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El
presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (a la derecha), en imagen del 17 de
septiembre. Foto Luis Humberto González
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Por Andrea Becerril / La Jornada
México, DF.- Durante una reunión privada de
integrantes de la Mesa Directiva del Senado con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la independencia y
autonomía del Poder Judicial.
Durante
el encuentro, encabezado por la presidenta de las CIDH, Rose-Marie Belle
Antoine, se discutió el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y salió a relucir el posible acuerdo entre PRI y
PAN para designar las dos vacantes del máximo tribunal del país.
A final
del encuentro, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, sostuvo que no
existe ningún tipo de acuerdo que preconfigure una integración específica en la
Suprema Corte.
Sostuvo
que en cuanto Enrique Peña Nieto haga llegar a esa cámara del Congreso las dos
ternas para elegir a los ministros que ocuparán los lugares de Olga Sánchez
Cordero y de Juan Silva Meza “entraremos al análisis de los perfiles con total
apertura, pero, sobre todo, con total responsabilidad para cuidar la
independencia y la autonomía del Poder Judicial”.
Gil
Zuarth reconoció que los comisionados de la CIDH les formularon un
planteamiento muy concreto de que deben fortalecer a los poderes judiciales del
país, como una condición necesaria para la defensa y promoción de los derechos
humanos, específicamente de los derechos las víctimas.
Sobre ese
tema, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, quien estuvo presente en la
reunión, resaltó que esa inquietud que expresaron los integrantes de la CIDH la
comparte también la sociedad mexicana y algunos grupos del Poder Judicial, a
fin de que los nombramientos que se den no respondan a intereses partidistas,
sino que sean una garantía de que la Corte estará al servicio de la justicia y
no del Presidente de la República.
En la
reunión realizada en el Senado participaron también James Cavallaro, primer
vicepresidente de la CIDH, los comisionados del organismo Felipe González y
Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza.
Otro de
los temas que plantearon fue el interés de la CIDH para que se apruebe la nueva
ley de desaparición forzada.
