Rúbrica
Por
Aurelio Contreras Moreno
La
vergonzosa sentencia dictada en contra del ex gobernador veracruzano Javier
Duarte de Ochoa concitó una condena prácticamente unánime al sistema de
procuración e impartición de justicia de nuestro país, que como señalábamos en
la anterior entrega de la Rúbrica, está diseñado para favorecer a los
delincuentes y no para proteger a sus víctimas.
Fue
tal el escozor social y las críticas a la viabilidad de las instituciones tras
el fallo que “condenó” a Duarte de Ochoa a pasar nueve años en prisión –aunque
en realidad sólo estaría unos tres más, gracias a los “beneficios” del nuevo
sistema penal- y a pagar la ridícula suma de 58 mil 890 pesos de multa –cuando
se le acusa por un desfalco de más de 60 mil millones de pesos-, que en el
Congreso de la Unión buscaron reaccionar de alguna manera para, por lo menos, aparentar
como que hacen algo.
En
la Cámara de Diputados acordaron llamar a comparecer al encargado de la
Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán –cuyo paso por el
organismo será recordado como uno de los más lamentables de su historia, al
haberlo degradado a ser una grotesca herramienta de presión política- para que
explique la resolución del Ministerio Público federal.
Aunque
no hay mucho qué buscarle. Javier Duarte pudo acogerse al procedimiento
denominado juicio abreviado, declararse culpable y recibir una condena mínima
gracias a que, en las semanas previas, la PGR se desistió de la acusación por
delincuencia organizada que le imputó en un principio y que era el único delito
grave que enfrentaba el ex mandatario veracruzano. Así que hubo o dolo o una
incompetencia demencial por parte de la Procuraduría. Y en ambos casos tendría
que haber consecuencias. Claro, en un país donde se respetase la ley.
Pero
en el Senado de la República se aprobó un acuerdo que pudiera llegar a tener
mayores alcances. El Pleno de la Cámara alta urgió a la PGR y a
la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar al Gobierno de Guatemala que
autorice la extensión del acuerdo de extradición de Javier Duarte para que la
Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión en su contra
por el delito de desaparición forzada de personas.
Hasta ahora, la petición de la Fiscalía
veracruzana para que se agregue este delito a la carpeta de investigación que
se le sigue al ex gobernador no ha sido atendida por el gobierno guatemalteco,
ya que su símil mexicano se hizo “de la vista gorda” y no actuó en
consecuencia. En buena medida, porque el Gobierno de Veracruz cometió la
torpeza de politizar el tema y liberó la orden de aprehensión en plena campaña
electoral. Sin que le sirviera de nada, por cierto. Las campañas ya pasaron y
El PRI y el PAN fueron arrasados, con o sin Duarte de por medio.
Si el Gobierno de Guatemala acepta añadir este
ilícito al acuerdo de extradición, el ex mandatario veracruzano podría ser
procesado por un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada, que no
le permitiría aprovechar a acuerdos legales “benévolos” como al que acaba de
acogerse.
Y más allá de filias y fobias políticas, su
procesamiento estaría más que justificado. La responsabilidad de Javier Duarte
en la tragedia humanitaria que se
vive en Veracruz por las miles de desapariciones
registradas en su sexenio está acreditada tan sólo en el simple hecho de que
era el jefe de las instituciones del estado. Además de que hay señalamientos
directos en su contra por parte de implicados en estos hechos atroces. Por lo
menos estuvo al tanto, y no hizo nada.
Si el agónico gobierno de Enrique Peña Nieto
ignora esta petición del Senado, no habrá duda de su complicidad con Duarte y
tendría que ser llamado a cuentas por ello. Penalmente, incluso. Pero entonces
la responsabilidad de proceder recaería a partir del 1 de diciembre en la
administración de Andrés Manuel López Obrador, que este jueves se quejó de que
el fiasco en el proceso contra el veracruzano se debe a que no ha habido
voluntad para reformar las leyes y hacer de la corrupción un delito grave.
La desaparición forzada de personas no
solamente es un delito tipificado como grave en la legislación mexicana. Es una
monstruosidad. Así que López Obrador tendría la inmejorable oportunidad de
demostrar que su discurso, en el que asegura que no va a haber corrupción ni
impunidad, va en serio.
A ver si se atreve. Lo que es un hecho es que
para enjuiciar a Duarte por lo peor que pasó en su sexenio y evitar que se vaya
impune, ésta sí es la última oportunidad.
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Twitter: @yeyocontreras
