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| Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron detenidos en Oaxaca en 2007 durante un operativo policiaco, después no se volvió a saber de ellos. De acuerdo con su defensa legal, elementos del Ejército podrían estar involucrados en el caso. Foto: Cuartoscuro |
Por Mayela Sánchez/ Sin Embargo
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).— La
organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos, que lleva la defensa
legal de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez
–desaparecidos forzadamente en 2007–, y familiares de éstos realizarán un mitin
esta mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para
demandar a los Ministros de su Primera Sala que se pronuncien sobre la
atracción del caso, que ya fue resuelto por un tribunal colegiado y que sentó
un precedente para casos de desaparición forzada que involucran a elementos del
Ejército.
Aunque un juez emitió una sentencia favorable a las
víctimas desde el año pasado, ésta no ha sido cumplida por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y por la Procuraduría General de la República (PGR);
de ahí que familiares y abogados busquen la intervención del máximo órgano del
Poder Judicial en el país, dijo el abogado Sandino Rivero.
Sin embargo, la petición de atracción no fue hecha por
ellos directamente sino por nada menos que el Ministro Presidente de la SCJN,
Luis María Aguilar Morales, tras reunirse con los familiares de los
desaparecidos y sus representantes legales, hace tres meses.
Registrada con el folio 222/2015, la solicitud de
atracción no ha sido contestada por los integrantes de la Primera Sala de la
Corte, ya sea para aceptar atraerla o no. En esa sala despachan los Ministros
Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Villegas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La intención de los familiares y abogados de los
eperristas es poder hablar con ellos y con el Ministro Presidente.
Rivero refirió que en la solicitud de atracción el Ministro
Presidente consideró que había interés y trascendencia en el asunto, ya que se
planteaban las medidas que los jueces pueden ordenar para la búsqueda y
localización de personas desaparecidas forzadamente, cuando dichos casos son
llevados a instancias judiciales a través de demandas de amparo.
La Corte “no puede
decir que no es un asunto de interés y trascendencia en el contexto en que
México está viviendo todo este tema de desapariciones forzadas, algunas
motivadas con fines políticos, otras que se han dado en el contexto del
[combate a] la delincuencia organizada”, consideró Rivero.
Reyes Amaya y Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular
Revolucionario (EPR), fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de
2007, durante un operativo policiaco. La última noticia de su paradero fue que
habían sido trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo. Después, nada se volvió a saber de ellos.
Una versión de los hechos es que de la Procuraduría
habrían sido trasladados al Campo Militar Número 1 por elementos del Ejército
Mexicano.
Esta posibilidad es una de las líneas de investigación
que abrió la PGR en la averiguación previa del caso, de acuerdo con el abogado.
Rivero refirió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en
Delincuencia Organizada (SEIDO) envió un oficio al juez de amparo en el que
reconoció cuatro hipótesis sobre la desaparición de los eperristas y una de
ellas era la posible participación de los militares.
Las otras hipótesis de la PGR son que los presuntos
responsables fueron policías ministeriales de Oaxaca, que los eperristas fueron
detenidos por Policías de Caminos en la carretera Oaxaca-Puebla, o que habrían
sido desaparecidos por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
Pero en los ocho años que han transcurrido desde la
desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, la indagatoria ministerial no ha
tenido avances, denunció Rivero. Por ello es que recurrieron a la vía judicial,
a través de un amparo.
El 12 de junio de 2014, el IX Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito resolvió a favor de las víctimas y ordenó
abrir los cuarteles militares para buscar a los dos luchadores sociales y
exhumar los cuerpos localizados en instalaciones castrenses para verificar si
correspondían a ellos, citar a declarar a los mandos militares que estaban en
funciones cuando los eperristas fueron desaparecidos y la creación de
comisiones especiales de búsqueda.
Sin embargo, hasta ahora la Sedena y la PGR se han negado
a acatar la resolución judicial, dijo Rivero.
Si bien por sí sola la resolución del Tribunal Colegiado
sienta un precedente para casos de desaparición forzada que pudieran involucrar
a miembros del Ejército, llevarla ante el máximo órgano del Poder Judicial en
el país y que éste se pronuncie “le da una proyección pública, política” al
asunto, consideró el abogado defensor.
“No podemos decir
que solamente es jurídica, porque el caso es político, la desaparición forzada
de Edmundo y Gabriel la motivó su pertenencia al Ejército Popular
Revolucionario, entonces claro que hay todo un contexto político en la
desaparición de Edmundo y de Gabriel. Pero que la Corte se pronuncie no
solamente va a implicar el beneficio a su asunto, sino a cualquier asunto de
desaparición forzada”, agregó.
La decisión de llevar el asunto ante la Corte no fue
caprichosa, sino consecuencia de la falta de cumplimiento de las autoridades
involucradas y, aún más, del Tribunal Colegiado que cerró el asunto sin haber
vigilado el acatamiento de su resolución, apuntó Rivero.
La resolución judicial, emitida hace 14 meses, es la
primera en la que el Poder Judicial ha ordenado abrir cuarteles militares e
interrogar a mandos castrenses por un caso de desaparición forzada, pese a que
desde la llamada “Guerra Sucia” –cuando la desaparición forzada se utilizó como
un mecanismo de contrainsurgencia– ha habido una demanda histórica por
investigar a los militares y abrir los cuarteles para buscar a los
desaparecidos, abundó el defensor.
De cumplirse, podría beneficiar la resolución de otros
casos de desaparición forzada en los que hayan participado miembros del
Ejército, ya sea de los años de la “Guerra Sucia” o de casos recientes,
ocurridos en el contexto del supuesto combate al narcotráfico. El caso de los
43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
Guerrero –en el que se ha señalado la posible participación de militares-
también podría verse favorecido por esta resolución.
Rivero, quien también defendió al profesor tzotzil
Alberto Pathistán, consideró que en el asunto de los normalistas desaparecidos
forzadamente no necesariamente tendría que reconocerse que hubo participación
de los militares para que se ordenara investigar al Ejército.
“En este tipo de casos de desaparición forzada el Estado
tiene la obligación de agotar todas las hipótesis. Una hipótesis, por más que
no haya elementos objetivos, pero por el contexto en que se han dado estas
desapariciones forzadas, que son contextos políticos que no se deben dejar a un
lado, si esa es una posible línea de investigación, yo creo y estoy seguro que
las autoridades tendrían que ordenar la apertura de cuarteles militares aunque
no haya expresamente un reconocimiento como posible línea de investigación.
“En el caso de
Ayotzinapa yo sí veo que hay este contexto político donde se ha hablado mucho
de los militares que pudieron haber participado en su detención. Entonces yo
creo que eso es suficiente para motivar la apertura de los cuarteles y que los
precedentes que se puedan generar en el caso de Edmundo y Gabriel sí tocarían
también ese tema de Ayotzinapa […] Estoy seguro que los precedentes y si la
Corte decidiera atraer el asunto sí impactarían directamente al tema de
Ayotzinapa”, expone.
El caso de los eperristas desaparecidos
también sentaría un precedente por la orden judicial de crear comisiones
especiales de búsqueda de los desaparecidos forzadamente. De acuerdo con el
abogado, hasta ahora en ningún caso de desaparición forzada se han creado
comisiones de búsqueda por un mandato judicial, sino que más bien han sido una
respuesta a la presión política y de las organizaciones que acompañan a las
víctimas, incluido un caso de alto impacto como el de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
