenidos, mientras el abogado Rita
Neri publicó por medio de Twitter una foto
de la mujer fuera del penal.
Alrededor de las 19:30 horas de ayer salió del Reclusorio Preventivo Varonil
Norte el primero de los 14 consignados. Fue Bryan Reyes Rodríguez, de 26 años,
y estudiante de la Escuela Nacional de Música.
Sobre él pesaba no sólo los delitos
de ataques a la paz pública, sino también el de daños a la propiedad privada.
Era el único en esa situación jurídica y por el que se pagaron alrededor de
44 mil pesos como fianza, aunque la jueza había fijado una caución de casi 70
mil pesos.
A la salida de Bryan Reyes, representantes de los medios de comunicación
fueron agredidos por parte de sus familiares y de sus amigos —algunos
encapuchados— que ya lo esperaban afuera del Reclusorio Norte.
“La cárcel me quitó muchas cosas, pero me regaló a mí mismo. Tuve mucho
tiempo para pensar y para darme cuenta de muchas cosas acerca de mi vida, y
aprendí muchísimo; me siento llenísimo de haber estado en ese lugar porque
aprendí que hay muchas cosas todavía por qué luchar”, dijo en sus primeras
declaraciones Bryan Reyes.
A los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que
pagaron parte de la fianza para liberar a quienes presuntamente participaron en
los disturbios del 1 de diciembre se les ha ubicado dentro del ala radical del
perredismo e incluso han participado en toma de tribunas.
Sin embargo, los legisladores han tenido una participación activa durante el
primer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.
López Suárez ha presentado cinco iniciativas y una proposición. Pertenece,
entre otras, a la comisión para la revisión del funcionamiento de la Comisión
Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. (Cámara
de Diputados).
En 2002 fungió como subdirector de Mercados y Vía Pública de la delegación
Cuauhtémoc. Es fundador y miembro de Izquierda Socialista, corriente del PRD y
hoy es integrante de la Comisión de Candidaturas del Consejo Estatal del PRD en
el DF.
José Luis Muñoz Soria ha presentado 11 iniciativas y cinco proposiciones.
Fue jefe delegacional de Cuauhtémoc (2006-2009) y actualmente es integrante de
la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la
Cámara de Diputados.
Este diario buscó a ambos diputados para que dieran su versión sobre el pago
de la fianza para liberar a los 14 consignados tras el 1 de diciembre.
PRI y PAN acusan presiones en dictamen
De acuerdo con diputados del PRI y PAN, el proceso mediante el cual se
reformó el artículo 362 de Código Penal del DF para reducir las penas a
aquellas personas que atenten contra la paz pública presentó irregularidades.
La modificación respondió a un tema coyuntural y presiones externas, y no a
un análisis profundo.
Aunque los asambleístas reconocieron que la reforma era necesaria, señalaron
que se incumplió con el proceso legislativo en comisiones y la dictaminación de
esta iniciativa presentada por los perredistas Dinorah Pizano y Antonio
Padierna se hizo de manera “exprés” y sin convocar a todos los integrantes.
Desde el encarcelamiento de 70 personas —una semana después fueron liberados
56—, sus familiares presionaron a las autoridades para que los excarcelaran.
Dinorah y Pizano y Antonio Padierna, diputados locales del PRD y muy
cercanos a la corriente IDN, que lidera René Bejarano, promovieron la defensa
de los 14 que quedaron detenidos e impulsaron la polémica reforma al artículo
362 del Código Penal del DF, que implica la reducción de la pena por el delito
de ataques a la paz pública.
Con esta reforma, como lo publicó ayer Excélsior, se dejó de considerar ese
delito como grave y, con ello cualquier acusado puede alcanzar el derecho a
fianza para seguir su proceso en libertad.
Por ello, debido a que el proceso fue cuestionable algunos así decidieron
abstenerse en la votación, aunque el priista Fernando Espino fue el único que
voto en contra.
“No podemos legislar al vapor. Estoy de acuerdo en que la pena era muy alta,
pero no podemos legislar a favor de un grupo, porque entonces los vamos a
acostumbrar a legislar por legislar”, dijo el diputado Gabriel Gómez del Campo,
uno de los seis legisladores que no votaron. Agregó que una reforma no puede
realizarse con base en un asunto en particular como fue el caso de los 14
detenidos del 1 de diciembre.
Otros legisladores que se abstuvieron fueron los priistas Tonatiuh González
y Fernando Mercado, pues también consideraron que no se cumplió con el
procedimiento legislativo.
Indicaron que Antonio Padierna, presidente de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, que dictaminó la iniciativa que él presentó junto
con Dinorah Pizano, no convocó a todos los integrantes de la misma a la reunión
donde se avaló el dictamen que se subió al pleno de la ALDF.
Denunciaron que el dictamen demoró dos días en ser presentado y avalado, lo
cual, dijeron, resulta “histórico”. Esta iniciativa perredista surgió al día
siguiente de una reunión con padres de familia de los detenidos, quienes presentaron
por escrito la solicitud de derogar el artículo 362. En tanto, Antonio Padierna
negó que hayan respondido a intereses de terceros, y junto con Oliva Garza
explicó que la reforma que se publicó en la Gaceta Oficial sí es
retroactiva debido a que es en beneficio de un acusado al que no se ha
sentenciado.
Por su parte, José Luis Caballero, especialista en derecho y defensor de
derechos humanos, dijo que la reforma al artículo 362 se apega a los tratados
internacionales de derechos humanos.
Consideró favorable la reducción de la penas. “Muchas veces ese delito
(ataques a la paz pública) era utilizado con fines políticos, incluso en
algunos casos es necesario valorar la derogación”, señaló el experto.
“No hay línea de represión”
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se
manifestó respetuoso de la decisión que tomó la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) de modificar el artículo 362 del Código Penal para
disminuir la sanción del delito de perturbación de la paz social (o
ataques a la paz pública) y en ese tenor es que instruyó a publicar la reforma
en la Gaceta Oficial.
En entrevista, Mancera dijo que tras un análisis jurídico a la determinación
de los legisladores se estableció que la nueva redacción del artículo cuestionado
se mantiene en concordancia con la política que se ha
seguido en el DF de
salvaguardar los derechos humanos de las personas.
“Ha sido analizado por el área jurídica, y el Gobierno del Distrito Federal,
lo reitero, no tiene ninguna línea de represión, pero siempre estaremos atentos
a salvaguardar a las personas que estén en este territorio”, dijo.
Respecto a la aprobación fast track de esta reforma y a la
“dedicatoria” que llevó para beneficiar a los 14 detenidos por los disturbios
del 1 de diciembre, lo que podría dejar en la indefensión a la Ciudad de México
frente a otro hecho similar, el jefe de Gobierno reiteró que su administración
tendrá como compromiso velar por la seguridad pública al tiempo de proteger los
derechos humanos.
“Escuché las posturas de las fracciones, tanto de PAN, como de PRD y del
PRI, y lo que se advierte es una línea ya de conclusión en el debate. Así que
el Gobierno del Distrito Federal de ninguna manera podrá ser tachado como
represor. Sólo estamos para cumplir con el mandato que es muy claro de la
seguridad pública”, subrayó.
Mancera señaló que la Procuraduría General de Justicia del DF continúa sus
investigaciones para detener a otros sujetos que hubieran participado en
vandalismo el 1 de diciembre y de lo cual se tengan pruebas claras.
“He pedido a la Procuraduría que haya evidencias sólidas, entonces, muy
seguramente en eso se está trabajando”, sostuvo.
Liberación divide al TSJDF
La reforma al artículo 362 que establece los delitos a la paz pública causó
opiniones divididas entre jueces y magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Fuentes del TSJDF consultadas por Excélsior, y que pidieron el anonimato,
dijeron que no existe una “corriente” uniforme sobre las modificaciones que
reducen las penas por este delito antes considerado como grave.
Hay opiniones encontradas (entre jueces y magistrados), a favor y en contra.
Se otorgarán esos beneficios siempre y cuando se fije una fianza y se garantice
la reparación del daño, como en el caso de Bryan Reyes, acusado por el delito
de daño en propiedad y que deberá pagar la fianza como reparación del daño,
comentaron los entrevistados.
Al ser cuestionados si con esos beneficios otros detenidos por delitos a la
paz pública deben alcanzar los mismos beneficios, como el caso de reguetoneros
que en julio cometieron violencia en el Metro y se les acusó por ataques a la
paz pública y destrucción de propiedad privada.
También se mencionó el caso de la trifulca en Tepito, también en
julio, donde el Juzgado 32 de lo Penal, en el Reclusorio Sur, dictó auto de
formal prisión a 20 detenidos por los delitos de ataques a la paz pública tras
un operativo para recuperar mercancía robada, lo que motivó saqueos, asaltos a
peatones y automovilistas.
Los entrevistados aseguraron que esos procesados
deben alcanzar los mismos beneficios.
Dijeron que debe aplicarse el criterio retroactivo para quienes estén
detenidos por los mismos delitos apegándose al principio “pro homine,
que implica que la interpretación jurídica debe buscar el mayor beneficio para
el ser humano”.
Liberado, allegado de AMLO
Las 14 personas alcanzan libertad bajo fianza por ataque a la paz pública:
A disposición del juez 11 penal Eduardo Mata Carrillo estaba en el penal
femenil de Santa Martha Acatitla:
Rita Emilia Nery Moctezuma, de 22 años. Estudiante de enfermería en la FES
Iztacala. Junto con su novio
David Obed Palagot caminaba por la calle Filomeno
Mata, en el Centro Histórico, el 1 de diciembre, y ambos fueron detenidos por
la SSP-DF.
A disposición de la jueza 47 penal María del Carmen Patricia Mora Brito, con
sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, permanecían:
David Obed Palagot Echavarría, 23 años, estudiante de la FES Iztacala.
César Llaguno Romero, de 22 años. Lustrador de calzado de la zona de Bellas
Artes. De acuerdo con información publicada en una página de internet, el
bolero fue despojado de su cajón de trabajo y “alguien” lo arrojó a un
establecimiento comercial para romper un ventanal. Cuando César se acercó a
recuperar sus enseres fue detenido por policías.
Enrique Rosales Rojas, de 50 años. Es maestro de primaria y se encontraba en
la zona porque llevó a reparar su teléfono celular a Eje Central.
Stylianos García Vackimes, 30 años.
Alejandro Lugo, de 34 años. Es mecánico automotriz.
Jorge Dionisio Barrera Jiménez, 35 años. Es padre de familia. El 1 de
diciembre salió a comprar zapatos para su hija e iba caminando con su familia
por Eje Central Lázaro Cárdenas y fue detenido al reclamar a un grupo de
policías que sometían con violencia a un joven.
Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, de 19 años de edad.
Sandino Jaramillo Rojas, de 30 años.
Roberto Fabián Duarte García, de 38 años.
Eduardo Daniel Columna Muñiz, de 19 años.
Daniel García Vázquez, de 24 años.
Carlo Miguel Ángel García Rojas, de 30 años.
Bryan Reyes Rodríguez, de 26 años. Es estudiante de la Escuela Nacional de
Música. Fue detenido por policías cuando caminaba por calles del Centro
Histórico. Por él pedían una fianza de 70 mil pesos.
Se les dictó auto de formal prisión, sin derecho a libertad bajo fianza,
como presuntos responsables del delito de ataques a la paz pública en pandilla,
acción considerada grave hasta el pasado 25 de diciembre, porque el 26 la ALDF
rebajó la pena y con ello se puede pagar una fianza para librar la cárcel, lo
que beneficiará a otros detenidos por otros casos en la Ciudad de México, como
los reguetoneros o los consignados por violentos disturbios cometidos en calles
de Tepito durante un operativo policiaco para recuperar mercancía robada.
Asumen pago por destrozos
Los comercios, hoteles y restaurantes afectados por los actos vandálicos del
1 de diciembre han tenido que arreglar, tramitar o asumir de manera individual,
y sin el apoyo de las autoridades capitalinas, la reparación de los daños
contra sus establecimientos.
Aunque el día de los hechos la pasada administración del GDF anunció que
apoyarían a los afectados y la Secretaría de Turismo garantizó el
acompañamiento a los afectados hasta el final, dejaron en manos de la
Secretaría de Gobierno la negociación que consistió únicamente en agilizar los
trámites con las aseguradoras.
Nathan Poplawsky, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México, explicó que en el caso de los hoteles afectados, uno de éstos está
justo a un costado de la Alameda Central, cada uno se encargó de denunciar los
daños y exigir la reparación de éstos.
“La Asociación de Hoteles intervino hasta ese momento, en el que se hizo la
negociación con el gobierno, para que se atendieran las necesidades de estos
hoteleros, y ya lo que siguió fue una negociación individual entre cada uno de
los negocios”, explicó.
Indicó que el mismo mecanismo de defensa individual frente a las
aseguradoras correspondientes fue establecido para restaurantes, comercios,
bancos y todos los demás negocios.
En el caso de los comercios afectados, la Cámara de Comercio de la Ciudad de
México estimó que los daños, principalmente tiendas y restaurantes, fueron de
28 millones de pesos, en tanto que las pérdidas por ventas no realizadas el 1
de diciembre rebasó los 950 millones de pesos.
Con este escenario, la inversión de más de 245 millones de pesos en el
corredor Alameda Central de poco ha servido al GDF para lograr reactivarla
económicamente ya que el desamparo en que quedaron los comercios afectados,
ahuyentaron la posible instalación de nuevos espacios comerciales.
En la administración pasada, la Secretaría de Desarrollo Económico del DF
(Sedeco) promovió entre inversionistas extranjeros el corredor Alameda Central,
ofertándolo como uno de los sitios con afluencia de más de 12 mil personas
diarias tanto de turistas como de residentes. Sin embargo, en las últimas
semanas, lejos de aperturas de nuevos negocios, han habido cierres de varios,
incluyendo espacios de servicios como las oficinas de la Comisión Federal de
Electricidad.
Dos días después de los hechos vandálicos, los titulares de Seduvi y Turismo
en la administración pasada llevaron a operadores de viajes, restauranteros y
hoteleros a recorrer la nueva Alameda asegurando que el entorno creado con la
rehabilitación potencializaría el éxito de nuevas inversiones.
