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| Foto de archivo de una manifestación por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa |
MÉXICO, D.F. (AP/Diario de Yucatán) — Un estudio de un grupo de
expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México
sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal
hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó.
El
reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas
previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías
de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún
desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron
en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis
meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el
reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión
qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para
cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser
porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento
de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día
para transportarse.
El
reporte fue presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y
diversos invitados, incluidas autoridades federales.
“¡Porque
vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ni perdón, ni olvido, castigo a
los asesinos”, gritaron familiares.
Los
expertos, que dieron a conocer el documento ante los padres de las víctimas y
diversas autoridades, refieren que hay investigaciones que señalan que algunos
autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa
localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto
de más de 400 páginas, “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría
explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
El
reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
que en enero sostuvo que había logrado dar con la “verdad histórica” de lo
sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que el 26
de septiembre de 2014 los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron
detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico
que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río
cercano.
Pero los
expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos
cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la
conclusión para ellos no deja dudas: “los 43 estudiantes no fueron incinerados
en el basurero municipal de Cocula”.
Hasta
ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que
uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los
otros 42 alumnos.
El
denominado “Informe Ayotzinapa” documenta cómo policías estatales y federales,
además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde
antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar,
fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una
jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los
cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar
la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidos.
Para el
grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de
investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el
posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos
o privados.
La
desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que
va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido
que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia
su gobierno.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.
Hasta
ahora las autoridades han detenido a más de 100 personas, en su mayoría
policías municipales. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca también está
preso y es señalado junto con su esposa como probables autores intelectuales.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado una ampliación de dos
meses a la investigación del grupo de expertos, pero el gobierno aún tiene que
decidir si lo aprueba o no.
La ONG
Human Right Watch al conocer el informe lamentó que pese a la conmoción que
suscitó el crimen las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer
hacer una investigación seria por lo que indicó que la justicia mexicana
“necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa
actuación”.
