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| Instalaciones de Televisa en Periférico Sur |
JESÚS CANTÚ / Proceso
Desde que se discutía la
legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, los
especialistas advirtieron los riesgos que implicaba determinar la
preponderancia por sector y no por servicio. Sin embargo, la mayoría de los
legisladores (diputados y senadores) ignoraron las advertencias y no únicamente
dejaron pasar el proyecto en sus términos, sino que agregaron una nueva
cláusula en el artículo 9 transitorio para permitirle a Televisa adquirir
firmas de televisión restringida.
El
resultado ha sido justo el que preveían en aquel momento los expertos: Televisa
adquirió otras dos empresas de televisión de paga vía cable (Cablecom y
Telecable); tiene poder sustancial en 2 mil 124 localidades; posee el 61.9% de
los 16.1 millones de suscriptores de televisión restringida en el país y el
índice de concentración de la televisión restringida más alto en Latinoamérica,
casi el doble del de Chile. Lo peor es que dicho indicador de concentración ha
crecido en 23% a partir de la aprobación de la legislación secundaria.
El
favoritismo hacia Televisa se hace más evidente cuando se revisan el resto de
los servicios de telecomunicaciones: en el de telefonía fija la reducción del
índice de concentración ha sido constante desde el primer trimestre de 2013
(incluso antes de la aprobación de la reforma) hasta el cuarto de 2014; lo mismo
sucedió en el caso de telefonía móvil y banda ancha. Así, el único servicio en
el que crece la concentración es en el de la televisión restringida.
Obviamente,
entre las consecuencias de esta gran concentración destaca el hecho de que el
margen del grupo televisa es de 40% en televisión por cable y de 48.1% en la
vía satélite, que contrasta con el 25% de Megacable, uno de los principales
competidores de Televisa, con el 15.1% de los suscriptores, de acuerdo con un
análisis desarrollado por Jorge Fernando Negrete, Efrén Páez y Jorge Bravo.
Según
otro estudio de los mismos autores, lo anterior se traduce en una afectación al
bienestar de los consumidores, que tienen que soportar un incremento en los
precios del servicio: “Una vez más con base en cifras del IFT sobre tarifas de
servicios de telecomunicaciones, los precios del servicio de TV de paga
crecieron 2.5% entre febrero de 2013 y enero de 2015. Se trata de un lapso de
dos años sin que decrecieran las tarifas. El caso contrario fueron los
servicios de telefonía móvil (-16.7%), telefonía fija (-4.6%) e internet
(-0.8%) que en términos reales se ofrecieron más baratos a los consumidores
durante el mismo periodo”.
Las
diferencias entre el desarrollo de los distintos servicios claramente tiene que
ver con las resoluciones que ha tomado el órgano regulador: en los servicios de
telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha le aplicó la definición de actor
preponderante y, en consecuencia, con dicha definición dictó una serie de
medidas que han permitido disminuir los índices de concentración y abaratar el
precio de los servicios.
En
contrapartida, en lo que respecta al servicio de televisión restringida, cinco
de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
resolvieron hace unos días que Grupo Televisa no tiene poder sustancial y, por
lo tanto, resguardaron los privilegios del consorcio para seguir incrementando
su participación en el mercado, los precios de sus servicios, sus ganancias y
obviamente su concentración (Proceso 2031).
La
decisión de los comisionados del IFT consolidó de esa manera el proceso que
inició el presidente Enrique Peña Nieto con la iniciativa de ley que envió al
Congreso el año pasado –reforzada por los legisladores con la serie de
enmiendas que introdujeron–, y sobre el cual el órgano regulador emitió
sentencia con una resolución a todas luces insostenible.
El
trato privilegiado a Televisa únicamente puede interpretarse como el pago por
los servicios prestados de parte del grupo de comunicación para construir una
opinión pública que al final le permitió a Peña Nieto ganar la elección
presidencial en 2012, y ahora por su aporte a la magnificación del discurso oficial,
sobre todo en los momentos más difíciles, como el actual.
Es
muy sintomático que justo en una de las coyunturas más críticas para el actual
gobierno, particularmente por lo que hace a la grave crisis de derechos humanos
que se vive en el país –como han certificado la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas en sus recientes visitas a México–, los noticiarios de
Televisa dediquen espacios privilegiados al secretario de la Defensa Nacional
para defender la actuación del Ejército, y al subsecretario de Gobernación
Roberto Campa para intentar desacreditar el informe de la CIDH.
Así,
mientras el gobierno se encarga de preservar los privilegios y el poder
preponderante de Televisa, el consorcio se ocupa en incidir en la opinión
pública para intentar restaurar la tan dañada imagen del Ejecutivo federal… Un
intercambio de favores sin que importen las consecuencias que esto tiene para
la ciudadanía y el país.
A
pesar de la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, la televisión sigue siendo el medio de comunicación con mayor
penetración en México, y seguramente mantendrá dicha posición por algunos años
más. De acuerdo con las cifras del IFT, también es evidente que el número de
suscriptores de la televisión de paga en México casi se triplicó en los últimos
ocho años, y de 2013 a 2014 creció en casi 9%; es decir, se trata de uno de los
mercados con mayor crecimiento, lo cual lo vuelve muy atractivo para Televisa y
el gobierno.
Así,
al menos en este servicio los presuntos objetivos de la reforma constitucional
y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión sucumbieron ante la
voracidad del grupo Televisa y las necesidades del gobierno de Peña Nieto.
