El
año pasado, 24 estados concretaron 56 préstamos; en municipios, destacan casos
de Cuernavaca y Acapulco
CIUDAD
DE MÉXICO, 17 de enero.- El PAN presentó en la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa en la que se pide incluir
en el Código Penal Federal a los gobernadores y alcaldes para que sean
castigados hasta con 12 años de cárcel y hasta con 12 años de inhabilitación en
caso de que endeuden de manera irresponsable sus estados y municipios.
En el proyecto presentado por la senadora Mariana Gómez del Campo se
documenta que durante el año pasado 24 entidades federativas del país
gestionaron y obtuvieron 56 préstamos.
Destaca el caso de Quintana Roo, que pidió diez préstamos en ocho meses; en
municipios, el proyecto menciona a Acapulco y Cuernavaca, que dijeron estar en
el Buró de Crédito.
En tanto, en Puebla, en el marco de la construcción de su agenda
legislativa, el senador panista Ernesto Cordero afirmó que la reforma fiscal
debe implicar meter en orden las finanzas de los gobiernos locales que no
recaudan nada, están sobre endeudados y son un riesgo en el país.
Por el contrario, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis
Téllez, aseguró que no es un problema generalizado los gobiernos locales que no
pueden cumplir con sus compromisos, por lo que descartó que provoquen una
crisis.
Michoacán, caso aparte, descartó solicitar un rescate de la Federación al
informar ayer que es estable su situación.
Piden cárcel si estados se sobregiran
El PAN plantea penas de hasta 12 años de prisión para funcionarios que
endeuden a gobiernos sin justificación.
Castigos de carácter penal propuso el PAN en el Congreso para los
funcionarios que endeuden de manera irresponsable a estados y municipios, al
advertir que el problema involucró en 2012 a 24 entidades, cuyos gobiernos
locales gestionaron en suma 56 préstamos, mismos que fueron concretados.
Para tal efecto, se busca que en el artículo 122 del Código Penal Federal,
denominado “Del uso indebido de atribuciones y facultades”, se incluya a los
alcaldes como sujetos de acción punitiva.
La redacción plantea que los presidentes municipales que incurran en
endeudamientos al margen de los parámetros financieros deseables “serán
sancionados con pena de seis meses a doce años de prisión, de cien a
trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de seis meses a doce
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Se trata de sanciones que actualmente ya se prevén en el artículo 217
de dicho código. Con estas modificaciones, el PAN pretende combatir el problema
del sobreendeudamiento con la penalización del mismo, mediante la tipificación
de esa conducta.
Acción Nacional presentó ayer esta propuesta con la expectativa de que
“ningún funcionario público de cualquier orden de gobierno pueda sobreendeudar
a sus entidades u organismos irresponsablemente, sin asumir consecuencias de
derecho que resulten ejemplares e inhibitorias”.
En la propuesta se argumenta que el país requiere evitar que los estados,
los municipios y la Federación “se endeuden en cuestiones que no generen
desarrollo sustentable”, una práctica que se ha traducido “en pasivos
insostenibles e injustos para las siguientes generaciones”.
La senadora Mariana Gómez del Campo presentó ayer en la sesión de la Comisión
Permanente la iniciativa, bajo el reconocimiento de que las medidas de carácter
fiscal resultan insuficientes para evitar y limitar el sobreendeudamiento
público de los estados y municipios.
Acción Nacional se pronunció por establecer “disposiciones punitivas de
carácter penal que busquen inhibir y castigar severamente estas prácticas” por
parte de quienes tienen a su cargo la utilización del erario.
Estado por estado
En el proyecto se reveló que el año pasado el mayor número de préstamos se
presentó en Quintana Roo y Veracruz, “pero las deudas más escandalosas fueron
las adquiridas por los estados de Chiapas y Coahuila”.
Y se ofrecen detalles: Quintana Roo pidió 10 préstamos en ocho meses;
Veracruz formuló ocho en menos de un semestre, y Nayarit pactó cinco deudas en
seis meses.
Baja California, Nuevo León y Oaxaca gestionaron cuatro préstamos
respectivamente; Chihuahua y Sonora concretaron tres; Hidalgo y Jalisco,
Sinaloa, Estado de México, Campeche y Tabasco obtuvieron dos cada uno.
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Michoacán,
Morelos, Puebla, Zacatecas gestionaron respectivamente uno cada uno.
Se destaca en la iniciativa el caso de Coahuila, ventilado en 2011, cuando
se reveló que la administración de Humberto Moreira había incrementado la
deuda de 350 millones de pesos a más 33 mil millones.
Apenas este primer mes del año, se enfatiza en la propuesta, el Congreso
estatal autorizó al gobierno de Rubén Moreira una deuda de 950 millones de
pesos para proyectos de infraestructura.
En cuanto a Chiapas, se puntualiza que en octubre de 2012, el Congreso local
autorizó al gobernador saliente, Juan Sabines, un préstamo de 3 mil 870
millones de pesos, que sumados a los 26 mil 972 millones de pesos de deuda
vigente y a un déficit de casi 10 mil millones de pesos, arrojan un pasivo
total de casi 40 mil millones de pesos.
Mientras en Michoacán, el gobierno del priista Fausto Vallejo denunció que
su antecesor, Leonel Godoy, había dejado una deuda de 38 mil millones de pesos.
Sin embargo, el ex gobernador perredista había dicho que ese monto era de
alrededore de 15 mil millones de pesos.
Se reseña la situación de Tabasco, donde a 48 días de dejar el cargo, el
gobernador Andrés Granier envió al Congreso local una solicitud de préstamo por
4 mil 130 millones de pesos, con lo que la deuda del estado supera los 10 mil
millones de pesos.
Alcaldía por alcaldía
En cuanto a municipios, se plantean los expedientes de Cuernavaca y
Acapulco.
De la capital morelense destaca que se presentó un embargo en agosto pasado
por un adeudo de 152 millones de pesos a una empresa de recolección de basura.
“Esto sólo es parte de un adeudo de más de mil millones de pesos que dejó el
edil priista de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós”.
Respecto a Acapulco, se recuerda que recientemente el alcalde Luis Walton
acusó a su antecesor Manuel Añorve de dejar quebrado financieramente al
municipio por más de 2 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de
400% en dos años. Se precisa que, de acuerdo con Añorve, la deuda que
heredó era cercana a los 816 millones de pesos.
En la iniciativa se retoman las propuestas que el PAN ha presentado en la
actual Legislatura para que en la ley se establezca que las deudas deberán
cubrir diversos criterios financieros, montos y condiciones.
“Es importante que en esta reforma propuesta se observe el principio de
equilibrio presupuestal, precisar que la deuda anual no exceda 0.5 por ciento
del producto interno bruto estatal o municipal”.
También “que el total de los pasivos acumulados no rebase 7 por ciento de
los ingresos locales y que las garantías se otorguen única y exclusivamente con
recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las
participaciones que reciben de la federación”, se enumeró en la propuesta.
Atan reforma hacendaria a saneamiento estatal
Urgen a fortalecer la recaudación local.
La reforma hacendaria que necesita México pasa necesaria y forzosamente por
meter al orden las finanzas de los estados y municipios, pues hay gobiernos
locales que no recaudan nada, están sobreendeudados y “gastan de más”, advirtió
el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo y resaltó la necesidad de
fortalecer la capacidad recaudatoria de estas entidades.
“Es el primer paso. El problema estructural de México está en las finanzas
públicas de los estados: recaudan muy poco, gastan de más, se sobreendeudan y
bueno, ese problema lo estamos viviendo en muchos estados del país. Entonces,
cualquier reforma hacendaria tiene que pasar necesariamente por redefinir las
finanzas públicas estatales”.
Al hablar con los medios de comunicación, luego de correr tres kilómetros en
el Ecoparque Metropolitano de la capital poblana, el también coordinador de la
bancada panista en la Cámara Alta, sostuvo que en el caso de algún ajuste o no
al IVA y otros impuestos, le tocará a la administración de Enrique Peña Nieto
definir sus estrategias de gasto y determinar, en consecuencia, si requieren o
no más impuestos.
“Ellos saben —anotaría— de qué tamaño son las necesidades para financiar su
gasto; el gobierno tiene sus prioridades, habrá que esperar si ellos requieren
más recursos”.
Minutos antes de iniciar los trabajos de la reunión plenaria de los
senadores de Acción Nacional, para definir la agenda legislativa de frente al
próximo periodo ordinario de sesiones, Cordero Arroyo sostuvo que correr es
parte de su vida: “Corro desde chico, siempre para adelante; para atrás no,
porque luego uno se tropieza. Y no”, aunque admitió que este ejercicio es como
la vida política “en donde hay altas y bajas”.
Insistido sobre los puntos a considerar dentro de una reforma hacendaria,
dentro del Pacto por México; quien fuera secretario de Hacienda apuntó que si
se hace un diagnóstico certero de la situación hacendaria del país “nos daremos
cuenta que la debilidad está no en los impuestos federales, que por supuesto
que pueden ser mejores y se puede mejorar la situación, todo se puede hacer
mejor, pero la gran debilidad estructural de las finanzas públicas en México
está en las finanzas de los estados y los municipios que no recaudan casi
nada”.
En esta cumbre privada participará el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, de quién se espera, anticipó Cordero, les revele el análisis
de la situación económica nacional y global, así como los riesgos y virtudes
que encarará nuestra nación en los próximos meses.
Al final, Cordero Arroyo apuntó que aunque “de buena fe” algunas voces han
hecho expresiones incorrectas en el sentido de que todo funciona bien a partir
del primero de diciembre pasado, cuando la economía, la infraestructura, la
salud y la educación entre otros rubros se han fortalecido en los últimos doce
años, de las administraciones panistas.
Crítica
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) criticó la deuda de
estados y alcaldías.
Dijo que en cuanto a los débitos locales en muchos casos los recursos no se
invirtieron en conceptos que corresponden a las funciones que les son propias,
sino que se dilapidaron en gastos de dudoso destino.
El IMCP propuso el establecimiento de límites de endeudamiento en los
estados y municipios, con la implementación de las reglas en materia de
contabilidad gubernamental para frenar este problema en las entidades.
Téllez descarta una crisis por pasivos de entidades
Los problemas de endeudamiento que enfrentan varias entidades no generarán
una crisis financiera; además los estados que han emitido deuda en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) no tienen problemas para cumplir con sus pagos,
afirmó Luis Téllez Kuenzler, presidente de la institución.
De acuerdo con Téllez, las entidades con problemas financieros son un número
pequeño, por lo que no se trata de un problema generalizado: “No va a generar
una crisis financiera ni mucho menos, es un problema muy localizado”.
Por otro lado, en conferencia de prensa, el ejecutivo explicó también que
“de todos los estados que han emitido en la Bolsa las condiciones de emisión
son tales que no tienen problemas los tenedores de bonos de que se cumpla con
las condiciones establecidas en los contratos, porque tienen garantías de
distintos tipos, tienen flujos garantizados”, dijo al respecto del
endeudamiento de las entidades.
Detalló que si algún municipio o estado tiene algún problema no puede emitir
deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, pues la institución busca que sus
emisores cumplan con sus compromisos financieros.
Al respecto de los estados y municipios, cuyo manejo de pasivos se ha
complicado, mencionó que se trata de entidades que principalmente adquirieron
deuda bancaria.
“Es muy distinto dar un crédito a través de la banca, que tener una
colocación de un bono que tiene ciertos activos o tiene ciertas garantías”,
expuso Téllez.
De acuerdo con el directivo “los estados que emitieron en la Bolsa tuvieron
que cumplir con ciertas características en términos de las garantías, que son
muy sólidas y que no representan un peligro de pérdida para los tenedores de
bonos”.
