Por Carmen Aristegui
A media tarde de ayer, 27 de diciembre, inició el proceso de liberación
de los últimos 14 presos por los hechos sucedidos el pasado primero de
diciembre.
Con una medida forzada, se abrió la puerta para liberar a los que nunca debieron estar en cautiverio. Tuvo que realizarse una votación en la ALDF para reducir, sustancialmente, las penas por el delito de perturbación de la paz pública, para que pudieran ser pagadas las fianzas que permitieran su liberación.
Por alguna extraña razón el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió no optar por el desistimiento de las acusaciones que, a todas luces, resultaban insostenibles y prefirió dejar abiertos los procesos a 14 personas. Los últimos 14 quedaron en la cárcel a pesar de que se encontraban en situaciones similares a las del resto de los detenidos. ¿Por qué estos 14 y no otros? Acaso otro producto del azar.
La acción policiaca indiscriminada llevó de un jalón a casi 100 personas a la cárcel. Veintisiete fueron liberadas en el Ministerio Público algunas horas después. Fueron consignadas 70. Días después la jueza María del Carmen Mora Brito dejó en libertad a 56 y se mantuvo en la cárcel a los 14 que ahora salen libres bajo fianza. Trece hombres y una mujer en una suerte de simbolismo extraño.
También, por otra extraña razón, ni el gobierno federal ni el capitalino han podido identificar y consignar a los que sí participaron en los reprobables hechos de vandalismo y violencia orquestada que se dieron en la ciudad y que, sin lugar a dudas, merecen ser identificados y sancionados.
Las decenas de personas injustamente detenidas fueron víctimas de un operativo policiaco que se llevó a los que no y dejó libres a los que sí participaron directamente en los destrozos, disturbios y violencia contra la policía. Se trató de una acción que -ahora queda claro- fue deliberada, organizada y calculada con propósitos que tendrán que ser esclarecidos.
Las escenas difundidas quedaron en la mente de millones de personas que vieron la furia y el propósito destructivo de esos jóvenes que -a su vez- instigaban a otros a participar de las agresiones. ¿Quiénes son aquellos que, sin lugar a dudas, tenían como objetivo instalar el caos, provocar el miedo y provocar a otros para desatar violencia? ¿Son acaso los nuevos "halcones" de los tiempos que creíamos idos?
¿Por qué los policías arrean contra decenas de personas que estaban a muchos metros de distancia de donde sí ocurrían las agresiones y se llevan a quienes participaban pacíficamente en una protesta o pasaban por el lugar, simplemente, como lo demuestran los videos que circulan profusamente a través de los medios y de las redes? ¿Por qué en los videos no se ve, en ningún momento, que las fuerzas policiacas hagan intento alguno para detener o frenar a los que sí causan destrozos a decenas de metros de distancia?
La falta de información que clarifique con rigor lo sucedido desata las peores especulaciones.
¿La orden de detener a inocentes por culpables fue un acto de poder deliberado -lo cual sería de suma gravedad- o estamos, simplemente, frente a una enorme ineficiencia o estupidez policiaca? Lo segundo sería menos grave que lo primero. Lo primero conduce a pensar que, desde algún sitio, del poder entrante, se concibió la idea de que era tiempo de satanizar, criminalizar y debilitar a aquellos que salieron a las calles para manifestar su inconformidad y protesta por lo que llamaron la consumación de una Presidencia impuesta. En esta hipótesis cabe la pregunta sobre si hubo o no coordinación -y de qué tipo- entre los mandos y fuerzas de los dos gobiernos entrantes y aún de los salientes en el ámbito local y federal.
Lo sucedido con las detenciones arbitrarias ha atrapado la atención de la opinión pública y ha desdibujado otros ángulos que no pueden pasar desapercibidos.
Lo sucedido en San Lázaro tampoco ha sido dilucidado. Las personas violentas que lanzaron bombas molotov (repartidas varias de ellas en carritos para el súper y diablitos de carga tal como lo narra el abogado David Peña, de la liga de abogados "primero de diciembre") no fueron detenidas. Tampoco se ha esclarecido quiénes eran y qué hacían del lado de los policías federales, individuos que portaban barretas y cadenas. Se dijo que podrían ser trabajadores de la empresa que colocó las vallas, pero eso tampoco ha sido demostrado.
La instalación de vallas enormes para hacer un cerco a San Lázaro y el cierre de estaciones del Metro muchos días antes de la toma de protesta podrían ser algo más que un mal augurio de lo que después sucedería.
Con una medida forzada, se abrió la puerta para liberar a los que nunca debieron estar en cautiverio. Tuvo que realizarse una votación en la ALDF para reducir, sustancialmente, las penas por el delito de perturbación de la paz pública, para que pudieran ser pagadas las fianzas que permitieran su liberación.
Por alguna extraña razón el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió no optar por el desistimiento de las acusaciones que, a todas luces, resultaban insostenibles y prefirió dejar abiertos los procesos a 14 personas. Los últimos 14 quedaron en la cárcel a pesar de que se encontraban en situaciones similares a las del resto de los detenidos. ¿Por qué estos 14 y no otros? Acaso otro producto del azar.
La acción policiaca indiscriminada llevó de un jalón a casi 100 personas a la cárcel. Veintisiete fueron liberadas en el Ministerio Público algunas horas después. Fueron consignadas 70. Días después la jueza María del Carmen Mora Brito dejó en libertad a 56 y se mantuvo en la cárcel a los 14 que ahora salen libres bajo fianza. Trece hombres y una mujer en una suerte de simbolismo extraño.
También, por otra extraña razón, ni el gobierno federal ni el capitalino han podido identificar y consignar a los que sí participaron en los reprobables hechos de vandalismo y violencia orquestada que se dieron en la ciudad y que, sin lugar a dudas, merecen ser identificados y sancionados.
Las decenas de personas injustamente detenidas fueron víctimas de un operativo policiaco que se llevó a los que no y dejó libres a los que sí participaron directamente en los destrozos, disturbios y violencia contra la policía. Se trató de una acción que -ahora queda claro- fue deliberada, organizada y calculada con propósitos que tendrán que ser esclarecidos.
Las escenas difundidas quedaron en la mente de millones de personas que vieron la furia y el propósito destructivo de esos jóvenes que -a su vez- instigaban a otros a participar de las agresiones. ¿Quiénes son aquellos que, sin lugar a dudas, tenían como objetivo instalar el caos, provocar el miedo y provocar a otros para desatar violencia? ¿Son acaso los nuevos "halcones" de los tiempos que creíamos idos?
¿Por qué los policías arrean contra decenas de personas que estaban a muchos metros de distancia de donde sí ocurrían las agresiones y se llevan a quienes participaban pacíficamente en una protesta o pasaban por el lugar, simplemente, como lo demuestran los videos que circulan profusamente a través de los medios y de las redes? ¿Por qué en los videos no se ve, en ningún momento, que las fuerzas policiacas hagan intento alguno para detener o frenar a los que sí causan destrozos a decenas de metros de distancia?
La falta de información que clarifique con rigor lo sucedido desata las peores especulaciones.
¿La orden de detener a inocentes por culpables fue un acto de poder deliberado -lo cual sería de suma gravedad- o estamos, simplemente, frente a una enorme ineficiencia o estupidez policiaca? Lo segundo sería menos grave que lo primero. Lo primero conduce a pensar que, desde algún sitio, del poder entrante, se concibió la idea de que era tiempo de satanizar, criminalizar y debilitar a aquellos que salieron a las calles para manifestar su inconformidad y protesta por lo que llamaron la consumación de una Presidencia impuesta. En esta hipótesis cabe la pregunta sobre si hubo o no coordinación -y de qué tipo- entre los mandos y fuerzas de los dos gobiernos entrantes y aún de los salientes en el ámbito local y federal.
Lo sucedido con las detenciones arbitrarias ha atrapado la atención de la opinión pública y ha desdibujado otros ángulos que no pueden pasar desapercibidos.
Lo sucedido en San Lázaro tampoco ha sido dilucidado. Las personas violentas que lanzaron bombas molotov (repartidas varias de ellas en carritos para el súper y diablitos de carga tal como lo narra el abogado David Peña, de la liga de abogados "primero de diciembre") no fueron detenidas. Tampoco se ha esclarecido quiénes eran y qué hacían del lado de los policías federales, individuos que portaban barretas y cadenas. Se dijo que podrían ser trabajadores de la empresa que colocó las vallas, pero eso tampoco ha sido demostrado.
La instalación de vallas enormes para hacer un cerco a San Lázaro y el cierre de estaciones del Metro muchos días antes de la toma de protesta podrían ser algo más que un mal augurio de lo que después sucedería.
Fuente: Reforma
