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| Los líderes comunitarios de Ostula acusaron en la Ciudad de México al Gobierno federal y al de Michoacán de implementar una estrategia de exterminio contra los habitantes de la comunidad que defienden la riqueza de sus tierras. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo. |
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo). – Detrás de la intervención militar en Santa María de Ostula y en el
desarme que se prevé para el próximo 31 de agosto, está un botín jugoso que
tanto empresas como políticos se saborean: los minerales de sus bosques y la
franja de playas que comprenden varias comunidades y por eso “nos quieren
matar”, denunciaron comuneros del municipio de Aquila, Michoacán.
“Es una franja desde San Juan de Alima hasta Lázaro
Cárdenas. Ahí el gobierno tiene en la mira de hacer zona hotelera, por arriba
son puros cerros, pero llenos de mineral”, dijo Nicolás Flores Legardo,
presidente Ejidal de la comunidad de Ostula.
Flores Legardo explicó que se trata de una
estrategia de exterminio de más de 30 mil habitantes que viven en Ostula,
Pómaro y Coiré a través de la intervención de las fuerzas federales, estatales
y del crimen organizado.
“El
gobierno federal y el de Michoacán quiere arrasar con todos, al gobierno no le
interesamos nosotros. Quieren las tierras para hacer hoteles y minas, por eso
el gobierno nos está mandando matar, nos quiere acabar. El gobierno no
pone las manos, pero manda los sicarios por delante, pagados por él”, expuso el
comunero.
Gregorio Santos Girón, comunero de la localidad,
agregó que mientras los “grandes empresarios ven el oro, nosotros vemos bosque
y tierras para sembrar; mientras ellos ven en las playas grandes hoteles,
nosotros vemos a las tortugas marinas y lo vamos a defender”.
Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad de Ostula,
detalló que los habitantes del lugar viven un acoso constante y una
guerra de baja intensidad.
“Estamos
recibiendo demandas de pequeños propietarios, tenemos otros que pretenden
promover juicios de bienes comunales. El robo de madera que hicieron Los
Caballeros Templarios, intentos de asesinatos contra el Comandante. Hay un
constante acoso para cansar a la comunidad, para fatigar, exterminar a los
pueblos indios. Eso es lo que pretenden porque es una zona virgen”, dijo.
Desde 2009 a la fecha, cuando los habitantes
iniciaron un proceso legal para recuperar sus tierras, hay 32 comuneros
muertos, seis desaparecidos y un niño asesinado.
Cristian Chávez, asesor de la comunidad, recordó el
robo de madera por parte de Los Caballeros Templarios en la región desde 2003 a
2014.
El granadillo, una madera preciosa en peligro
de extinción, que en 2014 se vendía a 3 mil 200 dólares el metro cúbico, es una
de las causas de esa persecución.
Actualmente los comuneros tienen resguardados 138
metros cúbicos recuperados a la banda criminal que se dedicaba a talar y sacar
por carretera, con permisos de los alcaldes, burlando los retenes de la Marina
cientos de metros cúbicos para exportarlos a China.
La madera recuperada se encuentra en el Auditorio
Comunal, lo cual representa una amenaza constante en contra de la comunidad,
dijo Chávez.
El abogado de la comunidad de Ostula explicó que
las autoridades medioambientales les ponen “miles de trabas” a los habitantes
para disponer de la madera recuperada, cuando a los criminales les permitieron
durante año sacarla en camionetas de Ayuntamiento de Aquila.
Chávez denunció que otro de los motivos que posee
el gobierno para abatir a las comunidades indígenas de la zona costera de
Michoacán, son las tierras ricas en minerales.
Actualmente la compañía minera Ternium mantiene un
constante interés en la zona, pues de las 19 mil hectáreas de la comunidad de
Ostula, 7 mil 913 están concesionadas a la actividad minera para la explotación
de hierro, cobre, plata y oro, explicó.
EL EJÉRCITO, OTRA
VEZ
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| Los pobladores de Ostula acusan a un miembro del Ejército de matar al niño Hidelberto Reyes García, el pasado 19 de julio, durante un enfrentamiento que dejó también 18 civiles heridos. Foto: Cuartoscuro |
Los líderes comuneros de Ostula denunciaron que los
miembros del Ejército Mexicano que dispararon a la comunidad el 19 de julio
pasado y que dejaron como saldo un niño muerto y 18 civiles heridos, se niegan
a enviar informes solicitados en el marco de la investigación que
realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
“El asesino de Hidelberto [Reyes García] es un
soldado y el Ejército está protegiendo a ese asesino. Las pruebas demuestran
que el asesino es un soldado”, dijo el abogado de los comuneros.
Raymundo Ortiz explicó que miembros del Ejército
mexicano robaron unos radios a los policías comunitarios a través de los cuales
amenazaban a los comuneros.
“Les decían ‘ahí van Los Templarios, ahora sí chingaron
a su madre’, tenemos más de seis declaraciones con eso. En la averiguación se
dice que miembros del Ejército fueron los que dispararon y hay dos
solicitudes que les piden que informen quiénes iban, a qué batallón
pertenecían, cuál era su mando. Que presenten rifles, las armas para hacer
pruebas de balística. La bala alijada en Hidelberto es de un soldado, está casi
completa y ahí se va a dar con el asesino”, explicó.
La evidencia indica, dijo el abogado, que un
soldado disparó al niño desde su vehículo en movimiento.
“Los fusiles que se le requirió al Ejército no los
han presentando. Ellos iban a enfrentarse con gente armada, pero encontraron
civiles y eso no los detuvo”, agregó.
Los comuneros y su abogado insistieron que tanto el
Ejército, como las autoridades del estado de Michoacán están protegiendo a ese
asesino y también al cártel de Los Caballeros Templarios.
Gregorio Santos Girón dijo que el comandante de la
Policía Comunitaria de la comunidad Cemeí Verdía Zepeda, se encuentra preso
gracias a la colusión de las autoridades municipales y estatales con los
miembros del crimen organizado.
“Lo que digan el Gobernador Salvador Jara y otros
funcionarios en el sentido de que dicho cartel templario se encuentra
desarticulado es falso y muestra esa monstruosa complicidad”, afirmó.
Gerardo Camacho de la Rosa, del equipo de apoyo de
la comunidad, reveló que se prepara un nuevo ataque para el 31 de agosto.
Santos Girón agregó que sus sospechas se basan en
declaraciones que realizó el Gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, de que
habrá un desarme para finales de mes y de la entrada a la comunicad desde hace
una semana de fuerzas federales.
En junio en
entrevista con El Universal, el perredista dijo
buscará nuevas formas de combate a los delincuentes.
“No puede haber este desorden entre cuerpos
policiacos y grupos ciudadanos haciendo tareas que no les corresponden”, dijo
Aureoles.
Nicolás Flores aseguró que la policía comunitaria no
entregará sus armas, debido a que ser armaron para defender a sus familias.
“De donde vivimos a 500 metros está el retén de la
Marina, cuando vamos a pedirles ayuda, nos dicen que no pueden actuar, porque
necesitan una orden”, dijo.
Los comuneros también denunciaron que el acuerdo
que la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció con los comuneros de
instalar una mesa de diálogo en un plazo no mayor de 15 días, no ha sido
cumplida.
Santos Girón precisó que el bloqueo de un
grupo de comuneros de la comunidad de Pómaro en la carretera costera número 200
obedece a un líder de Los Caballeros Templarios.
“Fue organizado por un grupo de comuneros y las
autoridades corruptas de dicha comunidad dirigido por el templario Juan
Hernández, quien en su momento trabajó bajo las órdenes de Servando Gómez
Martínez alias ‘La Tuta’, para robar la madera y los minerales de la
comunidad”, reveló.
Los comuneros de Ostula llamaron la atención sobre
las negociaciones del Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno,
con el grupo bajo las órdenes de un líder Templario.
“Creando la apariencia de que dichos acuerdos
habrían sido pactados con las comunidades indígenas de Pómaro, Ostula y Coire.
Situación que desmentimos tajantemente y ponemos como prueba la complicidad
entre el Gobierno del estado y Los Templarios”, dijo Santos Girón.
El Gobierno
de Michoacán agregó, se ha negado a dialogar con los comuneros de Santa María
de Ostula.
