Al mismo
tiempo que se profundizan las políticas neoliberales que despojan a la
población de las mínimas condiciones de vida digna, se masifica el uso de
estrategias dirigidas a intentar aniquilar e inhibir el derecho humano a la
protesta, sostiene el informe “Defender los Derechos Humanos en México: La
represión Política, una práctica generalizada”, en el que se contempla que en
Veracruz tres defensores de derechos humanos han sido víctimas de violación a
sus derechos, hay cinco casos de detención arbitraria y ha habido una ejecución
extrajudicial.
El
informe realizado por Comité Cerezo, que documenta de junio de 2014 a mayo de
2015, señala que se registraron 330 casos, que constituyen 488 eventos
violatorios de los derechos humanos (agresiones, ataques) que afectaron a 248
personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.
Mientras
que en el periodo que abarcó el informe anterior, junio de 2013 a mayo de 2014,
hubo 204 casos de violaciones a derechos humanos realizadas en contra de
personas defensoras de derechos humanos, lo que implica que se ha presentado un
aumento de 161.7 por ciento con respecto a estas cifras. En cuanto a eventos
violatorios a los derechos humanos (agresiones y ataques) de 274 del periodo
anterior hubo un aumento de 178.1 por ciento. En lo que se refiere a personas
afectadas, recordamos que en el informe anterior se documentaron 133 eventos.
En el
informe de junio 2014 a mayo 2015 esa cifra se incrementó un 186.4 por ciento;
asimismo la cifra de organizaciones que fueron agredidas se mantuvo, mientras
que respecto a las comunidades hubo un aumento de 145.8 por ciento, lo que
representa que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto hay un
incremento en comparación del periodo de Felipe Calderón.
En el
estado de Veracruz se menciona que Ignacio Romero Carrera, del Frente Nacional
de Lucha por el Socialismo (FNLS), en marzo de 2015 sufrió hostigamiento, al
igual José Luis García Tolentino.
En el
caso de detenciones arbitrarias se registraron cinco casos en la entidad
veracruzana: la detención de Zenyazen Escobar García, del Movimiento
Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), Adrián Hernández Navarro, Eladio Ruiz
Morales y Ernesto Texón Ochoa, los tres integrantes de Los Pueblos Unidos de la
Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl) e Ignacio Romero Carrera del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo.
Una
ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por
aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima
de la vida; por tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o
consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o
inmediata, en las potestades del Estado”.