 |
| Pemex debería revisar minuciosamente a sus empresas proveedoras para evitar prácticas irregulares, dice Héctor Acosta Félix. Foto Alfredo Domínguez |
Cambios en la legislación de Petróleos Mexicanos (Pemex), resultado de la reforma energética puesta en marcha en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, complican y entorpecen el combate a la corrupción dentro de la empresa productiva del Estado, opinó Héctor Acosta Félix, ex integrante del órgano interno de control (OIC) de Pemex durante el gobierno foxista, y en cuya gestión fueron descubiertos supuestos esquemas de corrupción similares a los utilizados por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
En entrevista, Acosta Félix explicó que la legislación de Pemex eliminó el órgano interno de control y sus atribuciones fueron divididas en dos: un área de auditoría interna, que depende de Pemex, y una de responsabilidad, que está a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
En mi concepto, está separación trae más complicaciones y entorpece el debido combate a la corrupción, dijo el hoy integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Anteriormente, ambas aéreas dependían de la SFP, agregó.
Mientras Acosta Félix trabajó en Pemex, entre 2005 y 2010, fue descubierta una serie de supuestos actos de corrupción en Coatzacoalcos, Veracruz, de los proveedores de la paraestatal junto con mandos medios de la empresa en aquella ciudad.
El martes 6 de octubre, el comisionado encabezó un seminario sobre transparencia y corrupción, en el cual dictó una conferencia. Como parte de la exposición, Acosta Félix narró los hallazgos durante su labor dentro de Pemex hace más de ocho años.
En las auditorías realizadas a Pemex en Coatzacoalcos en aquellos años –recordó Acosta Félix– la paraestatal documentó al menos 500 casos que involucraron a empresas con ingresos
millonarios, obtenidos de los contratos con Pemex, y domicilios fiscales en casas habitación.
El entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ordenó la contratación de una empresa que certificara a los proveedores, pero este proyecto nunca se concretó; no al menos hasta 2010, dijo Acosta Félix.
Las intermediarias o comercializadoras tenían contactos dentro de Pemex y domicilios fiscales en casas habitación o en sitios en donde no existía ninguna oficina o instalación que pudiera ser considerada como una empresa, narró el funcionario de la CNH.
Una de las irregularidades detectadas es que los contratos fueron adjudicados de manera directa, o por invitación restringida a sólo tres proveedores, y con sobreprecios hasta de 2 mil por ciento.
El modus operandi era sencillo, dijo el comisionado. Las supuestas empresas
tenían el contacto dentro de Pemexy de ahí se elaboraban las propuestas para participar en las adjudicaciones. Las prácticas fueron llevadas a cabo por mandos medios, por personal de confianza, aseguró el comisionado en entrevista con este diario.
Acosta Félix destacó que las prácticas detectadas en Coatzacoalcos hace 12 años fueron repetidas en la misma entidad durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y se documentaron en reportajes periodisticos.
Para el especialista en temas de transparencia y combate a la corrupción, Petróleos Mexicanos debería hoy revisar minuciosamente a sus empresas proveedoras para evitar las prácticas descubiertas durante su estancia en Pemex, en la primera década del siglo.
Aunque aclaró que ya no tiene ninguna injerencia en Pemex, el comisionado opinó que las condiciones en materia de corrupción
no han cambiado mucho.
Datos ofrecidos por el comisionado de la CNH señalan que México no ha tenido avances importantes en el tema de la percepción sobre la corrupción.
En 1995, México obtuvo una calificación de 3.2, cuando la mejor puntuación es 10. Desde ese año, la calificación más alta obtenida fue en 2001 con un 3.7. Para 2017, el índice de percepción de corrupción México tuvo una evaluación de 2.9.
Acosta Félix aseguró que, desde la aprobación de la reforma energética, la CNH ha adjudicado 107 contratos petroleros a empresas nacionales y extranjeras con base en las mejores prácticas internacionales de transparencia. Estos contratos representan inversiones por 160 mil millones de dólares.
