Se mantienen "obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral", concluyó sobre México el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Paris Martínez (@paris_martinez)/ Animal Político
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas concluyó que esta problemática es generalizada “en gran parte del territorio” mexicano,
país en el que “imperan la impunidad y revictimización”, y
en donde se mantienen “obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral”.
Este lunes, 19 de noviembre, el Comité de la ONU publicó sus
“Observaciones finales sobre el informe presentado por México” en su calidad de
firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, documento en el cual se subraya
que este organismo internacional “observa con preocupación patrones de falta de
datos confiables sobre las desapariciones forzadas, escaso número de condenas”,
así como “la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar”
(alrededor de 35 mil, según informó el gobierno mexicano a principios de 2018).
Aunque en 2015 este órgano de la ONU presentó a México una serie
de “recomendaciones” para la cabal aplicación de la Convención, en sus
observaciones finales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas lamentó “la
falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones
formuladas”.
Entre esas recomendaciones presentadas por la ONU al Estado
Mexicano, se destacó, estaba la de reconocer la competencia del Comité, para
atender casos específicos de desaparición ocurridos en México, algo que las
autoridades nacionales se niegan a acatar desde 2007.
Por ello, en sus observaciones finales, el Comité de la ONU reiteró su demanda
al Estado Mexicano de que acepte la competencia de este órgano internacional
para atender casos específicos de desaparición.
Asimismo,
el organismo de la ONU consideró “deplorable” la negativa del gobierno a
aceptar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas realice una visita a
México, negativa que se mantiene desde 2013. Por ello, el Comité de Naciones
Unidas exigió a las autoridades nacionales que acepten esta visita y ofrezcan a
sus delegados las facilidades necesarias para realizar su trabajo.
Aunque
el Comité de la ONU calificó como un avance positivo la expedición de una Ley
General sobre Desaparición Forzada en México, este órgano de la ONU también
subrayó que “nota con preocupación el bajo nivel de implementación” de dicha
norma. Asimismo, el Comité destacó que “coninúa preocupándole la falta de
garantías adecuadas para la participación efectiva de las víctimas y sus
organizaciones”.
La
ONU, además, concluyó que la definición de desaparición cometida por
particulares incluida en la Ley General mexicana no encuadra con las
definiciones establecidas en los artículos 3 y 6 de Convención Internacional, y
“preocupa igualmente al Comité que no se incluya en el sistema jurídico del
Estado parte (México) la tipificación del delito de desaparición forzada como
crimen de lesa humanidad”.
Igualmente,
la ONU informó que “observa con preocupación que el Código de Justicia Militar
no ha sido modificado”, para incluir en él todos los criterios aceptados por
México al suscribir en 2007 la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En
materia de registro de casos de desaparición, el Comité de la ONU determinó que
en México prevalece “escasa participación y consulta de las organizaciones de
la sociedad civil y de las víctimas”, así como “ausencia de datos confiables y
desglosados”, y también la ausencia de “recursos financieros adecuados y
personal idóneo”.
Aunque
se consideró un avance que la ley general incluya herramientas de búsqueda de
víctimas, el Comité de las Naciones Unidas consideró que prevalecen “las demoras en la puesta
en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda” así como “retrasos injustificados
en la búsqueda inmediata y en la identificación”.
De
hecho, el Comité de la ONU informó que “está altamente preocupado por la insuficiencia de
servicios forenses en el Estado parte (México) para
responder a los procesos de búsqueda, de investigación, de exhumación e
identificación, para responder adecuadamente al creciente número de personas
reportadas como desaparecidas, los miles de cadáveres y restos óseos pendientes
por identificar, así como la contínua aparición de fosas comunes y clandestinas
en distintas partes de su territorio”.
Por
ello, el Comité de la ONU recomendó a las autoridades mexicanas “reformar la
institucionalidad forense y pericial”, mediante “la creación de una institución
nacional especializada y autónoma, que cuente con un servicio profesional de
carrera, sometida a un régimen de rendición de cuentas efectivo, que incluya
controles de calidad”.
En
materia de investigación, el Comité de la ONU concluyó que en México existen
“serias deficiencias (…) incluidas la falta de autonomía de las
investigaciones, la dilación en la ejecución de diligencias básicas, la
ausencia de investigación de campo, la falta de medios de prueba de base
científica, la fragmentación de las investigaciones y la ausencia generalizada
de una estrategia integral para la investigación”.
De
hecho, lamentó, en México “el seguimiento de hipótesis de investigación (se
realiza) sin fundamento y basadas en prejuicios y estereotipos sobre las
personas desaparecidas”.
Asimismo,
el Comité de la ONU destacó que en México se practica “el descarte automático
de casos de desaparición forzada de carácter temporal”, y la prevalencia de “la
tortura y malos tratos de sospechosos en la obtención de medios de prueba”.
Todos
estos elementos, señaló el Comité de la ONU “contribuyen a la impunidad
imperante en el Estado parte (México) lo que se ilustra con el número exiguo de
acusaciones y sentencias existentes, frente al gran número de personas
desaparecidas”.
Además,
la ONU determinó que las acciones de investigación y búsqueda no deben
limitarse a los casos registrados en los últimos años, sino también los casos
acumulados en las décadas de los 70 y 80, en el periodo de represión
gubernamental conocido como “guerra sucia”. En todos esos casos, el Comité de
la ONU “observa con preocupación la falta de avance en la investigación, en la
búsqueda de las personas desaparecidas y en la reparación integral de todas las
víctimas”.
De
hecho, para este grupo de víctimas de la guerra sucia, la ONU recomendó crear
un “mecanismo específico” de búsqueda, con la participación efectiva de sus
familiares.
Por
último, el Comité
de la ONU se dijo preocupado por “el rol otorgado a las fuerzas militares para
las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio” mexicano, así
como “la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de
hacer cumplir la ley”.
El
impacto de esta “militarización” en México, concluyó el Comité de la ONU,
podría generar “el aumento de la desaparición forzada” y de la “impunidad”.
Aquí
puedes consultar el documento íntegro de la ONU: https://tbinternet.ohchr.
