Según Osorio Chong, los “equipos” fueron
adquiridos en la “administración pasada” ; sin embargo, la información de la
empresa italiana evidencia pagos hechos en esta administración. En algunos
casos el software se contrató a través de intermediarios que ya han firmado
contratos con distintos gobiernos en México para equipos de seguridad físicos y
digitales.
JULIO 7, 2015Arturo Angel
(@arturoangel20)/ Animal Político
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| Foto: AP |
Por lo menos 16 gobiernos
estatales y dependencias federales de nuestro país pagaron más de
100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la empresa
italiana Hacking Team, una compañía que bajo la fachada de una
empresa de ciberseguridad vende software malicioso
a 35 países en el mundo, entre ellos varios señalados por graves violaciones a
derechos humanos.
La cantidad de
dinero entregado o comprometido de pago a los hackers italianos convierte a
México en el principal cliente de dicha compañía, por encima de países como
Rusia, Uzbekistán, Sudán, Chipre o Egipto.
La lista de
clientes en México incluye desde instancias como el CISEN, la Policía Federal y
Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta gobiernos locales como el del Estado de
México, Jalisco o Querétaro.
¿Y
que han comprado exactamente estas dependencias y administraciones?
Principalmente unsoftware conocido como Remote
Control System, bautizado por los italianos como “Da Vinci”, el cual
es un programa malicioso que se instala incluso en teléfonos celulares y
permite extraer todo tipo de información y hasta registrar que botones se
oprimen en un teclado.
Esta
información corresponde a los primeros hallazgos que expertos en derechos
digitales están obteniendo de los más de 400 GB de información que fue sustraída de los
archivos de la firma y revelados a través de su propia cuenta de Twitter la
noche del 5 de junio.
Cabe
señalar que Reporteros Sin Fronteras ha calificado públicamente a la
empresa con sede en Milán como “enemigos de la internet” por
sus herramientas ofensivas capaces de romper códigos encriptados y violentar
los derechos a la privacidad no solo de periodistas sino de la sociedad en
general.
Luis Fernando
García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una
organización no gubernamental que está haciendo un análisis pormenorizado
de la información revelada, consideró necesario que se inicie una
investigación urgente en torno a este espionaje, ante la posibilidad de que
los programas se estén usando fuera del marco legal.
De acuerdo con el
Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes generales,
solamente las agencias del Ministerio público y Fiscalías además de órganos de
inteligencia están facultados para realizar una intromisión de
comunicaciones privadas y siempre dentro del marco de una averiguación
previa.
Pero en la lista de
clientes revelada en México aparecen instancias como el Cuerpo de
Seguridad Auxiliar Mexiquense o Petróleos Mexicanos que no tienen esas
facultades.
Sobre este tema, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó ayer que
este tipo de equipos fue adquirido por México pero dijo que lo anterior ocurrió
“en la administración pasada” y no en la actual, aunque la información
de la compañía italiana evidencia una situación distinta.
Animal
Político consultó además a la Policía
Federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a este tema
y en ambos casos s señaló que la información revelada estaba siendo
revisada.
