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| PGR investiga empresas mexicanas que lucran con la crisis de Venezuela (Twitter @Stellabeasly) |
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NOTICIEROS TELEVISA| FUENTE: NOTICIEROS TELEVISA | DESDE: CDMX, MÉXICO
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra empresas mexicanas y venezolanas que lucran con la crisis del país suramericano.
La institución indicó que gracias a una denuncia se inició una investigación en la Unidad Especializada en la Investigación con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en contra de diversas personas físicas y morales de México y Venezuela dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística al advertirse operaciones inusuales.
La investigación arrojó que el Gobierno de Venezuela emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS). Este programa tiene por objetivo distribuir entre la población afiliada despensas de alimentos a precios subsidiados.
En el año 2016 una red empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, obtuvieron recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental que tiene el propósito de adquirir despensas alimentarias en diversos países para exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor a su costo comercial.
La investigación también arrojó que las empresas mexicanas y extranjeras obtuvieron recursos al desviarlos de sus fines humanitarios, para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, con lo que se aprovecharon de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela, mediante tres mecanismos de operación: Adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112 por ciento superior al costo real.
La lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores: Alex “N”, quien está relacionado con autoridades de Venezuela, así como Álvaro “N”, Emanuel “N”, Santiago “N”, y Andrés “N”, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas.
El agente del Ministerio Público de la Federación celebró un acuerdo preparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación.
Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la cantidad de 3 millones de dólares (56 millones de pesos), los cuales serán destinados para atender el mandato de la institución internacional en América Latina y el Caribe. Los imputados se comprometen a no efectuar por sí o por interpósito de otra persona ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o con terceros que operen o se encuentran relacionados con el envió y comercialización de despensas alimentos o medicinas del país sudamericano mediante el programa CLAPS.
Durante la investigación se localizaron 1300 contenedores marítimos en tierra mexicana que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias con destino a Venezuela. Se tomó la decisión de no impedir el transporte de los productos para no aumentar la crisis alimenticia del país suramericano.
Con información de la PGR
BLR
