Fuente: Fabiola Martínez/La Jornada/ Vanguardia
Permisionario
acusa que de manera irregular se avaló a empresas con las que tenía convenio.
Se utilizó su mismo número de registro, pese a que las concesiones son
intransferibles, señala el quejoso.
El presunto delito tiene que ver con el reconocimiento –presuntamente ilegal– que expidió la SG, el 15 de agosto de 2012, en favor de las operadoras (que tenían contrato con Emex): Producciones Móviles SA de CV y Exciting Games S de RL de CV.
La denuncia de hechos fue presentada el 7 de diciembre pasado en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex titular de la SG, Alejandro Poiré y el entonces subsecretario de Gobierno Obdulio Avila, así como los principales responsables de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de esta dependencia, además de los representantes y accionistas de las empresas en mención.
"Lo más grave no es que (la SG) les haya permitido operar dígase en calidad de operadores, sino que el primero de diciembre de 2012 los funcionarios públicos que se denuncian, en connivencia con las personas morales de Producciones Móviles y Exciting Games, lograron disponer indebidamente de un permiso federal para efectos de juegos y sorteos."
La cuestión –se añade en la denuncia ante la PGR– "es denunciar una conducta a todas luces criminal, que estas empresas no pudieron haber obtenido el permiso federal cumpliendo cabalmente con los requisitos necesarios, máxime que la operación de sus establecimientos ocurre desde mucho tiempo antes a que obtuvieran el permiso federal en obvia ilegalidad, puesto que un hecho lícito no puede partir de uno ilícito, no se puede enmendar el camino de lo legal tratando de ocultar lo ilegal".
Este litigio forma parte de un entramado de acusaciones –ante los medios de comunicación y en denuncias administrativas y penales– de funcionarios y casineros, en lo que se ha exhibido como una red de corrupción en este sector, irregularidades en las que están involucrados políticos del sexenio pasado, de extracción panista.
Así, la ampliación de la denuncia se enfocará –informó en entrevista telefónica Eduardo Campos, vocero de Emex– en las recientes declaraciones del exsubsecretario Obdulio Avila, quien en conferencia de prensa argumentó que las "resoluciones administrativas", con base en las cuales se extendieron los permisos, fueron por orden judicial. Además, porque hizo referencia a riesgos de que Emex (actualmente opera 25 casinos en el país) pudiera expandirse y convertirse en un monopolio del sector.
En los documentos que dejó la administración calderonista, las otrora operadoras de Emex aparecen ahora como permisionarias, con la misma clasificación que la empresa de Rojas Cardona, pero con el agregado, "Bis" y "Ter", pese a que la ley advierte que los permisos son intransferibles. La ampliación de la denuncia, precisó el vocero, se interpondrá en las próximas horas, "muy probablemente este viernes".
Por otra parte, Eduardo Campos negó relación alguna de Emex con Juan Iván Peña Neder y/o Talía Vázquez; el primero, supuesto operador de casinos, y su ex esposa, quien lo acusa de gestionar autorizaciones falsas para la apertura de establecimientos de juego, así como de haber entregado al hoy senador panista Roberto Gil Zuarth 800 mil dólares para cabildear el funcionamiento de un casino en Querétaro.
"Aquí no conocemos a las personas que me menciona", aseveró Campos.
En tanto, continúa la indagatoria que sobre este caso realizan los actuales funcionarios de la SG, por instrucciones de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong.
Aunque el lunes pasado el secretario dijo que en dos días daría un reporte de la situación en Juegos y Sorteos, fuentes consultadas, responsables de este análisis, señalaron que esta semana no se difundirán resultados porque ha demorado la búsqueda e integración de expedientes, así como de la forma de dilucidar la cadena vinculada con el permiso original de Emex.
Señalaron que en esta primera revisión no habían encontrado, hasta ahora, simulaciones, es decir, prestanombres.
