Teresa Brito, contralora del Estado, indicó que en la denuncia se presume la comisión de los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades
Por: Sergio Blanco/ El Informador
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| La decisión de presentar la denuncia obedece a numerosas inconsistencias en las declaraciones de personal de la Fiscalía, Ciencias Forenses y hasta de Protección Civil. EL INFORMADOR / ARCHIVO |
Al no existir la información sobre la contratación de las
cajas de tráileres que fueron
utilizadas para almacenar los cuerpos sin
identificar que ya no cabían en las instalaciones
del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, la contralora del Estado, Teresa Brito,
informó que ya
presentó una denuncia penal de manera adicional al procedimiento
administrativo
que sigue su dependencia.
En esta denuncia se presume la comisión de los delitos de
peculado y uso ilícito
de atribuciones y facultades sobre quien resulte
responsable. "Su servidora, el jueves
25 presenté una denuncia ante la
Fiscalía Especializada Anticorrupción".
La decisión de presentar la denuncia obedece a numerosas
inconsistencias en las
declaraciones de 18 personas que citaron sobre el proceso
de contratación de las cajas,
entre funcionarios de la Fiscalía General del
Estado, del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses (incluidos el actual y
anterior director) y hasta de Protección Civil del
Estado.
"Si no encontramos un contrato, si no encontramos una
fianza para garantizar, si no tuvimos
la certidumbre de cuánto era el pago al
proveedor y luego el proveedor nos declara
otra serie de situaciones,
entendemos que este elemento bien pudo incidir de alguna
manera en la
preservación o no preservación de los derechos humanos post mortem de
estos
individuos".
A mediados de septiembre se reveló la existencia de las
cajas de dos tráileres cargadas con
cadáveres, una con 273 cuerpos, la cual fue
sacada del IJCF y deambuló por tres
municipios; y otra más con 49 cadáveres más
sin identificar, que permaneció en el instituto.
Sobre la contratación de estos contenedores se sabe que
tanto funcionarios de la Fiscalía
como del IJCF la avalaron; sin embargo, a la
fecha no se han revelado detalles
sobre el costo del arrendamiento ni la
partida de la cual se obtuvieron los recursos, por lo
que la Contraloría abrió
un expediente administrativo además de la denuncia que se interpuso.
