La compra de la planta de Agronitrogenados y la de Grupo Fertinal, en la mira de la Secretaría de la Función Pública.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de responsabilidades a servidores públicos de Petróleos Mexicanos, por presuntas irregularidades en operaciones de compra y venta, ocurridas durante la administración de Emilio Lozoya, responsable de uno de los fracasos más costosos que ha enfrentado la paraestatal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tras adquirir Agro Nitrogenados.
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la compra de la planta de Agronitrogenados, en diciembre del 2013, elevó sus costos exponencialmente, llevándola de un gasto inicial de 275 millones de dólares a más de 700 millones de dólares debido a que la mayor parte de la planta no servía.
Aún en la administración de Lozoya, se concretó la compra de Grupo Fertinal, por 255 millones de dólares.
Por este último caso, la SFP “inició el procedimiento de responsabilidades a un ex servidor público de la empresa productiva del Estado, que participó en la adquisición presuntamente irregular de una planta de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., en el año 2015.
“La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de información de otras fuentes.
“El presunto responsable fue citado a procedimiento, mediante emplazamiento a la audiencia de ley, en el que le harán saber las conductas que se le imputan y, en defensa de sus derechos constitucionales, le darán el debido acceso a su legítima defensa.
En el otro caso, la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, “inició procedimiento administrativo disciplinario a servidores públicos que presuntamente generaron un daño a Pemex, en relación con la compra de activos de la planta Agro Nitrogenados.
“El procedimiento deriva de la investigación que la Unidad inició, en noviembre de 2016, derivada de denuncias ciudadanas, de los medios de comunicación, así como de determinaciones de la ASF y del Congreso de la Unión.
“En diciembre de 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por un precio de 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México. Adicionalmente, la empresa productiva del Estado ha invertido más de 480 millones de dólares en la rehabilitación de la planta”, anotó.
“Los procedimientos iniciados continuarán, a fin de deslindar responsabilidades y determinar los perjuicios que estas operaciones han causado a Pemex Fertilizantes, empresa productiva subsidiaria del Estado, y a Petróleos Mexicanos”, finalizó la SFP
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