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| Productores del ejido de Villa de Seris demandaron una distribución equitativa del agua utilizada para el riego. Foto: Especial |
HERMOSILLO, Son., (apro).- Productores del ejido de Villa de Seris acusaron a Fausto Pavlovich, tío de la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de apoderarse del agua residual que procesa la planta tratadora de esta capital.
El presidente del Comisariado Ejidal de Villa de Seris, Isidro Amavizca, denunció que el conflicto se agravó desde que fue construida la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Hermosillo, y en 2015, cuando inició la administración de la mandataria sonorense.
En este trieno, denunciaron los ejidatarios, Fausto Pavlovich adquirió mil hectáreas para cultivo de hortalizas, es decir, el rancho familiar lo incrementó al 1000% porque en los ejidos Villa de Seris y La Yesca habría agua tratada y constante para la siembra.
“Nosotros estamos sintiendo que el agua se está yendo río abajo donde antes había tierras improductivas, que no se sembraban cuando se descargaban aguas negras, pero ahora con la planta tratadora esas tierras las empezó a rentar el señor Fausto Pavlovich, tío de la gobernadora”, reprochó el comisario ejidal.
“No nos importa que siembren mil o dos mil hectáreas, o las que sean, pero que no perjudique los intereses del Ejido, que nos deje producir también, que si no le alcanza, que se sujete al agua que hay para todos y que no le agarre toda. Nosotros estamos sufriendo”, solicitó el representante de la comunidad.
Los ejidatarios dijeron que el acaparamiento del agua ha generado pérdidas por 80 millones de pesos en detrimento de 140 familias que trabajaban en mil 400 hectáreas de cultivo.
Según datos de Agua de Hermosillo, la paramunicipal que opera la planta tratadora, la obra hidráulica tiene una capacidad de bombear a los ejidos dos mil 500 litros por segundo de agua procesada.
La planta tuvo un costo inicial de mil 119 millones de pesos y los recursos se obtuvieron mediante un financiamiento otorgado por Banobras por un monto de 272 millones de pesos, y la parte restante de un empréstito concedido por la iniciativa privada.
La PTAR ha afectado el bolsillo de los hermosillenses desde 2017 porque los residentes de esta capital tuvieron un aumento del 35% en la tarifa al servicio de agua, con el argumento de que los costos de operación de la planta serían cuantiosos.
El desmedido incremento provocó manifestaciones e inconformidades contra la administración municipal de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien es conocido a nivel nacional por ser partícipe en la “Estafa Maestra”, durante los años que perteneció al Registro Nacional Agrario y, supuestamente, quebrantó las arcas nacionales por una cantidad superior a los 447 millones de pesos.
En esa investigación periodística liderada por Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se señala que Acosta Gutiérrez participó activamente en la operación gubernamental en la que 186 compañías (muchas de ellas fantasmas) recibieron siete mil 670 millones de pesos del gobierno federal en flagrante violación a la Ley General de Adquisiciones y comprobable en las cuentas públicas de 2013 y 2014.
Una familia “incómoda”
Ésta no es la primera ocasión que un pariente de la gobernadora es acusado de cometer agravios a la población.
El 15 de abril de 2016, ejidatarios de Caborca, “la perla del desierto sonorense”, denunciaron que Rafael Pavlovich Durazo, otro tío de la gobernadora, ordenó el arresto de cinco campesinos para apropiarse, de manera ilegal, de terrenos ejidales, donde opera la minera canadiense Penmont, S. de R.L. de C.V., la cual extrae grandes cantidades de oro.
“El 12 de abril acudieron a las tierras, propiedad del ejido El Bajío, 24 patrullas de la Policía Estatal de Sonora y, al menos, tres de la Policía Municipal de Caborca, además de diversos civiles, para despojar de sus tierras a los campesinos que son los legítimos dueños ”, informó en aquella ocasión el abogado Jesús Thomas.
El tío de Pavlovich fue denunciado por “levantar” a otros campesinos, de manipular los tribunales estatales en su favor y de la mina, así como de encañonar a periodistas que hacían la cobertura noticiosa de sus despojos.
