Las políticas contra la pobreza fracasan ante
políticas económicas que propician el desempleo y la marginación.
Es necesario atacar las causas, no basta con mitigar
las consecuencias.
No son aceptables nuevos programas
asistencialistas.
Urge dar una respuesta integral, alineando
todas las políticas al objetivo de acabar con la pobreza.
Se debe apoyar a los pequeños y medianos
productores agropecuarios del país para lograr la soberanía alimentaria.
Se debe regular el mercado de alimentos
sancionando a los monopolios que especulan y afectan el poder adquisitivo de
los consumidores.
Castigo a los gobiernos que se endeudaron sin
haber combatido a la pobreza.
COMUNICADO DE "EL BARZÓN"
COMUNICADO DE "EL BARZÓN"
El gobierno ha anunciado que el día 21 de
enero dará a conocer su propuesta para reducir el hambre y la pobreza en el
país. Si bien un objetivo de ese tipo es loable, es necesario advertir que para
poder concretarlo se requiere darle una visión y un contenido mucho más
ambicioso que asimile y las experiencias de programas que pusieron en marcha
anteriores administraciones nuestro país, así como las experiencias de otras
economías, como la brasileña.
Es importante recordar que México ya ha
desarrollado experiencias de políticas públicas orientadas a combatir el hambre
y la pobreza. Esas experiencias han contribuido a generar un marco legal con
ese propósito:
Ø Nueve tratados internacionales en relación con derechos humanos, que
obligan jurídicamente a México a hacer efectivo el derecho a una alimentación
adecuada.
Ø Reformas a la
Constitución (13 de octubre de 2011) por las que se incluyó
el derecho a la alimentación en los artículos 4 y 27 de la Constitución.
Ø El artículo 1 de la
Constitución dispone que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México
sea parte.
Ø Anteriormente, en la
Constitución ya se mencionaba el derecho de los niños a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación (art. 4) y la obligación de los
estados de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación (art. 2 B) III y VIII).
Ø Además, los artículos 2, párrafo 1, y 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establecen que México debe dedicar el máximo
de los recursos disponibles a lograr progresivamente la efectividad del derecho
a la alimentación.
Incluso, como lo reconoce el Relator de las
Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, México es un país pionero
en programas condicionales de transferencia de efectivo. Así, en 1997 se operó
el Progresa, que en 2002 se convirtió en Oportunidades, que hoy beneficia a
alrededor de seis millones de familias por todo el país, con particular énfasis
en los estados con mayores rezagos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Oportunidades
es un programa que ayuda a las familias pobres de las comunidades rurales y
urbanas a mejorar la educación, la salud y la nutrición de sus hijos mediante transferencias
de efectivo (entregadas por lo general a las mujeres y las madres), becas, servicios
básicos de atención de la salud y suplementos alimenticios. Si bien los
beneficios están condicionados, no existe un criterio que permita aprovechar
productivamente a esa condicionalidad.
A su vez, el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la
Familia con su Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria, mediante desayunos escolares y ayuda alimentaria a los grupos
vulnerables benefició a más de seis millones de niños en edad escolar, a casi
400,000 niños menores de 5 años; cerca de 800,000 familias en situación de
pobreza extrema o de emergencia a causa de un desastre, también beneficia a
casi un millón de personas en condiciones de vulnerabilidad.
También se cuenta con dos empresas que
llevan a cabo el abastecimiento de alimentos a diferentes tipos de población.
Por ejemplo, el Programa de Abasto Rural de Diconsa cuenta con 25,468 tiendas en todo el país, que en teoría
deben volver accesibles alimentos en comunidades con menos de 2,500 habitantes.
A su vez, Leche Industrializada Conasupo, Liconsa beneficia a seis millones de
personas, de los cuales 3.5 son niños menores de 12 años, propiciando una
mejora en tallas de los beneficiados.
De acuerdo con el Relator de las Naciones
Unidas, estos programas que demuestran la
determinación de México de velar por la accesibilidad económica para la
población y según las estimaciones del Gobierno, sin estos programas sociales
habría 2.6 millones de pobres más, es decir, el 13.5% de la población.
No obstante, a pesar de los recursos
invertidos y de los avances logrados por esos programas en torno de los
objetivos que se propusieron, los resultados en materia de pobreza y de combate
al hambre son muy limitados. Por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de
Desarrollo Social, que administra una gama de programas destinados a atender
las diferentes carencias sociales, creció de 30,000 millones de pesos en 2006,
a 95,000 millones en 2013. El problema está en que no van al origen de los
problemas.
Así, en las evaluaciones que ha hecho el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y en el informe
que presentó el Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación,
Olivier De Schutter, se encuentran las siguientes observaciones:
Ø No existe una concepción institucional de lo que significa desarrollo
social.¿Reducir pobreza por ingresos? ¿Reducir la pobreza multidimensional? ¿Atender
a la población en pobreza? ¿Reducir la desigualdad? ¿Acceso efectivo a los
derechos sociales o mejorar capacidades básicas?
Ø Las políticas y programas de desarrollo social no están directamente
asociadas a derechos
Ø Tampoco se tiene claro si los programas deben ser focalizados o
universales
Ø En el caso de la pobreza, se han confundido causas con efectos. Lo más
fácil ha sido atenuar los efectos.
Ø Una sola Secretaría (a nivel federal y estatal) es la responsable de
reducir la pobreza, no hay coordinación con las otras secretarías ni con las
entidades.
Ø Se han perdido elementos de evaluación rigurosa en entidades
federativas y municipios –censos de talla y peso en niños-.
Ø En 2006 uno de cada tres niños indígenas menores de 5 años (33.2%)
sufría malnutrición crónica, frente a uno de cada diez niños no indígenas (10.6%).
Las estadísticas nacionales también muestran que las mujeres y las personas de
edad son particularmente vulnerables a las privaciones en el acceso a una
alimentación adecuada.
Ø Existen incoherencias entre las diversas políticas sectoriales. Los
Programas de Sagarpa benefician desproporcionadamente a los productores más
ricos de la zona más rica del país.
Ø La liberalización paulatina del comercio agrícola impactó a los
productores más vulnerables debido al dumping en los mercados locales de
productos de los Estados Unidos
Ø A pesar del hambre, México vive una emergencia respecto del sobrepeso y
la obesidad debido a la ausencia de políticas orientadas a la mejora de la
dieta.
Ø Más del 95% del gasto de los programas sociales incluidos en el PEC
está destinado a los pobres, mientras que esa cifra es de menos del 8% en el
caso del gasto de los programas agrícolas
Ø Hay una gran dispersión de programas sociales al interior del gobierno federal
y entre entidades federativas. 273 programas y acciones federales, 2,391
programas y acciones sociales estatales
Ø No existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable en
áreas urbanas y que, además, puedan activarse frente a crisis coyunturales.
Ø En el ámbito educativo hay desigualdad en la calidad (aprendizaje) y en
el acceso, así como bajo desarrollo de la investigación básica y aplicada.
Ø Insuficiente e inequitativa distribución de infraestructura, equipo y
personal entre las entidades federativas.
Ø No hay claridad sobre el uso de los recursos provenientes del Seguro
Popular que se transfieren a cada entidad federativa.
Ø Calidad e insumos insuficientes en las clínicas de zonas marginadas.
Ø México está lejos de cumplir la
Meta del Milenio en Mortalidad Materna en 2015.
Pero, sobre todo, los diferentes programas
no sustituyen al factor determinante en el ingreso de las familias determinado
por los niveles salariales y la generación de empleo, en un país en el que, a pesar del petróleo, de las
remesas y de la migración que reduce el crecimiento poblacional, el PIB per
cápita creció a una tasa promedio anual de apenas 1.9% entre 1994 y el 2000; de
1.05% entre 2000 y 2006 y de 1.1% en el de 2006 al 2012. En una economía que
sólo genera empleos en el sector servicios y en el que, según las cifras del
IMSS, en el los últimos doce años el número de trabajadores asegurados creció
en sólo 3.4 millones, un período en el que la población en edad de trabajar,
entre 12 y 70 años, aumentó en 15.6 millones de personas, lo que refleja el
incapacidad de la política económica para generar empleos formales. En
particular, en un país que tiene la posibilidad de desarrollar una planta
manufacturera, determinante en el empleo formal de ingresos medio, los
asegurados del sector manufacturero se redujeron en 276,388 plazas. En cambio,
creció el empleo poco calificado en servicios, muchos de ellos en seguridad y
mantenimiento. ,
Adicionalmente, el poder adquisitivo del
ingreso de los trabajadores se ha reducido por efecto del comportamiento de los
precios de los alimentos. Entre noviembre de 2006 y noviembre de 2012 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor tuvo un crecimiento de 28.9%, pero el índice
de precios de los alimentos creció 46.8%, muy superior al crecimiento acumulado
del salario mínimo en ese período, que fue de 33.7%, o del crecimiento del
salario de cotización al IMSS, que aumentó sólo 35.7%.
Considerando lo anterior, se debe reconocer
que para lograr resultados de fondo se requiere atacar las causas y no
limitarse a atender los efectos. No atender las causas estructurales y tratar
de resolver sólo las consecuencias significa desperdiciar recursos, engañar a
la sociedad y perpetuar el problema. Se debe tener claro que, fundamentalmente,
la pobreza es consecuencia de un conjunto de factores generados por una
dinámica económica que propicia la concentración de la riqueza, bajos salarios
y altas tasas de desempleo.
Además de diseñar políticas que ataquen las
causas del hambre y la pobreza, éstas deben ser capaces de armonizar las soluciones
de corto y de largo plazo. Deben tener respuesta a las condiciones de
emergencia por rezagos acumulados o por coyunturas, como podrían ser los
fenómenos naturales; estas soluciones deben ser temporales, eficientes y
acotadas a los avances en las políticas estructurales que son determinantes en
los resultados en el mediano y largo plazo. Incluso, dependiendo del entorno y
las condiciones de la situación específica, podrá usar esquemas condicionales o
no, para lograr los mejores resultados.
En estas propuestas deben considerarse
factores que cada vez cobran más relevancia en el comportamiento del mercado de
alimentos: el aumento de la demanda mundial, el uso de los granos para producir
energía, la incertidumbre generada por el cambio climático y el agotamiento por
sobreexplotación de los recursos acuíferos y el suelo y, finalmente, la
especulación, incentivadas por el capital financiero y los monopolios del
sector, que tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se
encuentra el campo y el poder adquisitivo de la población.
Para lograr la solución de fondo, las
políticas estructurales deberán diseñarse para inducir una redistribución progresiva de la renta, un
aumento en la capacidad de producción, de la productividad y del volumen de la
oferta nacional de bienes básicos, así como una mayor generación de empleos de
calidad.
Estos requisitos condicionan las propuestas
que se deben de incluir en un programa destinado a combatir el hambre y la
pobreza en el país.
Considerando la magnitud del problema y la
fuerza que debe tener la decisión de resolverlo a fondo, impulsar un programa
de este tipo necesita establecer como objetivo
prioritario en la agenda nacional la decisión de abatir el hambre y la pobreza.
Para alinear los
instrumentos de política pública atrás de ese objetivo, se considera
pertinente:
Construir la Ley reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 4°
Constitucional, que a la letra dice:
Artículo
4º
…
…
Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará.
Así como darle plena vigencia a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
que es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 constitucional:
Artículo
27 constitucional
I-XIX…
XX.
El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia
técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y
organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
considerándolas de interés público.
El
desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior,
también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
Todo esto, en concordancia con la Ley
General de Desarrollo Social. Esto podría dar los elementos para lograr una
coordinación de todas las dependencias, gobiernos estatales y municipales, para
destinar recursos y esfuerzos al objetivo prioritario del país. Una estrategia
nacional de coordinación de las actividades de diversos ministerios y de
adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la
alimentación debería servir para evitar esas incoherencias.
A partir de esa determinación, se podrán
derivar una serie de acciones que contribuyan a recuperar la capacidad de
crecimiento, generar empleo y de redistribución progresiva de la riqueza en el
país. Entre esas medidas se pueden mencionar:
1.
Orientar las políticas de apoyo al
sector agropecuario, reduciendo los beneficios a los agricultores ricos, para
promover la producción de las pequeñas y medianas unidades productivas, con un
uso eficiente de los recursos, en particular el agua y la energía. En ese
sentido, hay que considerar la necesidad de fortalecer programas como el PESA,
que ha demostrado capacidad de cambiar las condiciones de producción en zonas
con alto rezago a agricultores con menos de 5 ha.
2.
Asegurar el suministro de insumos
de acuerdo con las necesidades de la nueva estrategia basada en la
sustentabilidad, mediante la promoción de la investigación, la producción de
semillas mejoradas y fertilizantes. En este mismo propósito, es necesario
mejorar y diversificar la propiedad de la infraestructura de almacenamiento,
para impedir que los intermediarios puedan retener la mayor parte del ingreso
agropecuario, a costa de los productores.
3.
Utilizar el efecto multiplicador
de la demanda generada por los programas sociales, como por ejemplo, la el DIF,
Liconsa y Diconsa, para asegurar las ventas y el ingreso de los pequeños y
medianos productores agropecuarios. Así, en lugar de buscar bajar los precios
mediante importaciones, se asegura un ingreso que permita mejorar las
condiciones de vida de esos productores y sus familias. Como señala el informe
del relator, de esta forma el Estado garantiza el cumplimiento de un objetivo
de corto plazo –mantener los programas alimenticios para la población- y los de
carácter estructural –mejorar el ingreso de los productores y crear las
condiciones para capitalizar al campo-. Sólo en la medida en que se fortalece
la capacidad de producción nacional, se podrá garantizar el mantenimiento, en
el largo plazo, de los logros del programa contra la pobreza y el hambre.
4.
Es necesario perfeccionar los
esquemas de fiscalización de los recursos destinados a estos programas para
evitar distorsiones y desviaciones indebidas, considerando la coordinación que
debe haber entre las secretarías del gobierno federal y los estados y
municipios.
5.
Para asegurar esta fiscalización y
el logro de los objetivos propuestos es importante la participación social no
corporativa, sino en un ambiente de democracia, rendición de cuentas y no
impunidad.
6.
Aprovechar las instituciones de
fomento, la banca de desarrollo y el Instituto
Nacional de la Economía Social, entre otros, para fortalecer la creación
de empleos productivos en las zonas urbanas, a donde han llegado muchos de los
desplazados del campo, a vivir en condiciones de marginación.
7.
El Estado de
manera democrática, no corporativa, deberá coordinar los esfuerzos de los
diferentes sectores, campesinos, trabajadores y empresarios, y la eficiencia de
su propia participación, para alcanzar los objetivos propuestos.
8.
Es necesario
advertir que la autoridad gubernamental no debe sucumbir a los intereses de los
grandes monopolios, que han sido responsable de promover un uso intensivo de
los recursos naturales, que fomentan el consumo de productos no nutritivos y
con su poder de negociación, han propiciado momentos especulativos, cada vez
más frecuentes, que les han producido importantes ganancias, en perjuicio del
poder adquisitivo de los consumidores.
En coordinación con el
objetivo estratégico, las propuestas deben considerar la necesidad de mejorar
los programas de las Secretarías de Educación, de Salud, y Medio Ambiente y
Comunicaciones y Transportes, para adecuarlas a la necesidad de promover la
convergencia de objetivos, dando lugar a un círculo virtuoso de crecimiento,
generación de empleos, mayor eficiencia económica, y mejores niveles de
bienestar para la mayoría de la población.
