Aseguran
que ha llegado el momento de tomar medidas. La Comisión de Hacienda en San
Lázaro llama a endurecer los requisitos para solicitar préstamos
Ivonne
Melgar
CIUDAD
DE MÉXICO, 20 de enero.- El presidente de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo Reyes, se
pronunció a favor de una reforma que establezca en la Constitución diversos
candados para evitar en el futuro los abusos que caracterizan los
endeudamientos irresponsables de estados y municipios.
En cuanto al presente “habrá que enfrentarlo y cada quien con sus propias
uñas”, afirmó el diputado por el PAN, quien se dijo seguro de que el Congreso
respaldará la advertencia del gobierno de que no habrá rescate para los
gobiernos locales morosos.
“Técnica y legalmente no hay en el Presupuesto de Egresos de la Federación
una cantidad fijada ni siquiera en un peso para esos efectos. Las deudas de los
gobiernos locales están prácticamente en la misma situación de Mexicana de
Aviación: no hay rescate fiscal a las deudas indebidas”, explicó.
En entrevista, Trejo Reyes se manifestó también por darle transparencia al
manejo de los préstamos que sumaban a mediados del año pasado 404 mil 409.5
millones de pesos.
“No es sano para nadie un borrón y cuenta nueva”, señaló.
Consideró que, como ocurrió con el Fobaproa, habrá que investigar con
precisión quiénes deben, a quiénes les pidieron el dinero y por qué no han
pagado.
“Por ley, debe saberse, y lo que también se puede hacer es que los que
cometieron la irresponsabilidad, pues que regresen el dinero, que asuman su
responsabilidad”.
Consideró que el Estado tendrá que “apretar más la regulación, poner más
camisas de fuerza contra el relajamiento en el que han caído incluso las
instituciones de crédito”.
Para el diputado del PAN, contador público y especialista financiero, el
asunto se encuentra suficientemente diagnosticado y ha llegado el momento de
tomar medidas.
“Hemos entrado a un proceso de excesiva flexibilidad, hasta llegar a la
pasalonería. Éste es ya un asunto de abuso que hay que legislar para el
futuro”, enfatizó.
Trejo Reyes consideró que la iniciativa de reforma que habrá de definirse en
el Pacto por México y que el presidente Enrique Peña Nieto presentará en el
siguiente periodo de sesiones, a iniciar en febrero, deberá empujar además una
modificación estructural que atienda el relajamiento en el que han incurrido
los congresos locales.
“En esta ley federal tendrá que garantizarse la obligación de que los
congresos locales modifiquen sus leyes de deuda pública. Necesitamos que los
ayuntamientos se enfrenten a reglas más duras en el ejercicio de pedir
empréstitos”, expuso.
El diputado blanquiazul consideró que éste deberá ser un proceso “de arriba
hacia abajo”, es decir, que primero desde el Congreso se haga la reforma y después
hagan los cambios correspondientes los legislativos estatales.
Trejo Reyes planteó que, en todo los casos, la ley deberá fijar requisitos
para la gestión de los créditos, incluyendo un estudio “muy meticuloso y
técnico” de la capacidad de pago de los gobiernos locales.
Ajustes drásticos
Para el legislador, frente a lo sucedido en los últimos años en materia de
deuda, en el Congreso “deberán darse ajustes muy drásticos para las haciendas
públicas correspondientes”.
Se contemplan acciones preventivas pero también sanciones penales, detalló.
Pero el problema no estará resuelto para los casos existentes, “porque al no
haber un apoyo de recursos federales, la cual es una posición correcta del
Congreso y del gobierno federal, evidentemente los gobiernos locales van a
tener que enfrentar presiones financieras por sus haciendas públicas”.
El crédito en sí mismo, consideró, no es malo, “pero los abusos y excesos
meten en problemas financieros a los pueblos, no solamente a las autoridades”.
Adelantó que la reforma deberá prevenir las irresponsabilidades en las que
también se incurre en el sector privado.
“Porque los llamados a misa, los llamados a los banqueros, a las
instituciones de crédito, de que sean prudentes aún en sus propias políticas,
no han sido muy atendidos. Por lo tanto va a tener que entrar el Estado a
apretar más la regulación, a poner más camisas de fuerza para evitar el abuso o
el relajamiento de las reglas en las que caen las instituciones de crédito, que
es evidente”, detalló.
Los bancos ven en los estados y en los municipios a “sus grandes clientes
cautivos, con una oportunidad enorme de garantía a través de las
participaciones federales”.
Al respecto, precisó que “eso de garantizar el pago no está mal”, pero los
excesos se han dado cuando las instituciones financieras no miden la capacidad
de las haciendas locales y “simplemente recogen ellos de la mesa sus utilidades
de fondos públicos que garantiza la Federación”.
Ahora, explicó, “debemos de definir qué factores deben de influir para que
se dé un crédito” y cerrarle el paso “al peor de los mundos: uno se gasta el
dinero sabiendo que otro pagará. Yo pido dinero, me lo gasto y otros que
paguen. Ésa es la lógica que impera ahora y que debemos frenar”.
En cuánto al uso que se le ha dado a los préstamos acumulados, Trejo Reyes
expuso que las auditorías superiores de los estados o contadurías mayores u
órganos equivalentes deben saber el origen y el destino de esos recursos.
Consideró que si muchos bancos no alcanzan a cobrar, “pues también van a tener
que apechugar, como lo están haciendo muchos bancos en Europa al reconocer
pérdidas para efectos de regularizar, que es una alternativa que habrá que
plantear a las instituciones de crédito si están en condiciones”.
