Legisladores
se reunirán con el titular de la PGR para analizar ambas figuras jurídicas,
adelanta Gamboa
Jaime Contreras Salcedo
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero.- El Congreso de la Unión analizará las figuras
de los testigos protegidos y el arraigo para evitar que su uso perjudique a
inocentes, anunció el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón.
Un día antes de que se
inicie la reunión plenaria de los senadores priistas en Nayarit, el líder de la
bancada resaltó la necesidad de revisar a fondo las medidas cautelares, debido
al cúmulo de anomalías registradas en los últimos años.
De acuerdo con Gamboa
Patrón, de ser el caso, su partido propondrá en el próximo periodo ordinario de
sesiones una reforma legal de ambos instrumentos jurídicos.
Explicó que
precisamente en la junta de este grupo parlamentario, para conformar una agenda
de temas prioritarios, los legisladores se reunirán también con el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer su opinión y
determinación sobre ambos temas.
“He platicado con el
señor procurador. Está muy atento a esto, muy comprometido con no defender a
nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o
someterlo a un juicio, cuando no haya hecho nada”, dijo Gamboa.
El 4 de diciembre,
antes de asumir el cargo, Murillo Karam anticipó la revisión de ambas
herramientas jurídicas, al señalar que “el arraigo es una muestra de las
insuficiencias del sistema de procuración de justicia (...) Es una medida que
debería aplicarse lo menos posible y deberíamos erradicarla”.
Entre los casos más
relevantes de personas acusadas y detenidas con base en testigos protegidos
está el de Rodolfo de la Guardia, director de la Interpol México de 2003 a
2005, capturado en 2008 y liberado a principios de este año, exonerado de
cargos por narcotráfico.
PRI revisará arraigo y
testigos protegidos
Emilio Gamboa, líder
de los senadores priistas, no descartó impulsar una reforma para evitar abusos
contra inocentes en procesos penales.
A partir del cúmulo de
anomalías que se presentaron en los últimos años, el grupo parlamentario del
PRI en el Senado revisará a fondo y, de ser el caso, propondrá en el próximo
periodo ordinario de sesiones una reforma legal de las figuras de testigos
protegidos, así como del arraigo, para evitar a toda costa que se dañe a gente
inocente.
Emilio Gamboa,
responsable de la bancada priista en el Senado, anunció además que se reunirán
con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer su
opinión y determinación sobre el particular.
Por lo pronto, Emilio
Gamboa detalló que ya se han tenido reuniones al respecto: “He platicado con el
señor procurador. Está mucho muy atento a esto, muy comprometido con no
defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la
cárcel o someterlo a un juicio, cuando no haya hecho nada”, reflexionó.
Al respecto, los
senadores del PRD, Dolores Padierna y Luis Miguel Barbosa, señalaron que en el
caso de los generales detenidos se debe aplicar la justicia de manera estricta
y con apego a la ley.
Las figuras de arraigo
y los testigos protegidos vuelven a poner en duda los procesos legales, afirmó
la senadora del PRD, Dolores Padierna. “Con un solo testigo protegido se
arraigó a mucha gente en el sexenio pasado, es momento de hacer justicia y que
nadie, siendo inocente, pueda ser encarcelado”, resaltó.
Lo anterior, ante la
postura que asumió la Procuraduría General de la República (PGR) tras
reconocer, ante un juez federal, que no tiene ninguna prueba que confirme las
declaraciones del testigo protegido.
Por eso, “tanto el
arraigo como la figura de testigos protegidos deben ser eliminados de los
procedimientos acusatorios, ya que si no existen pruebas contundentes “no puede
dictarse culpabilidad”, añadió la legisladora.
A su vez, el
coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que sobre el
caso de los generales detenidos, se debe aplicar la justicia de manera
estricta, con apego a la ley “y no como una ruta política, como se pretende”.
“No quiero señalar
ninguna responsabilidad de los generales”, aseguró Barbosa, quien también se
pronunció por revisar, y en su caso desaparecer, la figura de testigos
protegidos y los arraigos.
En rueda de prensa
sostuvo que la PGR “evidentemente se está enrutando a una sentencia absolutoria
o por el desvanecimiento de datos” para la posterior liberación de los
militares.
Imputaciones
Dauahare ocupó la
segunda posición en la estructura militar como subsecretario de la Defensa
Nacional hasta 2008. Fue detenido y procesado en 2012 por la acusación de dos
testigos protegidos.
Seis altos mandos
militares, incluidos cuatro generales —entre ellos Dauahare— un teniente
coronel y un mayor fueron detenidos en 2012 bajo señalamientos de proteger al
cártel de los Beltrán Leyva.
Ellos se convirtieron
en los militares de más alto rango acusados bajo el gobierno del presidente
Felipe Calderón (2006-2012) de tener nexos con un cártel del narcotráfico.
Uno de los testigos
que acusó a Ángeles Dauahare fue Sergio Villarreal Barragán, quien fue parte
del liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva, grupo que recibió diversos
golpes durante el gobierno de Calderón incluida la detención y muerte de varios
cabecillas.
El grupo delictivo se
dividió tras la muerte de su líder Arturo Beltrán, en diciembre de 2009,
durante una operación de la Marina en Cuernavaca, Morelos.
Para Raúl Benítez,
experto en seguridad y temas militares de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que la Procuraduría no haya encontrado pruebas es una muestra de que la
justicia en México aún carece de mecanismos para garantizar procesos adecuados.
“La recopilación de
pruebas y acusaciones a través de testigos protegidos son muy engañosas, son
muy peligrosas. Un testigo protegido puede perjudicar a un general o a un
funcionario policiaco simplemente por lo contrario porque no lo ayudó”, dijo Benítez.
