Columna:
Banderas al viento
Francisco Rangel Cáceres.
La
tradición de presentar un informe sobre el estado general que guarda la
administración pública federal, inició en la época del presidente Venustiano
Carranza. El Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandataba que el Congreso de la Unión se reuniera el 1º de septiembre
de cada año para celebrar sesiones ordinarias y que el ejecutivo federal asistiera
a la apertura de los trabajos legislativos para presentar un informe escrito.
Con el
tiempo esta fecha se convirtió en el “Día del presidente”. Era un día festivo
que iniciaba con el primer mandatario viajando en auto convertible, bajo una
lluvia de confeti multicolor, para llegar a la Cámara de Diputados y rendir un
informe de viva voz. Después, en Palacio Nacional, saludaba durante horas a los
gobernadores, senadores, diputados, líderes obreros y campesinos, algunos
intelectuales y, por supuesto, a los invitados especiales.
Fue el
1º de septiembre de 1988, durante el último informe de Miguel de la Madrid, cuando
el diputado Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente de la República. A partir
de ese incidente la fecha se transformó en el día contra el presidente.
En 1995,
el presidente Ernesto Zedillo modificó la ceremonia del informe. Suprimió el
recorrido en auto descubierto, canceló la salutación después del informe y
eliminó el día feriado. En 2006, Vicente Fox ya no pudo leer el informe, sólo
lo entregó en el vestíbulo del recinto legislativo, debido a que la tribuna
estaba tomada por los diputados de oposición.
Casi dos
años después, el 30 de julio de 2008, se reformó el Artículo 69, estableciendo
que el Presidente de la República sólo enviaría el informe por escrito, donde manifieste
el estado general que guarda la administración pública del país. El 10 de febrero
de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva
modificación, señala que cada una de las Cámaras analizará el informe y podrá́
solicitar al Ejecutivo Federal ampliar la información mediante pregunta por
escrito, así como citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las
entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes.
A mitad de la jornada
Este 1º
de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió por escrito su Tercer Informe
de Gobierno, y ayer en Palacio Nacional, presentó un mensaje a la Nación para
dar cuenta del estado que guarda la administración pública. Propuso diez
medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico
y combatir la desigualdad.
Este
decálogo consiste en impulsar las leyes indispensables para fortalecer el
estado de derecho; contar con el acuerdo nacional para la justicia cotidiana; desarrollo
de las regiones con mayor rezago; apoyo a pequeños productores agrícolas; mantenimiento
de la estabilidad macroeconómica del país; desarrollo de la infraestructura
nacional, incluyendo el sector energético; austeridad presupuestal, no más
impuestos y presupuesto base cero.
En materia
educativa y cultural propuso la renovación de la infraestructura educativa; el
inicio del Programa Nacional de Inglés para alumnos de Educación Básica; la
creación de la Secretaría de Cultura. Añadió que la Reforma Educativa llegará
hasta el último rincón del territorio nacional y que la evaluación no es una
medida que afectará a los maestros, sino un instrumento para apoyarlos en su
labor.
En
cuanto a educación superior informó que la cobertura subió al 34.1 por ciento.
El gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental, público y
privado, creció 32.7 por ciento.
Hizo un
reconocimiento a las maestras y maestros de México, por su valiosa labor a
favor de la niñez y la juventud de todo el país. Señaló que su responsabilidad
es avanzar sin dividir; reformar sin excluir; transformar sin destruir.
A la
mitad del camino y ante los signos ominosos que se avizoran en el horizonte,
como la devaluación del peso frente al dólar; la crisis energética derivada de
la sensible baja de los precios del petróleo; el incremento de la pobreza y la inseguridad,
se requieren políticas públicas que mejoren las condiciones económicas de los
ciudadanos, disminuyan la pobreza general y extrema, generen una verdadera ley
anticorrupción y, perfeccionen la impartición de justicia.
La
sociedad ha madurado y ahora exige una gestión con buenos resultados. Se
reconoce que faltan muchas cosas para lograrlo, pero sabemos que trabajando
juntos, gobierno y sociedad, podremos alcanzar los objetivos que nos lleven a
ser un México en paz, justo e incluyente
