Señaló
que su gobierno se vio "obligado" a asumir esa medida "para que
las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas y la calidad de servicio
eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana".
Afp
La Paz. El
presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó este sábado la nacionalización de
las empresas distribuidoras de electricidad de las ciudades de La Paz y Oruro,
controladas por la compañía española Iberdrola.
"Se dispone la nacionalización de la totalidad de las acciones que
posee la Sociedad Iberbolivia de Inversiones Sociedad Anónima, en las empresas
de electricidad de La Paz y de Luz y Fuerza de Oruro", dijo Morales en un
acto en el presidencial Palacio Quemado.
Iberdrola gerentaba las empresas distribuidoras de luz Electropaz en La
Paz y Elfeo en Oruro.
"Nos vemos obligados a tomar esa medida para que las tarifas de
servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la
calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana",
argumentó Morales.
El mandatario acotó que la medida "garantizará el derecho
igualitario de los ciudadanos que viven en área rural, precautelando su
economía con tarifas equitativas con un servicio de calidad uniforme".
Morales, un indígena aymara de tendencia izquierdista, explicó que el servicio
de luz era más caro para sectores rurales que urbanos, así como la cobertura.
El mandatario boliviano tomó la medida ocho meses después de expropiar
la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de
España (REE) tenía casi 100 por ciento de las acciones.
También tomó en su gestión otras medidas contra intereses españoles.
En diciembre de 2010, el gobierno aprobó una nueva Ley de Pensiones, por
el que crea la nueva Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo que remplaza
a las administradoras de pensiones Previsión (del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria-BBVA de España) y Futuro (Grupo Zurich de Suiza).
Morales también nacionalizó en mayo de 2006 las reservas
hidrocarburíferas de la petrolera Repsol, junto a otras empresas como la
brasileña Petrobras, la argentina Panamerican, la francesa Total y la británica
British Petroleum, a las que obligó a firmar nuevos contratos de servicios.
El mandatario también expropió empresas de telecomunicaciones,
refinerías de gasolina y fundidoras de mineral.
