General Emiliano Zapata, Mpio., de Atlapexco, Hidalgo a 19 de noviembre de 2018
A la opinión pública
El pasado proceso electoral en nuestro país significó un escenario más de la democracia burguesa envuelto en la exacerbación de la violencia institucional; un mecanismo para determinar la siguiente administración federal a nombre de la voluntad del pueblo.
A pesar de la cantidad de votantes que se dieron cita en las urnas la esencia de clase en todo el proceso electoral siempre estuvo presente, desde el poder económico y político se hizo todo lo necesario para garantizar la continuidad y defensa de privilegios e intereses de una minoría que se apropia de la riqueza nacional.
La clase burguesa en nuestro país no es un ente amorfo, está compuesta por distintos hombres, los cuales se encuentran asociados en diferentes grupos de poder económico y político, lo confirma que 16 mexicanos, encabezados por Carlos Slim, amasan una fortuna tasada en 141 mil millones de dólares.
Entre los diferentes hombres de “negocios” no existe homogeneidad, entre ellos prevalece una lucha por los intereses contrapuestos pero ésta se desenvuelve en un terreno fácil de lidiar a través de pactos y acuerdos porque son contradicciones no antagónicas. A esto obedece los vaivenes en la política interna del país, porque desde estos grupos de poder no buscan la superación cualitativa de este régimen oprobioso, su objetivo es lograr amasar cuantiosas fortunas a costa del pueblo trabajador.
A pesar de la crisis en la que se ve envuelta la economía mundial y la de nuestro país, estos oligarcas no tuvieron mermas en sus negocios, por el contrario, las estadísticas señalan un incremento superior al 20 por ciento de sus ganancias. Hecho que contrasta con las condiciones materiales de existencia de la mayoría de los trabajadores del campo y la ciudad quienes tienen que sobrevivir con menos de cien pesos al día o cubrir jornadas de trabajo extenuantes de más de 12 horas al día por 150 pesos.
Este fue el escenario en el que se desenvolvieron las pasadas elecciones, acompañadas por un ambiente de crisis económica y política, con el desbordamiento de la violencia que alcanzó a varios sectores populares, incluso dentro de los propios elementos de la política institucional. Antes, durante y después, la violencia de Estado estuvo desatada, la lista de crímenes de lesa humanidad engrosó sus números después de este proceso.
El “triunfo” de Andrés Manuel López Obrador se da en este contexto, el arribo de quien en su pasado como candidato fue descalificado hasta el hastío por parte de organismos políticos y económicos de la oligarquía mexicana y por sus propios adversarios políticos, hoy coronado con el “triunfo”, dan continuidad a su interés de mantener los mecanismos de coordinación y buen entendimiento por el “bien de los mexicanos”, lo que devela el “así sí” que garantiza sus intereses mezquinos.
Este cambio en la vida del país es la comprobación de la crisis política del régimen neoliberal configurado desde hace más de tres décadas, indica que los mecanismos de opresión que comúnmente garantizaban el sojuzgamiento del pueblo trabajador en beneficio de un puñado de empresarios son insuficientes, por el descontento popular ya no es posible gobernar con las mismas formas y métodos autoritarios, era menester dotar de cierta “legitimidad” a las corroídas instituciones de la democracia burguesa.
El descontento popular creciente en toda la geografía mexicana es la crítica política de las masas conscientes contra el régimen que en los últimos años permitió el surgimiento de nuevas formas de lucha, ante este escenario, el grupo empresarial que detenta el poder convino preciso generar relativas concesiones para cosechar las jugosas ganancias que ofrece la imposición sistemática del neoliberalismo por más de tres décadas y sus recientes reformas neoliberales. La política de los organismos que representan el interés de la oligarquía pugnan por mantener contra viento y marea el régimen neoliberal.
Los resultados del pasado proceso electoral no pueden ser considerados como un “hecho histórico” porque las bases económicas del régimen están intactas. El amplio margen de la victoria no significa la garantía de una transformación profunda del país; la cantidad amplia de votantes que se dieron cita en las urnas no significa que estén asegurados los intereses del pueblo trabajador.
El pueblo exige el fin del régimen neoliberal, cada una de sus luchas lleva implícita esta exigencia y en tanto las bases económicas que le dan sustento no sean liquidadas en su totalidad no se puede hablar de una revolución democrática.
La bandera de lucha contra la corrupción fue el eslogan de campaña del candidato triunfante, hoy se eleva como la parte medular de su política de gobierno, al considerarla como el principal problema que vive el país, sin embargo, la pobreza, la desigualdad social y el terrorismo de Estado constituyen los principales problemas a resolver.
Se advierte que el próximo gobierno podrá marchar sobre premisas progresistas en la medida que se resuelvan las exigencias populares, sin embargo, la incorporación al gabinete de gobierno a todo un amasijo de elementos del régimen reciclados de distintas posiciones políticas, pone en duda el cumplimiento de las promesas de campaña. No se puede terminar con el terrorismo de Estado como política de gobierno cuando se incorporan a la administración federal a criminales de Estado y cuando se pretende reclutar a más de 50 mil jóvenes para fortalecer al principal instrumento de represión en el país.
Al paso de los días y a punto de terminar el período de transición es inocultable la intensa actividad de los oligarcas haciendo política, buscan imponer su voluntad, por ejemplo, el magnate Carlos Slim a la cabeza de otros pugnan por la garantía de sus negocios en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), un megaproyecto que sólo beneficia a los grupos oligarcas.
El gobierno electo con cierto respaldo popular y con características que lo pueden identificar con un carácter progresista, promete romper con la política que marcaron 18 años de terrorismo de Estado desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; sostiene que acabará con el neoliberalismo, esto sólo será posible si se cumple con la exigencia popular de abrogar todas las leyes neoliberales que le dan razón de ser al régimen.
En la administración de Enrique Peña Nieto los crímenes de lesa humanidad incrementaron de manera ininterrumpida; la represión fue elevada a política de gobierno donde la masacre y los crímenes de Estado fueron la constante, Tlatlaya (junio de 2014), Ayotzinapa (septiembre de 2014), Apatzingán (enero de 2015), Tanhuato (mayo de 2015), Nochixtlán (junio de 2016)… son los botones de muestra de un gobierno antipopular y represivo que desde el primer día de su gestión se sostuvo con el respaldo de los cuerpos policíaco militares.
Con la imposición de las reformas neoliberales durante el mandato de Peña Nieto, las condiciones de miseria, pobreza, hambruna, desempleo y todo tipo de crímenes se convirtieron en una constante. Las promesas de campaña de Mover a México, entre otras, fueron las premisas para imponer todas y cada una de las exigencias de la cúpula empresarial que lo colocó en la presidencia de la República.
Existe un vínculo irrestricto entre las cifras de pobreza en México y la imposición de las reformas neoliberales, cada una de ellas golpeó certeramente en un aspecto particular de la vida de los trabajadores del campo y la ciudad. En el agro, la industria, el empleo, la salud, la educación… en cada uno de estos rubros las consecuencias son desastrosas para los pobres de nuestro país, que hoy comprenden más del 90 por ciento de la población mexicana.
El salario perdió más del 60 por ciento del poder adquisitivo lo que implica que cada vez es más difícil acceder a una calidad de vida más o menos estable. Los insumos diarios que requiere el organismo para vivir son inalcanzables, lo que conlleva a la degradación humana física, social y moral. Las políticas neoliberales matan de hambre al pueblo.
Con Enrique Peña Nieto se ofertó sin dique alguno la riqueza natural y energética al extranjero, la imposición violenta de las reformas neoliberales y sus consabidas consecuencias trajo consigo la pauperización de las masas trabajadoras. El saqueo, el despojo y la sobreexplotación son las constantes de este ciclo de acumulación de riqueza en manos oligarcas.
Existe una mayor dependencia económica respecto a las grandes potencias internacionales, principalmente Estados Unidos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio es la prueba irrefutable de que las grandes economías buscan paliar los estragos de la crisis con mayor sometimiento de los pueblos pobres como el nuestro.
El gobierno que termina deja un saldo muy nefasto en cuanto a las víctimas del terrorismo de Estado. Ayotzinapa es el caso que se distingue de los demás por la cantidad de víctimas directas, pero el baño de sangre es aun incuantificable. Es en este período que se dan los hallazgos de cientos de fosas clandestinas, las cuales son el fiel testimonio de la existencia de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
La impunidad en los casos de múltiples crímenes de lesa humanidad y de Estado fue uno de los distintivos de este gobierno que termina, no hubo ninguna sentencia que fuera acatada a cabalidad. El caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez obtuvo una resolución judicial que ordena la investigación de instancias militares; lo mismo el caso Ayotzinapa ninguna de ellas fue acatado por las autoridades gubernamentales, lo que evidencia la existencia del terrorismo de Estado y de un Estado de derecho que procura impunidad.
El terrorismo de Estado como política de gobierno es la expresión puntual de la violencia de clase impuesta en nuestro país a sangre y fuego. No hubo rincón de la geografía mexicana donde no fuera evidente el incremento desmedido de la lista interminable de detenidos desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, la tortura y otros tratos crueles al ser humano, lo que evidencia que todos somos víctimas indirectas de esta política criminal.
Un sexenio de carácter antipopular, represivo, pro empresarial y entreguista termina, tiempo que las organizaciones del movimiento popular sorteamos en más de una ocasión el zarpazo represivo que intentaba detener el avance de la organización independiente. En todo este tiempo desarrollamos tareas precisas que coadyuvaron a la identificación de los políticos del régimen que se develan como los enemigos de las masas oprimidas.
A la represión política se le enfrentó con el desarrollo de las formas metodológicas acordes con las exigencias del momento. Fueron los mil golpes del Estado los que templaron la voluntad de lucha, de las experiencias organizativas, algunas muy dolorosas, pero se logró abstraer las conclusiones políticas que se suman al acervo metodológico para hacer frente a la política represiva.
Tareas del movimiento popular
Las organizaciones del movimiento popular no debemos dejarnos persuadir por las promesas esperanzadoras ni enfrascarnos diatribas políticas o discusiones estériles. El análisis objetivo del acontecer nacional e internacional debe ser la guía para determinar las necesidades políticas del momento actual. Los objetivos a largo plazo siguen firmes en el horizonte en tanto no sea superada la contradicción fundamental entre capital y trabajo.
La necesidad de primer orden es fortalecer y desarrollar la organización independiente que desarrolle lucha combativa. Ante los llamados a enfrascar la lucha en las formas y métodos de organización del corporativismo, la sentencia es concreta, no hay motivo para la desmovilización. Las acciones políticas de masas en las calles siguen siendo una necesidad para hacer valer los intereses y necesidades más sentidas de las masas trabajadoras.
La táctica a desarrollar es seguir organizados de manera independiente, con las formas y métodos acordes a las exigencias que plantea la necesidad concreta para coadyuvar a la superación cualitativa de este régimen oprobioso. No hay lugar para simbolismos, porque las balas, los toletes y los crímenes de lesa humanidad son reales, por ello, los planes a desarrollar no deben perder la objetivad del análisis del acontecer nacional.
La lucha por la defensa de los derechos políticos y constitucionales debe servir de premisa para la construcción del sujeto consciente que comprenda que la solución de cada una de las demandas parte de la claridad política, del acto creativo que conduzca el actuar político por los terrenos fértiles de la conciencia proletaria. El acto catártico y desordenado coloca en la vulnerabilidad a los luchadores sociales y al movimiento popular.
La movilización combativa es la garantía en la exigencia de la solución a las demandas políticas y sociales, creer ciegamente que con la llegada de un nuevo gobierno no habrá necesidad de salir a las calles es un profundo error. A pesar de la intentona de negar la organización popular ante los llamados a atender los casos en particular, ésta es necesaria en tanto los derechos sigan conculcados por los distintos gobiernos. Debemos rechazar de manera tajante los vientos de neocorporativismo que niegan el derecho a organizarnos fuera de las estructuras gubernamentales.
El pueblo movilizado debe organizar y crear los organismos independientes que sean necesarios para salir avante en esta lucha desigual contra el poder que oprime, es decir, desarrollar formas políticas y metodológicas adecuadas capaces de agrupar al conjunto de explotados y oprimidos para exigir sus derechos a través de la movilización y la unidad popular.
Es necesario desarrollar la lucha independiente, que contemple los aspectos económico, político, orgánico e ideológico como premisa metodológica para romper con la vorágine que intenta ahogar los esfuerzos organizativos en los vericuetos de la institucionalidad burguesa.
Independencia económica con respecto al Estado, porque cualquier dependencia de esta naturaleza se transforma en la compra de conciencias, en la perversión de los métodos de organización y del conjunto del movimiento popular, situación que a la larga conduce a abrazar y corear las consignas del Estado mexicano.
Mantenerse firmes en este principio garantiza no caer en las garras de la corrupción económica y moral, estercolero que consume a cada uno de los políticos de oficio, empantanados en una forma de vida improductiva para el pueblo trabajador, salvo muy honrosas excepciones.
La organización independiente en el terreno político es tanto del Estado como de su aliado histórico el oportunismo. Significa delimitar puntualmente las formas metodológicas de lucha, porque el oportunismo siempre conduce al intento de la conciliación de clases, a ser masa corporativa de los gobiernos, por lo tanto, masas clientelares subsumidas en un proceso de descomposición humana y política.
La independencia ideológica significa que el pueblo tiene su propio sistema de conceptos y categorías con el cual analizar la realidad y de ahí poder discernir creativamente las necesidades a resolver. No podemos reproducir las ideas de quienes son responsables del baño de sangre contra el pueblo, tenemos nuestro propio cuerpo ideológico que da vida y sustento a nuestras aspiraciones fincadas en la lucha por el socialismo.
Nuestro principio debe ser concreto en manifestar el rechazo enérgico a cualquier medida que afecte al pueblo, denunciar categóricamente cada hecho represivo, cada acto de violación a los derechos humanos y cada acto de terrorismo de Estado.
La independencia como principio político y metodológico garantiza la combatividad y claridad de quién es el enemigo a combatir. No existirán titubeos para encauzar la lucha con los cauces combativos, por la senda de las acciones políticas de masas con este carácter.
Un nuevo proceso de corporativización del movimiento popular amenaza con abrirse en la actual coyuntura, algunos organismos que se decían independientes ven el terreno fértil para ampararse al cobijo de las formas burocráticas de organización y en las formas de hacer política de la democracia burguesa.
Las maniobras implementadas para escuchar el sentir de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado es la prueba fiel del intento de corporativizar sus justas demandas de presentación con vida y, el juicio y castigo a los responsables. Con estas acciones pretenden conducir a las familias y víctimas a un terreno fangoso de la burocracia institucional y negar de esa manera la verdad y la justicia para las víctimas.
La táctica es la movilización combativa, aún con el dolor a cuestas por la pérdida de un ser querido, sea por ejecución extrajudicial o desaparición forzada, no debe existir lugar para las lamentaciones en lo alejado de la individualidad. El dolor hoy es colectivo, porque todos somos víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado.
La pasividad no es una opción para los familiares de las víctimas de esta violencia desengrenada, la movilización es la única que garantiza la defensa activa de los derechos de cada una de las víctimas de tan execrables crímenes.
La presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos es la demanda principal, en ésta no hay ninguna terquedad absurda. La exigencia a los siguientes representantes de Estado es en función de la envestidura que pronto ostentarán, por eso los esfuerzos “humanamente posibles” son en correspondencia a ese título de la política interna del país y no como entes ajenos al poder político.
Pretender “curarse en salud” con artilugios de que no se posee una “varita” mágica para hacer “aparecer” a los detenidos desaparecidos es una maniobra ruin, por lo tanto, pedir perdón a nombre de los representantes del pasado es una actitud cómplice. Más que perdón es exigir delimitar la responsabilidad puntual de cada criminal de Estado en el cometido de múltiples crímenes.
La afirmación de que “los casos más antiguos no podrán ser atendidos por el paso del tiempo” representa un verdadero desacierto, denota un enorme desconocimiento en torno a los crímenes de lesa humanidad. Soterradamente se desliza la conclusión que no hay sistematicidad en el cometido de estos crímenes, por lo tanto, todos son delitos comunes que pueden prescribir.
La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y de estos casos existen una cantidad enorme en nuestro país. Las fosas clandestinas descubiertas en todo el país sentencian la discrecionalidad de los cuerpos represivos para cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones múltiples de derechos humanos.
No puede existir el perdón ni el olvido mientras no exista el conocimiento del paradero de miles de víctimas. No puede haber vuelta de la hoja en tanto en el país los crímenes de Estado sean una constante. Si los criminales tienen rostro y están plenamente identificados, no hay razón para darles el olvido y extender el manto de impunidad que les cubre. Los criminales de Estado deben ser enjuiciados y castigados.
Existen víctimas que pretenden ser borradas incluso de las estadísticas oficiales, es el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pero también de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, Carlos René Román Salazar, nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz… y miles de hombres y mujeres más a quienes es preciso reconocer su nombre y apellido.
El movimiento popular debe abrazar solidariamente todos estos casos y reivindicar en cada momento a todos los detenidos desaparecidos, todos son hermanos de clase que cayeron en las garras represivas del Estado mexicano.
Ante esta realidad, el conjunto del movimiento popular debemos luchar por:
- La desarticulación de todo el andamiaje que representa el Estado policíaco militar, exigencia que pasa por el desmontaje de todo el aparato represivo, en específico la desarticulación de los cuerpos policíaco militares que fueron creados exprofeso para reprimir al pueblo.
- La desmilitarización inmediata de todo el país, el retorno del ejército a sus cuarteles no se debe postergar para “mejores tiempos”, éste ha sido uno de los principales responsables de objetivar los crímenes de Estado.
- La derogación a la brevedad de todas las leyes neoliberales que han conducido al pueblo a la pobreza, a la miseria, a la hambruna, al desempleo, al subempleo, a la inmundicia…
- Cancelación de toda ley de seguridad interior o seguridad nacional que institucionalice el cometido de crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado.
- La presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, cada uno de ellos es un hermano de clase, una bandera de lucha y una razón para mantener la lucha contra el terrorismo de Estado.
- La presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Fidencio Gómez Sántiz, de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, Carlos René Román Salazar, de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y la de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales.
- La libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país.
- Poner fin al despojo legalizado de tierras ejidales, comunales y pequeña propiedad para beneficiar a inversionistas extranjeros con megaproyectos que devastan el medio ambiente y la vida humana.
Los puntos anteriores son la razón de nuestra lucha, pero, también son las exigencias a la nueva administración federal.
ATENTAMENTE
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)
Comité Cerezo México
Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)
Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 de la CNTE
Colectivo Nacional Magisterial “Leonel Calderón Villegas”
CNTE Colectivo Veracruz
Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Brigada Multidisciplinaria de la UNAM
Comité Democrático Ciudadano
Frente Democrático Revolucionario Obrero y Campesino (FDROC)
Grupo Cultural “José Revueltas”
