Los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pusieron en marcha su
primer periodo de sesiones de 2013.
Gustavo Castillo
México,
DF. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en marcha su primer periodo de sesiones
de este año, en el cual entre otros temas a discutir está la sentencia impuesta
a la ciudadana francesa Florence Cassez quien se encuentra condenada por
secuestro; asuntos relativos con el fuero militar y la puesta en operación de
la tercera cadena de televisión.
Durante el acto
protocolario la ministra Olga Sánchez Cordero informó de los trabajos
realizados por la Comisión de Receso, en la cual se atendieron los acuerdos
administrativos necesarios y se desahogaron expedientes de controversias constitucionales
y acciones de inconstitucionalidad promovidas durante el pasado periodo
vacacional.
Se dio a conocer que el
máximo tribunal recibió un total de 994 promociones, de las cuales 60 fueron
trámites de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad,
y en ese ámbito se firmaron cinco acuerdos, el primero de ellos con el cual se
admitió la controversia constitucional 121/2012 promovida por el estado de
Oaxaca contra el estado Chiapas con motivo de un conflicto de límites territoriales
entre las dos entidades. “Sin prejuzgar sobre la validez de los actos
impugnados, ni sobre la pertenencia de la franja territorial en disputa, se
concedió la suspensión solicitada por el estado de Oaxaca”, indicó la ministra
Sánchez Cordero.
Este caso está relacionado
con una invasión al territorio de los pueblos indígenas zoques de la zona de
los Chimalapas en la región del istmo de Tehuantepec, y en la controversia
constitucional 121/2012 el gobierno de Oaxaca impugna la creación del municipio
Belisario Domínguez que tiene una extensión de alrededor de 160 mil hectáreas
que pertenecen a los poblados de Santa María y San Miguel Chimalapas, ya que
con esta decisión se desconocieron los límites entre los territorios de Oaxaca
y Chiapas.
Hasta el momento la
suspensión otorgada por la Corte impide que el gobierno de Chiapas realice
cualquier acción de autoridad o determinación territorial dentro de los límites
oaxaqueños.
Para tener mayores
elementos sobre la situación territorial entre esta dos entidades la SCJN
requirió informes a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al poder
legislativo del estado de Chiapas.
Los otros cuatro acuerdos
están relacionados con acciones de inconstitucionalidad promovidas por el
Congreso de Jalisco, la Procuraduría General de la República y el Partido
Acción Nacional, relacionadas con asuntos electorales y normas expedidas por
Baja California, Quintana Roo y el gobierno de Jalisco.
