Escrito
por Jenaro Villamil
Reportaje
publicado en la edición No. 1888 de Proceso
PUERTO
MORELOS, Quintana Roo.-A 19 kilómetros de la zona hotelera de
Cancún, sobre la llamada “carretera de la muerte” que une a este centro
turístico con Tulum, un misterioso terreno denominado El Tucán será el asiento
del complejo Dragon Mart, considerado el segundo más grande del mundo, después
del construido en 2004 en el emirato árabe de Dubai, el mayor mercado de
productos chinos fuera del territorio del país asiático.
Desde una vista aérea, en
el predio de 561 hectáreas sólo se observa una plancha que ha sido chapeada y
deforestada, en espera de que inicie la construcción de este coloso que ha
generado una polémica nacional, a raíz de la oposición de las cámaras
empresariales de industriales, como Concamin y Canacintra, grupos defensores
del medio ambiente y, en general, los sectores económicos que se sienten
amenazados por la llegada del gigante asiático.
La disputa por el proyecto
del Dragon Mart no sólo se trata de la venta y almacenamiento de
productos chinos para América Latina. Se ha convertido en un claro
enfrentamiento entre empresarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto,
como Francisco Funtanet, dirigente de Canacintra, opositor al proyecto, y sus
promotores, empresarios vinculados a negocios de la familia de Vicente Fox y
apoyados por los mandatarios priistas de Quintana Roo, Félix González Canto y
Roberto Borge.
En el fondo, otros
especialistas consultados consideran hay una disputa por la apropiación de los
recursos naturales y las materias primas en una entidad como Quintana Roo que
ha sido saqueada durante décadas, en especial, a partir de la expansión de los
centros turísticos como Cancún, Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas se
han caracterizado en Africa, las repúblicas ex soviéticas de Asia Central y en
Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragon Mart
existe también un proyecto de extracción de recursos naturales como son la
madera, el material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en
Quintana Roo”, argumenta Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA).
Quintana Roo es una de las
7 entidades en las que se autorizó la siembra de soya transgénica, producto
considerado nocivo en Europa porque usa fertilizantes que afectan a otras
actividades como la apicultura, clave en este territorio.
El vocero y representante
legal de la compañía inmobiliaria Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López
Rodríguez, ha negado una y otra vez que el proyecto constituya una amenaza para
los industriales mexicanos, considera “calumniosas y absurdas” las acusaciones,
afirma que el “90 por ciento son accionistas mexicanos” y sólo el 10 por ciento
es capital chino, aunque originalmente se habló, en marzo de 2011, de una
inversión china mayor al 40 por ciento.
Los vínculos de López
Rodríguez son claros con el entorno foxista. Fue señalado como uno de los
operadores de Manuel Bibriesca Sahagún cuando tenía el 45 por ciento de las
acciones de Logistic Free Trade Zone, empresa creada por el hijo de Marta
Sahagún y que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas durante
el sexenio foxista.
López Rodríguez representó
también a la Suiza Societé General de Surveillance (SGS), que obtuvo en 2005 la
operación para el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le
acusó de irregularidades entre 8 y 12 millones de dólares por la revisión de
productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados
oficialmente (ver Proceso, Nos. 1475, 1470, 1510).
También amenazó a la
ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una carta dirigida al CEMDA
de haber diseñado “una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a
difamar y desprestigiar” a Dragon Mart.
En vísperas de que el
Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragon Mart, López
Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el 3 de enero pasado.
Acusó a los legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de
ser servir “a intereses económicos creados alrededor de una economía poco
competitiva”.
El punto de acuerdo fue
promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Freire, quien pidió
la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista de
Cancún argumentó que “la operación de este clúster implicaría prácticas
de dumping y comercio desleal”, así como “severas violaciones a la
normatividad local y federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
En menos de una semana, la
propuesta se dictaminó en la Comisión Permanente del Congreso mexicano. El 3 de
enero, con el respaldo de todos los partidos políticos, incluyendo el PRI, se
aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a las instancias federales,
estatales y municipales información suficiente sobre los alcances de este
proyecto.
En la discusión, el
diputado federal Rodrigo González Barrios, advirtió que el proyecto contempla
la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a
cuatro veces más que la Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6
millones de metros cúbicos de material pétreo.
Incluso, el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo
Vieyra, haciendo eco de las críticas y quejas de los productores de calzado de
Guanajuato y de los empresarios textileros, expresó su preocupación “por el
ingreso de mercancías de oriente que tienen bajo precio”.
Máxima Opacidad
Los legisladores y
activistas consultados coincidieron en que no existe información clara de un
proyecto que, desde su origen, se ha caracterizado por su opacidad, por la
falta de rendición de cuentas y por las versiones contradictorias de sus
propios promotores, tanto en el porcentaje real de la inversión china, como en
los alcances e impactos ambientales del proyecto.
“Estamos en el limbo en
materia de transparencia en Quintana Roo. Nosotros le pedimos a la Secretaría
de Medio Ambiente local que convocara a una consulta pública antes de que
aprobaran la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a favor de Dragon Mart.
Nos la negaron, argumentando que no teníamos interés jurídico. Es la primera
vez que nos niegan una consulta”, afirmó Alejandra Serrano, del CEMDA.
Serrano y la diputada
federal Saldaña Freire coincidieron en que la manifestación impacto ambiental
debió ser autorizada por la secretaría federal, la Semernat y no sólo por las
autoridades locales, ya que estas obras se realizarán frente a una zona federal
como es el mar Caribe y afectará el manto freático de la región de Puerto
Morelos.
El 28 de septiembre del
2012 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo (INIRAQroo)
autorizó la “construcción y operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y
obras asociadas” que ya se presentó como un proyecto de “desarrollo comercial
turístico” y no como un proyecto de redistribución de mercancías de origen
chino.
El proyecto aprobado
incluye la edificación de 3 mil 40 locales comerciales de 25 metros cuadrados
cada uno para que los visitantes puedan “conocer y adquirir mercancías”
en un total de 127 mil metros cuadrados; 12 locales comerciales sobre espejos
de agua artificiales para cafeterías, restaurantes y tiendas de conveniencia;
un total de 20 bodegas de 5,400 metros cuadrados cada una en una superficie
total de 5 mil 403 metros cuadrados; la construcción de 722 viviendas de dos
niveles, entre 100 y 150 metros cuadrados, para trabajadores de origen chino.
De acuerdo con la
autorización, firmada por Juan Pablo Ortega Ceballos, director general del
INIRAQroo, sólo el 2 por ciento de las 561 hectáreas serán para áreas verdes, 8
por ciento para reforestar, mientras que el 12 por ciento será para bodegas, 8
por ciento para el centro comercial y 5 por ciento de viviendas.
Un oficio del 19 de
diciembre de 2012, dirigido a la diputada Saldaña Fraire y firmado por el
subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semernat, Rafael
Pacchiano Alamán, advierte que en esta dependencia federal “no se tiene
proyecto alguno” bajo el nombre de Dragon Mart Cancún y “tampoco existe alguna
solicitud que se hubiese presentado para llevar a cabo cualquier obra y
actividad relacionada con el proyecto”.
