Ya hay dictamen de la 2011 pero se ignora
qué pasó con exautoridades que incurrieron en desfalcos
Córdoba, Ver.- La Comisión de Auditoría de la Legislatura local se niega a revelar los casos de exalcaldes que comprobaron o no las millonarias irregularidades detectadas de las cuentas públicas 2009 y 2010, en tanto que desde la detención de exediles en el 2010, ya nada ha pasado contra quienes afectaron el erario público.
Córdoba, Ver.- La Comisión de Auditoría de la Legislatura local se niega a revelar los casos de exalcaldes que comprobaron o no las millonarias irregularidades detectadas de las cuentas públicas 2009 y 2010, en tanto que desde la detención de exediles en el 2010, ya nada ha pasado contra quienes afectaron el erario público.
Juan Carlos Castro Pérez, diputado local de
Acción Nacional, indicó que no hay transparencia en el tema de las Cuentas
Públicas de los Ayuntamientos, pues se van acumulando los casos sin aclarar
como Córdoba, donde hubo desvíos por más de 100 millones de pesos tan sólo de
2010.
“De la cuenta pública de 2010, se fijaron irregularidades por monto superior a
los 600 millones de pesos, ahora se suma un nuevo dictamen del 2011, del que se
hablan 800 millones de pesos más, por lo cual se exige total transparencia”,
expresó Juan Carlos Castro Pérez, diputado local.
Informó que a unas semanas de que la Legislatura local deberá analizar para aprobar o rechazar las cuentas públicas del 2011 correspondiente a los 212 Ayuntamientos, hasta el momento la Comisión de Vigilancia no ha turnado a los grupos parlamentarios el dictamen enviado por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis).
La lamentó que la opacidad en la Legislatura mantenga desinformados a los legisladores sobre la situación que guardan los 212 Ayuntamientos con relación al daño patrimonial generado en los pasados trienios municipales.
“En su momento, la Procuraduría inició acciones con el machete desenvainado, detuvieron a exalcaldes, extesoreros y otros exediles de la Comisión de Hacienda, por irregularidades durante 2007 y 2008, pero en lo referente al 2009 y 2010, simplemente han guardado total hermetismo”, enfatizó.
Del 2010, recordó, se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia porque daba cuenta de irregularidades por más de 600 millones de pesos, sin embargo, es lamentable que después de un año, se ignore qué pasó con los responsables de esas situaciones.
El proceso de solventación de irregularidades se presta a la “suspicacia”, pues no es posible que después de un año, no se haya informado qué exautoridades deberán comparecer ante la Procuraduría por el daño patrimonial causado, en muchos casos a simple vista como ocurrió en Córdoba.
“Se supone que ya hay un informe del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) turnado a la Comisión de Vigilancia del Congreso, sin embargo, éste no lo ha puesto a consideración del resto de los legisladores, entiendo que debe aprobarse antes de que concluya el período legislativo, es decir el 30 de este mes en curso”, indicó.
Informó que a unas semanas de que la Legislatura local deberá analizar para aprobar o rechazar las cuentas públicas del 2011 correspondiente a los 212 Ayuntamientos, hasta el momento la Comisión de Vigilancia no ha turnado a los grupos parlamentarios el dictamen enviado por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis).
La lamentó que la opacidad en la Legislatura mantenga desinformados a los legisladores sobre la situación que guardan los 212 Ayuntamientos con relación al daño patrimonial generado en los pasados trienios municipales.
“En su momento, la Procuraduría inició acciones con el machete desenvainado, detuvieron a exalcaldes, extesoreros y otros exediles de la Comisión de Hacienda, por irregularidades durante 2007 y 2008, pero en lo referente al 2009 y 2010, simplemente han guardado total hermetismo”, enfatizó.
Del 2010, recordó, se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia porque daba cuenta de irregularidades por más de 600 millones de pesos, sin embargo, es lamentable que después de un año, se ignore qué pasó con los responsables de esas situaciones.
El proceso de solventación de irregularidades se presta a la “suspicacia”, pues no es posible que después de un año, no se haya informado qué exautoridades deberán comparecer ante la Procuraduría por el daño patrimonial causado, en muchos casos a simple vista como ocurrió en Córdoba.
“Se supone que ya hay un informe del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) turnado a la Comisión de Vigilancia del Congreso, sin embargo, éste no lo ha puesto a consideración del resto de los legisladores, entiendo que debe aprobarse antes de que concluya el período legislativo, es decir el 30 de este mes en curso”, indicó.
