Señalan
inconsistencia en el reporte de gastos del ex candidato.
México.- Con el desahogo de las principales quejas en contra del presunto
financiamiento ilícito a la campaña presidencial del PRI, el Instituto Federal
Electoral (IFE) entrará el próximo miércoles en la última fase de fiscalización
de los informes de gastos electorales.
Los dictámenes deberán
incluir los casi 215 millones de pesos que la unidad de fiscalización –al
resolver los casos– consideró parte del gasto de las campañas federales de la
coalición PRI-PVEM.
Sin embargo, rumbo a
la fase final de la revisión de los informes de gastos de la campaña
presidencial, en el IFE comienza a hablarse de que, paradójicamente, el ex
candidato que más riesgo tiene de rebasar los topes (con 336 millones de pesos)
es Andrés Manuel López Obrador, cuyo reporte contiene inconsistencias que
podrían derivar en erogaciones excesivas y, por consiguiente, en una sanción.
De acuerdo con los
plazos fijados por el Consejo General del IFE, el próximo miércoles se
resolverá sobre los informes de los gastos de campaña de los cuatro candidatos
presidenciales.
Lo anterior, a partir
de que en su momento esa instancia determinó adelantar los tiempos de
fiscalización de los gastos para la elección presidencial, decisión que se
realizó en medio de la intensa polémica por el caso Monex y las acusaciones de
PAN y PRD de una millonaria campaña del priísta.
A menos de una semana
de que se resuelvan los informes, se considera que las inconsistencias en el
reporte presupuestal del Movimiento Progresista derivan, en buena parte, de las
dificultades que implica la administración del gasto en coaliciones.
También se señala que
faltó coordinación para el control de los comprobantes de gastos entre el
equipo cercano del ex candidato y las áreas financieras de los partidos de la
coalición: PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Como parte del proceso
de revisión, se argumentó que la coalición hizo una errónea adjudicación de los
egresos en las campañas (Presidencia, diputados y senadores) en el informe
entregado en octubre pasado, que concentró gran parte del gasto en la
presidencial, cuando debió haber sido prorrateado en muchos de los casos.
En el caso de los más
de 200 millones de pesos que la unidad de fiscalización detectó como gasto de
campaña durante el desahogo de las quejas contra la coalición Compromiso por
México, se espera que se realice el prorrateo correpondiente.
El propósito es
determinar cuál es el monto que finalmente se canalizará al gasto de la campaña
de Peña Nieto, cuánto se asignará al gasto en las campañas de senadores y
cuánto a la de diputados federales.
Se espera que antes de
la sesión del próximo miércoles se discutan quejas que en su momento interpuso
el PRI en contra del financiamiento de la campaña de López Obrador, en
particular lo relacionado con presuntas aportaciones ilícitas y triangulación
financiera irregular de dinero público proveniente del Gobierno del Distrito
Federal en favor de la organización Honestidad Valiente.
