La
presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso
local, Marcela Aguilera, consideró que deben sumarse esfuerzos para hacer
posible su aplicación en 2016
Xalapa, Ver.-
El Poder Judicial del Estado debe promover y
encabezar la firma de un gran convenio con la Fiscalía General, las policías
municipales, la Secretaria de Seguridad Pública, las barras y asociaciones de
abogados e instituciones de educación superior, para redoblar esfuerzos en la
capacitación de su personal respecto del nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, afirmó la diputada Marcela Aguilera Landeta, presidenta de la
Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado.
Precisó que mucho se habla de crear
infraestructura para el desarrollo de los juicios orales, pero la capacitación
también es importante, sobre todo en las corporaciones policiacas, que ahora
tendrán un papel trascendental en la implementación del nuevo sistema, que debe
entrar en vigor en toda la entidad en mayo de 2016.
“Es conveniente que en el
Anteproyecto de Presupuesto que el Poder Judicial presente para el próximo
ejercicio fiscal, se contemple la construcción de infraestructura, pero sobre
todo un plan integral de trabajo para capacitación”, consideró.
Este tema es tan importante –explicó
Marcela Aguilera– que todos deben ser corresponsables, y puso como ejemplo a
los abogados litigantes y a las universidades, porque algunas de las que
imparten la carrera de Derecho carecen de aulas para la práctica de juicios
orales, y es necesario que sus estudiantes adquieran conocimientos de manera
práctica.
Consideró que el reto es muy grande y
el Gobierno no puede solo: “Se requiere sumar el esfuerzo de la sociedad en su
conjunto. De lo contrario, se corre el riesgo de cometer errores e injusticias.
El tema no se resolverá únicamente con presupuesto, sino con el cumplimiento de
la parte que a cada quien corresponda”.
Para incentivar la capacitación
–continuó la Diputada– se necesita un gran equipo de trabajo en el que la
Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial tomen la iniciativa: “El reto
es armar un Plan Integral al que se sumen todos los actores involucrados en el
tema”.
Dijo que en Cosamaloapan existe una
importante área de juzgados que se puede utilizar para salas para juicios
orales y ahorrar recursos, pero este reto va más allá de obtener presupuestos y
aprovechar edificios públicos.
