Rúbrica
El
embuste de la “estabilidad y paz social”
Por
Aurelio Contreras Moreno
Una de las peores falacias tanto de la
anterior como de la actual administración estatal son las cifras alegres que
una y otra manejaron siempre respecto de la inseguridad y el combate a los
criminales.
Ahora mismo, en la víspera de su segundo y
último informe de labores, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se
vanagloria de sus “logros” en materia de seguridad, mismos que se difuminan
ante la terca y miserable realidad de dolor y sangre del estado de Veracruz.
Una región que se ha vuelto emblemática de la
incontrolable violencia homicida que asuela a la entidad es la que tiene como
cabeceras a los municipios de Córdoba y Orizaba. En el pasado, famosa por ser
un importante corredor de actividad industrial, pero que hoy aparece en los
titulares internacionales por el horror que ahí acontece.
Sin que ninguna autoridad, pasada y presente,
hiciera nada por evitarlo, toda esa zona se convirtió en un botín del crimen
organizado, que comenzó a infiltrarse en su sociedad y en sus gobiernos, en sus
policías, que en lugar de generar confianza, causan terror entre los ciudadanos
cuando se los topan.
Eso no es gratuito. Las policías estatal y
municipales en la región han estado implicadas en múltiples casos de abusos de
autoridad, violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias y, lo más
grave, tortura, secuestros desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales. Nada de esto ha sido admitido nunca por el gobierno, pero los
hechos ahí están.
En particular, en la ciudad de Orizaba estos
abusos, junto con una escalofriante sensación de indefensión ante los
criminales de uno y otro lado –aunque en realidad la línea que los separa es
prácticamente invisible-, se volvieron parte de la cotidianidad por los menos
durante los últimos cinco años, en los cuales ha estado al frente de las
corporaciones policiacas un personaje siniestro: Juan Ramón Herebia.
Sobre este individuo pesan señalamientos
directos sobre amenazas y abusos flagrantes. Incluso, se le acusa de haber
despojado a su familia, pistola en mano, de una empresa expendedora de gas para
consumo doméstico. Aunque lo peor es que como autoridad, convirtió a la policía
municipal orizabeña en un “cártel” más de los que operan y violentamente se
disputan esa “plaza”.
Para no ir muy lejos, en el caso de los
hermanos Ernesto y Román Pérez González, asesinados a mansalva por la policía
municipal el pasado jueves 1 de noviembre, la madre de las víctimas señala que
el propio Herebia estuvo presente y que alteró personalmente la escena del
crimen para intentar incriminar a sus hijos y justificar la versión del
“enfrentamiento” que hicieron circular poco después de la ejecución.
Además, la madre de los jóvenes asesinados
aseguró haber sido amenazada directamente por el ex jefe policiaco, que ante el
escándalo y la indignación de la sociedad orizabeña pidió licencia por 90 días,
luego fue “destituido” de su cargo como director de Gobernación por el
presidente municipal Igor Rojí, y ahora no se tiene noticia alguna sobre su
paradero. Ni siquiera ha sido llamado a declarar.
A pesar de todo lo anterior, este domingo el
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prácticamente libró de cualquier
responsabilidad a Herebia y elogió a la policía orizabeña, describiendo una
realidad que solamente existe en su imaginación: “tanto la corporación como
Juan Ramón Herebia han sido muy eficientes en Orizaba y hay que reconocerlo; (la
policía municipal) es una de las mejores, si no es que la mejor del estado.
Orizaba tiene muy buenos índices de seguridad gracias a que han podido integrar
una policía que tiene recursos humanos, tecnológicos que quisiéramos que muchas
policías municipales tuvieran”.
Con razón Miguel Ángel Yunes asegura en la
publicidad de su segundo informe que “en solo dos años, recuperamos la
estabilidad y la paz social en Veracruz”. Vive en otra galaxia. O pretende
seguir engañando a los veracruzanos.
Lupita
Mora: dos años de impunidad e injusticia
A pesar de conocer la identidad y la ubicación
actual del homicida, la Fiscalía General del Estado detuvo por completo la
investigación y las pesquisas sobre el artero asesinato de la maestra Guadalupe
Mora Palacios, ocurrido hace exactamente dos años. Caso que, muchos otros, se
mantiene monstruosamente impune, con todo y que al tomar este organismo, Jorge
Winckler se comprometió personalmente a resolverlo. Claro, como no hay
intereses políticos de por medio, a él y a su jefe les importa un comino.
Y todavía se preguntan por qué queremos que
ya se vayan.
Twitter: @yeyocontreras