Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con la
complicidad de la Procuraduría General de la República, tiene ya trazada la
ruta para recuperar la libertad en el mediano plazo, a pesar del inmenso daño
causado al estado de Veracruz.
Aprovechando los beneficios del alcahuete nuevo
sistema de justicia penal, diseñado para otorgar todas las facilidades posibles
a los delincuentes en lugar de proteger los derechos de las víctimas, Duarte de
Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación
delictuosa, acogiéndose a la figura que se conoce como juicio abreviado para
evitar la fase oral y dar paso a una sentencia rápida. Misma que obtuvo de
inmediato.
Esto es posible –y ahí el grado de complicidad-
gracias a que la PGR se desistió del único delito grave que le había imputado,
el de delincuencia organizada, por lo que ahora, al “aceptar” su culpabilidad,
Duarte fue beneficiado con la reducción de la sentencia.
Y qué reducción. Tras la audiencia de este
miércoles ante el juez de control que llevó el caso, de los 24 años que pedía
originalmente la PGR solicitó para Javier Duarte la imposición de la ridícula
pena de nueve años de prisión y el pago de una multa de 60 mil pesos. Sin
ninguna agravante. Y el juez la concedió hasta con una “rebajita”: le dejó la
multa en 58 mil 890 pesos. Una verdadera mentada de madre a todos los
veracruzanos.
Nueve años y 59 mil pesos para el gobernante que
devastó las finanzas del estado para que él y su camarilla se hicieran
inmensamente ricos, mientras defraudaban al erario estatal por más de 40 mil
millones de pesos.
Nueve años y 59 mil pesos para el sátrapa criminal
que provocó la escalada de violencia más sangrienta de la historia de Veracruz
y una emergencia humanitaria cuyos efectos se padecen hasta la fecha con miles
de personas desaparecidas, ante lo cual su respuesta siempre fue reírse en la
cara de las víctimas.
Nueve años y 60 mil míseros pesos para el rufián
que, mientras veía caer asesinados a casi 20 reporteros durante su infame
sexenio, les decía a los periodistas “pórtense bien” y mantenía a otros tantos
con la boca callada a billetazos.
Pero eso no es lo peor. Javier Duarte pasará en
la cárcel a lo mucho otros cinco o seis años, pues de los nueve que se le
impusieron ya ha cumplido año y medio. Y si observa un “buen comportamiento”,
tendría derecho a que se le conmutase la sentencia. Y entonces sí, aquí no ha
pasado nada. A gozar de la vida, de los millones malhabidos y las propiedades que
todavía están escondidas en diversos puntos del mundo por sus prestanombres. ¿Los
59 mil pesos? Esos ya se los gastaba en una francachela de una sola noche, de
las que acostumbraba diariamente mientras estuvo en el poder. Peccata minuta.
La desfachatez de la PGR y del gobierno de
Enrique Peña Nieto es tal, que ni siquiera se molestaron en solicitar la
inhabilitación de Duarte para ocupar cargos públicos en ningún nivel. Así que
el ex gobernador más corrupto de la historia de Veracruz y seguramente de
México tendría la oportunidad real de volver a ser funcionario una vez que
recupere la libertad. Legalmente, nada se lo impediría.
Por lo demás, el proceso que se le quiso abrir
en Veracruz por desaparición forzada de personas tampoco caminó. El Gobierno de
Guatemala nunca concedió la extensión de las causales de extradición para
agregar las imputaciones de la Fiscalía local. Y la administración estatal que
tomará posesión el 1 de diciembre seguramente no retomará el caso.
Con esto toman mayor sentido las palabras de
Duarte publicadas apenas el pasado martes en una entrevista en El Heraldo de
México, en la que se refrendó como un hombre “leal al jefe de las instituciones”
y un “soldado del Presidente” que terminó por entregarle la llave para abrir la
reja de la prisión.
También declaró que, a pesar de no conocer a
Andrés Manuel López Obrador –con cuyo partido se le vincula desde la campaña de
2016-, “es el Presidente más legitimado. Ganó a pulso, por cómo trabajó para
llegar a donde está”. Saque sus conclusiones.
La justicia en México no existe, es una burla.
Para quienes la detentan, la ruina de un estado y el dolor de millones de
personas valen nueve años y 59 mil míseros pesos.
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