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| Una maquiladora de cortinas en Tijuana. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace
unos días la prensa anunció que el Gobierno del DF redujo la jornada de sus
burócratas. El conjunto de medidas incluye la salida a las 18:00 horas para
madres cuyos hijos cursen de preescolar a secundaria, una hora más de lactancia
para las mujeres que estén amantando, licencia de paternidad a los hombres por
15 días, y el primer y tercer viernes de cada mes la salida de los hombres a
las 3:00 de la tarde. ¿Qué significa esta propuesta? Algunos medios de
comunicación la plantearon como “beneficios” con objetivos electoreros, y
dejaron de lado lo que ha sido una línea clara del Gobierno del Distrito
Federal: reformular las condiciones laborales para alcanzar una mejor calidad
de vida.
Según el Foro Económico Mundial, en México la mayor brecha de
desigualdad entre mujeres y hombres se da en el ámbito del empleo. Desde el
año pasado, el gobierno de Mancera inició una serie de reformas sustentadas en
el propósito de dignificar el trabajo y frenar la erosión de los derechos
laborales. Decidió empezar por “limpiar la propia casa”, o sea, por poner en
orden la irregular situación de miles de trabajadores de la administración
local que llevaban años contratados por honorarios y sin derechos laborales,
medida de justicia que afectó positivamente a decenas de miles de empleados
que, aunque acumularan muchos años en el puesto, eran “eventuales”. También
Mancera planteó, y Patricia Mercado y Salomón Chertorivski lo secundaron desde
sus secretarías, la ineludible necesidad de subir el salario mínimo. La
iniciativa sobre el alza salarial se apoyó en sólidos estudios –uno
principalísimo, el que realizó Rosalbina Garavito– que mostraban la patética
situación de nuestro país (creo recordar que estamos por debajo de Haití). Fue
planteada por la gestión de Mancera como una palanca indispensable para abatir
la desigualdad endémica en que estamos inmersos.
En tanto que el PAN la retomó como bandera electoral, el
gobierno federal hizo caso omiso de la propuesta, y la instancia oficial
encargada de fijar el salario mínimo se negó a desindexarlo como indicador de
multas y otras medidas, no obstante las evidencias de que era necesario
hacerlo. Es indignante que cuando existe una propuesta que sin duda
beneficiaría al país, el partido gobernante no sea capaz de asumirla. Da la
impresión de que se resiste a suscribir una iniciativa importante y necesaria
sólo porque provino de la oposición.
Inspirado en señalamientos tanto de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), los cuales han declarado que la falta de medidas
efectivas para la conciliación entre los ámbitos laboral y familiar compromete
decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones, el GDF ha
decidido abordar dicha problemática. Una arista es el trabajo de cuidado
familiar, repartido de forma muy dispareja entre mujeres y hombres. Según datos
del INEGI (2013), en la república sólo 9% de los varones realiza labores de
cuidado. Desde el año pasado el GDF estableció la “Comisión para el impulso de
la economía del cuidado y de una política de igualdad laboral al interior del
Gobierno de la Ciudad de México”, e hizo un diagnóstico con perspectiva de
género de los puestos, salarios y movilidad del personal del GDF. De ahí surgen
varias medidas, entre las cuales se encuentran las que acaban de ser dadas a
conocer.
Reducir la jornada no implica disminuir la productividad. Al
contrario. En el mundo está comprobado que mejorar las condiciones de trabajo,
incluyendo la reducción de horas, produce cambios positivos en los trabajadores
e impulsa la productividad. Aunque hoy se sabe que la manera en que se logra
integrar el trabajo y la vida familiar es central para la sostenibilidad
ciudadana, la corresponsabilidad masculina de cuidado junto con el tema de las
personas dependientes siguen ausentes de la agenda política nacional. La forma
en que está organizado el cuidado estructura y valida las relaciones desiguales
entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la
marcha de la economía actual. Y como nuestra sociedad siempre producirá niños y
ancianos que requieran cuidados personalizados, junto con inevitables casos de
personas enfermas, inválidas o con alguna discapacidad, resulta imprescindible
reformular más equitativamente las cargas de trabajo asalariado y de cuidado.
La forma actual de trabajo, sin contemplaciones para las
necesidades de desarrollo personal y de cuidado familiar, afecta
diferencialmente a las mujeres y a los hombres. Que un gobierno local impulse
transformaciones en las jornadas, en los permisos y en las condiciones de
trabajo es una gran noticia y abre un horizonte de esperanza. Desde el
convencimiento de la importancia de conceptualizar los sistemas de cuidado y
protección no sólo como una necesidad de las personas en lo individual, sino
como recursos imprescindibles para la salud del conjunto social, es que el
gobierno de Mancera desarrolla su política laboral. Ojalá que el federal siga
esa línea, en lugar de negarse a hacer lo que necesita nuestro país.
