Fotografía: Yahir Ceballos. Obtenida de Revista Proceso.
24 de septiembre de 2018
Una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en tiempos de Rosario Robles, tiene una liga con Javier Duarte. En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero saqueado de SEDATU entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho
de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz. Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló el diario REFORMA. De acuerdo con la investigación de REFORMA, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en SEDATU y SEDESOL y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa. Tanto en el caso revelado por REFORMA como en la red chiapaneca de empresas fantasma, se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax). Los vínculos A inicios de 2016, la SEDATU firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones. Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos. Agatha había sido constituida el 31 de marzo de 2012 por un muchacho de 23 años de edad que aportó como su domicilio una humilde vivienda de un piso en una colonia popular del municipio de Soledad de Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haber sido creada, la empresa se mudó a Chiapas.




El domicilio fiscal de Agatha es un despacho contable en la capital de Chiapas. El 21 de septiembre de 2016, el mismo joven que había fundado la empresa Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez, residente en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien funge como dueño mayoritario de Principal Enajena SA de CV, un despacho que ha sido reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.





El 21 de septiembre de 2016, Alfonso Gómez Méndez se incorporó como apoderado de Agatha Líderes Especializados, casi a la par de que esta empresa recibió transferencias por más de 133 millones de pesos por servicios ofrecidos a la SEDATU.
Principal Enajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez como dueño del 90% de las acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con la información recopilada por MCCI. Su socio era un empleado de 41 años que tenía su domicilio en una casita de un piso en el barrio Colón de la capital chiapaneca.





Principal Enajena SA de CV se constituyó el 14 de noviembre de 
2011 en Tuxtla Gutiérrez, con Alfonso Gómez Méndez con el 90% 
de las acciones. Esta empresa obtuvo contratos por 9.5 millones 
de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

En el acta constitutiva, Gómez Méndez dijo haber nacido el 10 de marzo de 1960, ser empleado y con domicilio en una casa de un nivel en una privada del barrio Niño de Atocha. En las actas de otras empresas, en las que también funge como socio, declaró ser comerciante, haber nacido el 10 de mayo de 1960 y vivir en otra vivienda que está a una cuadra de la anterior.




Alfonso Gómez Méndez en realidad es un presunto prestanombres de los verdaderos dueños de la red de empresas chiapanecas, pues ha declarado que es empleado y comerciante y su domicilio es esta humilde vivienda en Tuxtla Gutiérrez.
Aunque aparentemente se trataba de dos personas, se confirmó que en realidad es una misma que aportó información distinta ante los notarios que constituyeron 6 de las empresas en las que funge como socio o apoderado. Lo anterior se corroboró al cotejar la credencial de elector que presentó para identificarse, con número de folio 1650012107191. Su empresa Principal Enajena obtuvo contratos por asignación directa por 9 millones 500 mil pesos en el Gobierno de Javier Duarte, por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de acuerdo con lo que en su momento detectó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz cuando hizo la revisión de contratos de publicidad. Dichos servicios nunca se prestaron, pues la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. El domicilio fiscal que aportó en los contratos corresponde a una pequeña casa de un piso, con techo de lámina, en la colonia La Pimienta, de Tuxtla Gutiérrez.




Este es el domicilio fiscal de Principal Enajena, en una colonia pobre de Tuxtla Gutiérrez.
 
 
 
A partir de una serie de visitas de inspección realizadas por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se declaró a la empresa como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de operaciones. De contratista de Duarte a la SEDATU De simular la prestación de servicios con el gobierno de Duarte, Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la SEDATU. Su nombramiento como apoderado de Agatha Líderes Especializados, en septiembre de 2016, se dio casi a la par de que esa empresa recibió contratos por 50 millones 811 mil pesos del SQCS y por 83 millones 469 mil pesos de Telemax para realizar supuestos servicios de difusión a la SEDATU. Al año siguiente, ambas intermediarias le otorgaron contratos por otros 30 millones de pesos a la misma empresa, de acuerdo con la relación de los contratos consultados para esta investigación. En conjunto, Agatha recibió cheques por 164.7 millones de pesos, de los cuales 105.8 millones fueron pagados por Telemax y 58.9 millones por el SQCS. Ese dinero correspondía a recursos federales transferidos mediante los convenios suscritos con la SEDATU. El 92% del dinero pagado a Agatha (equivalente a 152.4 millones de pesos) fue transferido posteriormente a las siguientes 10 empresas ligadas entre sí, que comparten socios y apoderados legales, todas con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez: Capacitadora Fema (36.6 millones),
Comercializadora Manmatrec (13.1 millones), Edificios Emporio Total (4.7 millones), Laika Brank Comercial (13.7 millones), Yuvisa y Servicios (16.5 millones), Casa Comercializadora Menzen (4.3 millones de pesos), Comercial Chiapas es Sur (6.6 millones), Capacitaciones Golden Mark (9.5 millones), Servicios Bezubi (24.3 millones de pesos) y Verina Edificaciones (23 millones). Cinco de estas empresas (Fema, Manmatrek, Laika, Golden Mark y Verina) fueron creadas el mismo día (el 29 de diciembre de 2014) ante el mismo notario, Luis Alberto Albores Figueroa, de Villa Corzo. Además, cuatro de estas empresas (Chiapas es Sur, Golden Mark, Bezubi y Verina) tienen como accionista mayoritario a Alfonso Gómez Méndez, el mismo dueño de Principal Enajena, el despacho que sirvió a Javier Duarte.





Al menos 63 millones de pesos de los fondos federales pagados a 
Agatha fueron transferidos a otras cuatro empresas en las que 
Alfonso Gómez Méndez aparecía como dueño: Comercial 
Chiapas es Sur, Golden Mark, Bezubi y Construcciones Verina.


En la lista negra del SAT En todos los casos se trata de empresas presuntamente fantasma, pues los domicilios fiscales son casas o locales solos, mientras que los socios son en realidad humildes vecinos de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, la supuesta dueña de Verina Edificaciones y de Comercializadora Manmatrec tiene su casa en una calle sin pavimentar de la colonia Carlos Salinas de Gortari, un asentamiento irregular ubicado en la periferia de la capital chiapaneca. Su condición humilde contrasta con los 36 millones que fueron transferidos en 2016 y 2017 a las dos empresas en las que aparece como accionista. Agatha Líderes Especializados, la principal empresa de esta red, aportó como domicilio fiscal una casa abandonada, mientras que en los contratos firmados con el SQCS dio como su dirección el local de un despacho contable en el Centro de Tuxtla. Dicha firma fue incluida desde el 3 de octubre de 2016 por el SAT en la lista negra de presuntas empresas fantasma. Pese a estar señalada por las autoridades fiscales, Agatha recibió el año pasado otros 30 millones de pesos de recursos federales transferidos por la SEDATU a
través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y de Telemax. En 2017 el SAT también incluyó en la lista negra, por presunta simulación de operaciones, a otras empresas de esta red chiapaneca:
Comercializadora Manmatrec,
Edificios Emporio Total y Comercial Chiapas es Sur.