Arturo Rodríguez García
Proceso | Diario Digital Juárez
Distrito Federal— El león
yace en la sabana. Es un macho de majestuosa melena vencido por la bala certera
del intrépido trampero que se fotografía rifle en mano y con gesto triunfante.
Matar a un león macho es difícil en estos tiempos. Son tan pocos que sólo 8 por
ciento de los cazadores logra dar muerte a uno.
A esa conclusión llegó el organismo británico Lion Aid en un estudio difundido en diciembre último. Apunta que sólo quedan 25 mil ejemplares en el mundo, de los cuales 2 mil 500 son machos. Matar uno cuesta 35 mil dólares (alrededor de 430 mil pesos mexicanos), según referencias periodísticas.
Otra imagen. Un elefante derribado sirve de tapete al mismo cazador que reposa sobre el cuerpo del animal. Apoya una de sus manos sobre el gigante caído, mientras alza la otra y muestra su pulgar. En la siguiente fotografía se observa su sonrisa entre los colmillos del paquidermo; la escopeta se erige en paralelo a las puntas de marfil.
En la mayoría de los países matar un elefante es motivo de cancelación de licencia de caza y una multa millonaria. En la Universidad de Washington se estima que en el mundo quedan 460 mil elefantes africanos, descontando el que mató el cazador de las fotos.
El año 2012, cuando se desató el escándalo del rey de España, Juan Carlos de Borbón, el diario madrileño El Mundo reveló que cazar un elefante en Botsuana, por ejemplo, rondaba los 30 mil euros (unos 40 mil dólares), sin incluir el costo del viaje.
Hay más imágenes con piezas en peligro de extinción. En una de ellas el cazador lleva en sus hombros un leopardo; en otra, levanta la cabeza de una gacela muerta para simular que aún está viva; una más lo muestra bajo una cornamenta colgada en la pared.
Un borrego cimarrón, un robusto antílope kudú, un antílope sable y un búfalo africano; todos ellos forman parte de la fauna rendida a los pies del intrépido cazador y al cañón de su escopeta; lo mismo que una terrible hiena moteada transfigurada en un peludo fiambre.
Para este cazador no todo es safari. También le gusta pasear por Europa y lucir sus abrigos de piel; el año anterior estuvo en Indianápolis en el Super Bowl XLVI y aprovechó el viaje para asistir a los juegos de basquetbol de la NBA. A veces surfea o deambula por una mansión palaciega, toma vuelos privados y se enfunda en su lederhosen, el traje típico alemán, para tomar cerveza o alza su puño abrazado del boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez.
Como pocos, ha viajado en el Oasis of the Sea, uno de los tres cruceros más grandes y elegantes del mundo, que empezó a navegar en 2009; incluso ha disfrutado de los placeres en Las Vegas.
No es ningún magnate de las telecomunicaciones o la informática. Tampoco un industrial con inversiones globales ni un financiero audaz. No es un gigante de la industria hotelera, el petróleo o los minerales. No figura en la lista de Forbes ni posee un título nobiliario respaldado por una herencia millonaria. Sólo tiene un despacho jurídico dedicado al ámbito laboral y tiene en su cartera de clientes al gobierno federal.
Se trata del abogado mexicano Humberto Cavazos Chena, laboralista contratado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para llevar la demanda laboral por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Las muchas caras de Calderón
Desde octubre de 2009 el despacho Cavazos Flores representa al SAE en el proceso laboral. Hasta enero de 2012 ya había cobrado 66 millones 729 mil 600 pesos por sus servicios.
El 10 de octubre de 2009 Calderón decretó la extinción de LyFC con el argumento de que el organismo era financieramente inviable; prácticamente culpó de ello a los trabajadores. Desde entonces el SAE se convirtió en el organismo liquidador. Minutos después de que se emitiera el decreto, el gobierno entregó las instalaciones de LyFC en comodato a la Comisión Federal de Electricidad (Proceso 1859).
Tres días después el SAE demandó la terminación de las relaciones laborales ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atribuible a causas de fuerza mayor no imputables a la empresa.
Abierto el proceso laboral, la demanda de amparo que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la constitucionalidad del decreto motivó la suspensión del caso laboral, hasta que el 5 de julio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la medida tomada por Calderón a través de la sentencia 346/2010, pero dejó a salvo los derechos laborales de los trabajadores.
El proceso resultaba absurdo: la Junta Especial dependía del titular del Ejecutivo, que a su vez había decretado la extinción y nombrado liquidador al SAE, que depende de la SHCP, de manera que la supuesta causa de fuerza mayor (el decreto de extinción de Calderón) invocada por el organismo liquidador (bajo las órdenes de Calderón) demandaba un laudo a una instancia (que dependía de Calderón).
Como había adelantado desde 2009 el entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, la Junta Especial daría la razón al SAE. El laudo se resolvió el 30 de agosto de 2010 cuando las autoridades declararon el fin de las relaciones laborales y ordenaron la liquidación de los trabajadores. Naturalmente el SME demandó un amparo.
Alrededor de 28 mil 750 trabajadores de LyFC aceptaron la liquidación pero otros 17 mil mantuvieron sus demandas. El 13 de septiembre último el Segundo Tribunal de Circuito en Materia del Trabajo resolvió conceder el amparo (expediente 1337/2010) al SME contra el laudo de la Junta Especial, lo que implica reconocer el contrato colectivo y la figura del patrón sustituto que les escamoteó durante meses.
La Secretaría de Gobernación reaccionó. El 17 de septiembre emitió un comunicado para informar que recurriría a la sentencia ante la SCJN. Y lo hizo a través de su abogado Cavazos Chena y del agente del Ministerio Público federal adscrito al mencionado tribunal. Por separado, ambos interpusieron recursos contra el amparo.
El 22 de octubre Cavazos Chena presentó un recurso de 172 fojas para recurrir el amparo ante la SCJN. El asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, quien podría presentar su proyecto ante el pleno en unos días.
Entre las razones expuestas por el tribunal para conceder el amparo a los trabajadores destaca que el laudo validó las causas de fuerza mayor argumentadas por el SAE para terminar las relaciones laborales. La causa de fuerza mayor fue el decreto de extinción, es decir un acto de voluntad del presidente, que en este caso es el patrón.
El mismo tribunal abunda en que el derecho laboral considera una causa de fuerza mayor aquello que supone un acontecimiento superior a la voluntad individual y que ésta sea impotente para preverlo o impedirlo. De esa manera la fuerza mayor sería que por voluntad de un tercero quienes forman parte de la relación jurídica no pudieran resistir un acontecimiento.
En este caso el SME y LyFC (integrante del Poder Ejecutivo), no pueden experimentar una causal de fuerza mayor, pues la extinción fue decidida precisamente por el Ejecutivo, que ofrece su decisión como causa de fuerza mayor para despedir a los trabajadores. Según Cavazos Chena, el tribunal colegiado adoptó la argumentación del SME desestimando la del laudo de la Junta Especial, entre otras cosas al dimensionar al presidente de la República como el patrón. El abogado también califica al tribunal de oficioso e incongruente.
Entre otras consideraciones la pretensión del SAE, a través de su abogado Cavazos Chena, es que las relaciones laborales sean terminadas, que no se reconozca ni al SME ni el contrato colectivo de trabajo y que la protección constitucional obtenida por los trabajadores sea desechada en la SCJN.
Según él, el tribunal colegiado interpretó de manera directa la Constitución. El reclamo del SAE, a través de su costoso abogado, consiste en que el órgano jurisdiccional no llamó al juicio de garantías a la CFE, que termina convirtiéndose en patrón sustituto.
El alegato de Cavazos para intentar revertir la protección constitucional concedida al SME combate una conclusión elemental que hizo el tribunal colegiado: la CFE se encuentra también bajo competencia del Poder Ejecutivo que en el decreto de extinción precisó que los bienes de LyFC se destinarían a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el centro del país; conforme a la Constitución el servicio lo presta sólo la CFE.
El tribunal colegiado consideró intrascendente llamar a juicio a la CFE, en aras de tutelar la garantía de administración expedita de la justicia, lo que el SAE considera un agravio. Respecto al recurso interpuesto por el Ministerio Público, la SCJN lo desechó por improcedente.
Mundo del dinero
Para junio de 2011 el SAE había gastado 52 mil millones de pesos en liquidar LyFC. A través de la herramienta zoom, habilitada en el portal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se localizó el oficio UE/385/2011, en el cual se da a conocer lo anterior. La revisión de las solicitudes de información respondidas con posterioridad no incluye la actualización de la cifra.
Una revisión de las contrataciones realizadas por el SAE, expuestas en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), reflejan apenas algo de lo que ha costado al país la extinción de LyFC, incluido 2012. Por ejemplo fue posible identificar cuatro contratos por concepto de seguridad en instalaciones de LyFC que suman más de mil millones de pesos, aun cuando se supone que están en su mayoría bajo dominio y usufructo de la CFE.
En contraste se localizaron contratos de aseguramiento a viviendas que aun adeudan jubilados, apenas por 5 millones de pesos.
La búsqueda revela que no todos los contratos son transparentes. Es el caso del pago por servicios jurídicos.
Con la mencionada herramienta zoom del portal electrónico del IFAI fue posible localizar la solicitud número 0681200000912, a través de la cual un particular pidió el monto erogado por el SAE en honorarios de abogados para atender las demandas laborales de los extrabajadores de LyFC.
El SAE respondió el 26 de enero de 2012, proporcionando una lista de 19 abogados a quienes se les había pagado hasta entonces 79 millones 813 mil 225 pesos, de los cuales casi 67 millones fueron para el despacho Cavazos Flores.
Al revisar el sistema Compranet, donde se registran los proveedores gubernamentales, el despacho Cavazos Flores no aparece. Al colocar el nombre del citado despacho en el buscador del POT, correspondiente al SAE, tampoco aparece ningún resultado.
El citado bufete –con oficinas en la Ciudad de México, Querétaro, Tijuana y Saltillo– fue fundado por el laboralista Baltasar Cavazos Flores, fallecido en abril de 2008. En su sitio de internet se presenta como “uno de los despachos más importantes del país en materia jurídica laboral”. (Arturo Rodríguez García/Proceso)
A esa conclusión llegó el organismo británico Lion Aid en un estudio difundido en diciembre último. Apunta que sólo quedan 25 mil ejemplares en el mundo, de los cuales 2 mil 500 son machos. Matar uno cuesta 35 mil dólares (alrededor de 430 mil pesos mexicanos), según referencias periodísticas.
Otra imagen. Un elefante derribado sirve de tapete al mismo cazador que reposa sobre el cuerpo del animal. Apoya una de sus manos sobre el gigante caído, mientras alza la otra y muestra su pulgar. En la siguiente fotografía se observa su sonrisa entre los colmillos del paquidermo; la escopeta se erige en paralelo a las puntas de marfil.
En la mayoría de los países matar un elefante es motivo de cancelación de licencia de caza y una multa millonaria. En la Universidad de Washington se estima que en el mundo quedan 460 mil elefantes africanos, descontando el que mató el cazador de las fotos.
El año 2012, cuando se desató el escándalo del rey de España, Juan Carlos de Borbón, el diario madrileño El Mundo reveló que cazar un elefante en Botsuana, por ejemplo, rondaba los 30 mil euros (unos 40 mil dólares), sin incluir el costo del viaje.
Hay más imágenes con piezas en peligro de extinción. En una de ellas el cazador lleva en sus hombros un leopardo; en otra, levanta la cabeza de una gacela muerta para simular que aún está viva; una más lo muestra bajo una cornamenta colgada en la pared.
Un borrego cimarrón, un robusto antílope kudú, un antílope sable y un búfalo africano; todos ellos forman parte de la fauna rendida a los pies del intrépido cazador y al cañón de su escopeta; lo mismo que una terrible hiena moteada transfigurada en un peludo fiambre.
Para este cazador no todo es safari. También le gusta pasear por Europa y lucir sus abrigos de piel; el año anterior estuvo en Indianápolis en el Super Bowl XLVI y aprovechó el viaje para asistir a los juegos de basquetbol de la NBA. A veces surfea o deambula por una mansión palaciega, toma vuelos privados y se enfunda en su lederhosen, el traje típico alemán, para tomar cerveza o alza su puño abrazado del boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez.
Como pocos, ha viajado en el Oasis of the Sea, uno de los tres cruceros más grandes y elegantes del mundo, que empezó a navegar en 2009; incluso ha disfrutado de los placeres en Las Vegas.
No es ningún magnate de las telecomunicaciones o la informática. Tampoco un industrial con inversiones globales ni un financiero audaz. No es un gigante de la industria hotelera, el petróleo o los minerales. No figura en la lista de Forbes ni posee un título nobiliario respaldado por una herencia millonaria. Sólo tiene un despacho jurídico dedicado al ámbito laboral y tiene en su cartera de clientes al gobierno federal.
Se trata del abogado mexicano Humberto Cavazos Chena, laboralista contratado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para llevar la demanda laboral por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Las muchas caras de Calderón
Desde octubre de 2009 el despacho Cavazos Flores representa al SAE en el proceso laboral. Hasta enero de 2012 ya había cobrado 66 millones 729 mil 600 pesos por sus servicios.
El 10 de octubre de 2009 Calderón decretó la extinción de LyFC con el argumento de que el organismo era financieramente inviable; prácticamente culpó de ello a los trabajadores. Desde entonces el SAE se convirtió en el organismo liquidador. Minutos después de que se emitiera el decreto, el gobierno entregó las instalaciones de LyFC en comodato a la Comisión Federal de Electricidad (Proceso 1859).
Tres días después el SAE demandó la terminación de las relaciones laborales ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atribuible a causas de fuerza mayor no imputables a la empresa.
Abierto el proceso laboral, la demanda de amparo que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la constitucionalidad del decreto motivó la suspensión del caso laboral, hasta que el 5 de julio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la medida tomada por Calderón a través de la sentencia 346/2010, pero dejó a salvo los derechos laborales de los trabajadores.
El proceso resultaba absurdo: la Junta Especial dependía del titular del Ejecutivo, que a su vez había decretado la extinción y nombrado liquidador al SAE, que depende de la SHCP, de manera que la supuesta causa de fuerza mayor (el decreto de extinción de Calderón) invocada por el organismo liquidador (bajo las órdenes de Calderón) demandaba un laudo a una instancia (que dependía de Calderón).
Como había adelantado desde 2009 el entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, la Junta Especial daría la razón al SAE. El laudo se resolvió el 30 de agosto de 2010 cuando las autoridades declararon el fin de las relaciones laborales y ordenaron la liquidación de los trabajadores. Naturalmente el SME demandó un amparo.
Alrededor de 28 mil 750 trabajadores de LyFC aceptaron la liquidación pero otros 17 mil mantuvieron sus demandas. El 13 de septiembre último el Segundo Tribunal de Circuito en Materia del Trabajo resolvió conceder el amparo (expediente 1337/2010) al SME contra el laudo de la Junta Especial, lo que implica reconocer el contrato colectivo y la figura del patrón sustituto que les escamoteó durante meses.
La Secretaría de Gobernación reaccionó. El 17 de septiembre emitió un comunicado para informar que recurriría a la sentencia ante la SCJN. Y lo hizo a través de su abogado Cavazos Chena y del agente del Ministerio Público federal adscrito al mencionado tribunal. Por separado, ambos interpusieron recursos contra el amparo.
El 22 de octubre Cavazos Chena presentó un recurso de 172 fojas para recurrir el amparo ante la SCJN. El asunto fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, quien podría presentar su proyecto ante el pleno en unos días.
Entre las razones expuestas por el tribunal para conceder el amparo a los trabajadores destaca que el laudo validó las causas de fuerza mayor argumentadas por el SAE para terminar las relaciones laborales. La causa de fuerza mayor fue el decreto de extinción, es decir un acto de voluntad del presidente, que en este caso es el patrón.
El mismo tribunal abunda en que el derecho laboral considera una causa de fuerza mayor aquello que supone un acontecimiento superior a la voluntad individual y que ésta sea impotente para preverlo o impedirlo. De esa manera la fuerza mayor sería que por voluntad de un tercero quienes forman parte de la relación jurídica no pudieran resistir un acontecimiento.
En este caso el SME y LyFC (integrante del Poder Ejecutivo), no pueden experimentar una causal de fuerza mayor, pues la extinción fue decidida precisamente por el Ejecutivo, que ofrece su decisión como causa de fuerza mayor para despedir a los trabajadores. Según Cavazos Chena, el tribunal colegiado adoptó la argumentación del SME desestimando la del laudo de la Junta Especial, entre otras cosas al dimensionar al presidente de la República como el patrón. El abogado también califica al tribunal de oficioso e incongruente.
Entre otras consideraciones la pretensión del SAE, a través de su abogado Cavazos Chena, es que las relaciones laborales sean terminadas, que no se reconozca ni al SME ni el contrato colectivo de trabajo y que la protección constitucional obtenida por los trabajadores sea desechada en la SCJN.
Según él, el tribunal colegiado interpretó de manera directa la Constitución. El reclamo del SAE, a través de su costoso abogado, consiste en que el órgano jurisdiccional no llamó al juicio de garantías a la CFE, que termina convirtiéndose en patrón sustituto.
El alegato de Cavazos para intentar revertir la protección constitucional concedida al SME combate una conclusión elemental que hizo el tribunal colegiado: la CFE se encuentra también bajo competencia del Poder Ejecutivo que en el decreto de extinción precisó que los bienes de LyFC se destinarían a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el centro del país; conforme a la Constitución el servicio lo presta sólo la CFE.
El tribunal colegiado consideró intrascendente llamar a juicio a la CFE, en aras de tutelar la garantía de administración expedita de la justicia, lo que el SAE considera un agravio. Respecto al recurso interpuesto por el Ministerio Público, la SCJN lo desechó por improcedente.
Mundo del dinero
Para junio de 2011 el SAE había gastado 52 mil millones de pesos en liquidar LyFC. A través de la herramienta zoom, habilitada en el portal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se localizó el oficio UE/385/2011, en el cual se da a conocer lo anterior. La revisión de las solicitudes de información respondidas con posterioridad no incluye la actualización de la cifra.
Una revisión de las contrataciones realizadas por el SAE, expuestas en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), reflejan apenas algo de lo que ha costado al país la extinción de LyFC, incluido 2012. Por ejemplo fue posible identificar cuatro contratos por concepto de seguridad en instalaciones de LyFC que suman más de mil millones de pesos, aun cuando se supone que están en su mayoría bajo dominio y usufructo de la CFE.
En contraste se localizaron contratos de aseguramiento a viviendas que aun adeudan jubilados, apenas por 5 millones de pesos.
La búsqueda revela que no todos los contratos son transparentes. Es el caso del pago por servicios jurídicos.
Con la mencionada herramienta zoom del portal electrónico del IFAI fue posible localizar la solicitud número 0681200000912, a través de la cual un particular pidió el monto erogado por el SAE en honorarios de abogados para atender las demandas laborales de los extrabajadores de LyFC.
El SAE respondió el 26 de enero de 2012, proporcionando una lista de 19 abogados a quienes se les había pagado hasta entonces 79 millones 813 mil 225 pesos, de los cuales casi 67 millones fueron para el despacho Cavazos Flores.
Al revisar el sistema Compranet, donde se registran los proveedores gubernamentales, el despacho Cavazos Flores no aparece. Al colocar el nombre del citado despacho en el buscador del POT, correspondiente al SAE, tampoco aparece ningún resultado.
El citado bufete –con oficinas en la Ciudad de México, Querétaro, Tijuana y Saltillo– fue fundado por el laboralista Baltasar Cavazos Flores, fallecido en abril de 2008. En su sitio de internet se presenta como “uno de los despachos más importantes del país en materia jurídica laboral”. (Arturo Rodríguez García/Proceso)
