Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Ante el evidente fracaso de su minigobierno de
dos años, en los que salvo perseguir y encarcelar a algunos ex funcionarios
duartistas, no cumplió prácticamente ninguna de sus promesas de campaña, el
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha ufanado que por lo menos, su
administración no tiene señalamientos por actos de corrupción, a diferencia de
las anteriores.
Pues esa versión de supuesto orden
administrativo y disciplina financiera que difundió el gobierno yunista terminó
por derrumbarse por completo, al darse a conocer este lunes los resultados de
la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017, el primer año del bienio,
practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
En el Informe General Ejecutivo de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, el Orfis detectó
irregularidades graves en varias dependencias del gobierno de Yunes Linares.
Particularmente en una que fue encabezada por una funcionaria que hoy es
senadora de la República. Y aunque no tan escandalosamente, en otra que hasta
ayer fue dirigida por un cacique político que ahora busca un cargo de corte
partidista.
El informe determinó la existencia de un
presunto daño patrimonial por un total de 338 millones 274 mil 311.51 pesos en tres
dependencias, 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos de la
administración pública estatal.
Una de las dependencias señaladas es la Secretaría
de Desarrollo Social, que presentó un presunto daño al erario del estado por cuatro millones 771 mil 574 pesos, mismo que
fue detectado en el contrato no. SEDESOL-ADJ-010-2017, celebrado con la empresa
D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V., por concepto de Mantenimiento
y Conservación de los Bienes Informáticos de los Programas Sociales del Estado
de Veracruz.
La observación del Orfis abunda en la
inconsistencia detectada: “el ente no proporcionó evidencia
suficiente y competente de que se hayan prestado los servicios objeto del
contrato (centro de datos, plataformas, seguridad, servidores, actualizaciones
de software, respaldo y mesas de ayuda). Asimismo, por el monto adjudicado
el proceso de contratación debió realizarse a través de Licitación Simplificada
y no por Adjudicación Directa, toda vez que de las consultas realizadas al
sistema CompraNet, existen otros proveedores que pudieron haber participado”.
Hasta principios de este año, la Secretaría de
Desarrollo Social estuvo a cargo de Indira Rosales San Román, hoy flamante
senadora plurinominal del PAN y gente de la absoluta confianza de Miguel Ángel
Yunes Linares. No por nada se le encomendó a ella la operación electorera de
los programas sociales estatales, y como premio fue enviada a la Cámara alta,
donde sigue defendiendo los intereses de su jefe.
En
la Sedarpa, que hasta este lunes dirigió Joaquín Guzmán Avilés –candidato a
dirigente estatal del PAN y cacique de Tantoyuca-, se detectó un posible quebranto
por 500 mil pesos, cuyo gasto en favor de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado no comprobó ni
justificó. Si bien el monto es menor, habla muy mal de quien busca dirigir a un
partido tras 20 años de ejercer un férreo control político en la zona norte de
Veracruz.
Asimismo,
el Orfis reportó que en
las secretarías de Desarrollo Social y de Infraestructura y Obras Públicas –esta
última la encabezó el hoy también senador del PAN Julen Rementería-, así como
en los Servicios de Salud de Veracruz y en el Instituto de Espacios Educativos “se
determinaron observaciones administrativas que hacen presumir faltas graves”, mismas
que será atendidas por el área de investigación del organismo que, en su caso,
“promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y
perjuicios”.
La honestidad y el combate a la corrupción
fueron las banderas enarboladas por Miguel Ángel Yunes Linares en su campaña
para hacerse del poder. Pero una vez en éste, su gobierno demostró ser tan
rapaz como los que lo antecedieron. Si no llegó a sus mismos niveles, fue
porque no tuvo tanto tiempo.
Y todavía falta la Cuenta Pública de 2018, la
del año de la malograda campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez –en la que fue
descarada la disposición de recursos públicos estatales-, y que será entregada
y revisada por el siguiente gobierno. ¿Se invertirán los papeles de
persecutores a perseguidos? Quién sabe. Con eso de las “amnistías”.
Pero corrupción es corrupción, sin importar si
es mucha o poca. Y la del yunismo quedó exhibida. Su discurso es un mito.
Incongruencias
Ante las críticas por la llamada “ley
antimemes”, tanto Miguel Ángel Yunes como Cuitláhuac García difundieron en
redes su oposición a la misma. El primero anunció que la vetará, y el segundo
que solicitaría que la siguiente Legislatura la revise si se concluía su
promulgación.
Lo que ninguno explicó es por qué, si de verdad
la consideran lesiva –que lo es- los diputados locales de sus respectivos
partidos, el PAN y Morena, la votaron a favor.
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