El reclamo de la Universidad Veracruzana (UV) ante la retención de sus
recursos por parte del gobierno del estado llega tarde, en un contexto donde
los legisladores no han hecho su trabajo, puesto que de no aclararse el
desorden financiero en Veracruz, la alma máter no mejorará sus indicadores de
gestión y, por ende, con el presupuesto base cero se prevé un deterioro
mayúsculo para los subsecuentes años.
Académicos plantean que al trastocar la crisis en las arcas estatales a
la Máxima Casa de Estudios un círculo vicioso de menoscabo, se advierte ya que
a menor capital, proporcional será el desempeño de la UV debido a las políticas
implantadas por la Federación, y de seguir recibiendo a destiempo sus
participaciones se complicará la comprobación de sus gastos lo que generará
subejercicio, el cual va en detrimento a la hora en que el gobierno federal le
asigne montos.
Asimismo, exponen que la violencia ejercida desde el poder gubernamental
contra la Universidad al justificar bajo argumentos de índole semántico el
deslinde de sus obligaciones contraviene al espíritu de su autonomía.
Debido a que la propia legislación de la UV no contempla un mecanismo
para obligar al estado a cumplir con sus compromisos financieros, desempolvar
la iniciativa para que la Universidad plantee sus propias reformas no queda
fuera de lugar y, por otro lado, la Constitución federal prevé un
procedimiento, sin embargo, está supeditado a voluntad de los diputados.
Recalcitrante e
ilegal regatear financiamiento
Pese a que en la réplica que el gobernador del estado Javier Duarte, da
al desplegado de la Junta de Gobierno de la UV al puntualizar en pasivo de más
de 2 mil millones 400 mil pesos, rechaza regatear los recursos a la
Universidad, recurre recalcitrante a la definición de la palabra “subsidio” en
apología de su condicionamiento.
Ante ello Alfonso Velásquez Trejo, académico de la Facultad de
Sociología de la UV y valorador de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (Ciees), manifestó que restringir a la UV
con argumentos de dicho carácter queda totalmente fuera de lugar cuando los
recursos del Presupuesto de Egresos ya están dispuestos para su gasto.
“No es legal condicionar el egreso a los ritmos de recaudación, eso no
procede, es ilegal porque el ejercicio del gasto en materia de educación está
estipulado por la Ley”, puntualizó quien también fue subdirector de Recaudación
y Administración de Oficinas de Hacienda en la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan).
“Puede ser que para el Presupuesto de Ingresos se haga una estimación
pero en el caso de los plasmado en Egresos no lo es, es lo que te tiene que asignar;
en el manejo de las finanzas públicas hay mecanismos para resolver estos temas
pero evidentemente si la Gaceta Oficial del Estado (GOE) lo señala es un
compromiso del estado”.
Además, dijo que el reclamo de la rectora llega tarde en un contexto estatal
donde debió exigirlo desde su toma de protesta; expresó que las observaciones
de la Junta de Gobierno de la UV sobre el monto pasivo debieron hacerse antes
de acumularse, debido a la incapacidad de pago del gobierno del estado que ya
se vaticinaba.
Cuestionado sobre la entrega de los pendientes diferidos expresó que sí
causa un severo perjuicio porque la UV debe comprobar gastos a la Federación y
parte de la reducción de los recursos es por la no comprobación y el
subejercicio. “En términos operativos el ejercicio del gasto depende del nivel
de recaudación pero también de la calendarización de recursos que no radican
todos en un mes, por lo que va a llegar un momento de ajuste”.
Por su parte César Barradas Hernández, catedrático de la Facultad de
Derecho de la UV, expuso que discutir el carácter de “subsidio” no tiene cabida
para justificar la retención y que sólo transparentando en su totalidad las
finanzas estatales es admisible adquirir más deuda para saldar los pasivos o
modificar los montos ya estipulados.
“Tanto a nivel federal como a nivel estatal los recursos que se le dan a
la Universidad Veracruzana son aprobados por el pueblo, por los representantes
que son los diputados, por tanto ese dinero se le tiene que dar a la
universidad no es un asunto de decidir si merece o no apoyarse a la
universidad, el recurso ya está aprobado para ello.
”Decirle ‘subsidio’ es sólo una descripción de las características del
recurso que se le está dando, pero en el momento en que el Congreso local
aprueba ese dinero para entregarlo a la Universidad esto se vuelve
obligatorio”.
Manifestó que sólo en caso de carecer de los recursos se estiman
acciones para modificar el Presupuesto de Egresos, donde se puede hacer un
recorte que debe ser avalado por el pleno legislativo debido a que los ingresos
han disminuido o vía deuda pública para cubrir los pasivos, no obstante, antes
de hacer un ajuste se debe explicar la situación financiera, “se debe aclarar
qué ha pasado con tus ingresos públicos que no tienes ahora para cubrir el
gasto presupuestado”.
Sin embargo, puntualizó que debido al severo endeudamiento por el que
atraviesa Veracruz, estimado en más de 70 mil millones de pesos, adquirir más
deuda no es recomendable puesto que el argumento por el que la administración
actual ha estado adquiriendo más deuda es para generar más desarrollo, pero
esto no se cumple, prueba de ello son los últimos indicadores del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Durante muchos años la Constitución (federal) señaló que no se podría
contratar deuda sino únicamente para obras de carácter productivo, es decir que
generaran más desarrollo económico y social, no se hablaba para refinanciar la
deuda, en 2013 se reforma el artículo 17 y entonces se dice que los estados
podrán endeudarse tanto para obra como refinanciamiento”, expuso.
No obstante, “si nos vamos a la Constitución del Estado únicamente hace
alusión a endeudarse por obra productiva para generar más riqueza y desarrollo,
pero los últimos reportes que ha presentado el Coneval me parece que, si se ha
contratado la deuda para éste propósito, no se ha cumplido”.
Sobre el presupuesto, Velásquez Trejo dijo que en una perspectiva
nacional, la cartera para la educación superior asigna un volumen de recursos
que ha experimentado una tendencia al estancamiento. “El Estado mexicano en los
últimos 30 años ha partido de la hipótesis de que la actuación privada resulta
más racional, efectiva y rentable que las instituciones públicas, hay quien
piensa que la desaparición de universidades públicas y la transferencias de
recursos que se le asignan a las privadas se justifica porque supuestamente dan
una mejor formación o tienen perfiles determinados”.
Sin embargo, pese a que esto no es una generalidad, la asignación de
recursos de las universidades públicas se encuentra inscrita en esta política
general de reducción, orientada a aumentar la participación privada y reducir
la participación pública, coherente con el lenguaje neoliberal en materia
educativa.
Acotó que si bien someter a la educación superior a transparentar
indicadores de productividad, eficiencias terminales, entre otros, en una
primera instancia han sido agresivos a mediano y largo plazo han permitido
avances institucionales; “A pesar de los discursos, en términos absolutos, el
gobierno federal asigna cada vez menos recursos para las universidades
públicas”.
Los candados para el reparto del dinero están vinculados con los
resultados de los indicadores de gestión, es decir, tasas de deserción,
participación en programas de posgrado en padrón de calidad, número de
programas evaluados y certificados, producción de textos científicos,
investigación, entre otros, es decir que a menor desempeño será proporcional el
capital concedido.
Recordó que en el caso de la UV son sólo alrededor de 50 por ciento de
las licenciaturas acreditadas y, no obstante, las cifras van menguando con las
vigencias de cada evaluación. “La Universidad Veracruzana nunca ha alcanzado
arriba de 84 por ciento de sus programas acreditados y lo que hemos visto en
los últimos años es que todo el esfuerzo se ha venido para abajo, hay un
retroceso mayor a 20 por ciento y estamos muy lejos de universidades como la
Autónoma de Nuevo León (UANL) que tiene el total de sus planes acreditados”.
Lamentó que la UV quede rezagada en comparación con otras casas de
estudio como la Autónoma Universidad de Guanajuato (UGTO) o incluso la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que tiene al 100 por ciento
sus programas avalados y mantienen un proceso de avance constante en
acreditación y reacreditación.
De esta forma, sugirió que “Se requiere de un mayor liderazgo y una
mayor claridad, alinear los elementos institucionales para facilitar a los
académicos el logro de metas preestablecidas”. Desde hace cuatro años los
reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que los
recursos que han sido asignados a la UV no llegan y han menguado en más de 20
por ciento.
Sobre el presupuesto base cero, explicó que es sólo parcialmente
realizable puesto que hay obligaciones adquiridas que no se pueden ignorar,
además de una serie de inflexibilidades en el ejercicio del gasto que no
permiten considerar el historial financiero como inexistente.
Dijo que un efecto pernicioso de esta política es la reducción de plazas
de tiempo completo, en la cual para muchos profesores luego de jubilarse, se
congelarán sus plazas y a su vez se coartarán las expectativas de crecimiento
de aquellos que tengan vocación para la vida académica.
De esta forma advirtió que si la UV no mejora el comportamiento actual
de sus indicadores de gestión y no le entregan el recurso pendiente, perderá
los de la bolsa a repartir prevista por la Federación frente a otras
universidades que sean más competitivas.
UV, legislación
interna; autonomía y violencia
La legislación de la UV carece de un mecanismo para obligar al gobierno
del estado a pagarle los pendientes, sin embargo, esto podría modificarse al
sacar de la congeladora la iniciativa que plantea las atribuciones necesarias
para que reforme su Ley Orgánica o, por otro lado, la intervención de la
Federación que ya se contempla en la Constitución pero únicamente a través de
la solicitud del Pleno.
Manlio Fabio Casarín León, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ), explica que la carencia de dicho proceso interno impide que se obligue a
dictaminar una iniciativa en el Congreso ni en determinados plazos ni
características.
“Es una falta de previsión normativa en la Constitución, en otros
estados existe la acción por omisión legislativa, que implica que la Suprema
Corte o el máximo tribunal local exija que el legislador realice sus funciones,
así se evita que se legisle exclusivamente lo que le interesa solamente al
gobernante”.
A su vez, Velásquez Trejo recordó que en la reforma de 1993 (con Emilio
Gidi al frente) autorizaron todo menos la modificación estructural y
forzosamente cualquier cambio debe de pasar por la Cámara de Diputados, con
ello admitió que esto contraviene el espíritu de autonomía de la Universidad y
lo pone a merced de la mayoría en la Legislatura.
Empero, señaló que habrá quien hable de la autonomía absoluta y
relativa, pero la absoluta implicaría un cambio sustancial en sus estructuras
de la UV, lo que vendría a ser un contrasentido en un régimen liberal que
aspira a la democracia participativa.
De modo que, opinó, convendría a la UV realizar modificaciones
normativas puesto que de otro modo su desarrollo continuará a la baja por las
rigideces administrativas. Incumplir, reducir o retener la asignación de
recursos a la máxima casa de estudios del estado violenta su autonomía y debido
a su delicada naturaleza, se agrede a la sociedad misma, expresó Alfonso
Velásquez.
“La virtud de la autonomía es que al delimitar los ámbitos de las
autoridades políticas y de la Universidad se genera un clima saludable en la
polis, cuando se tergiversa el sentido dará lugar a enfrentamientos.
”La autonomía es un patrimonio político, es decir un valor que protege a
la Universidad pero a su vez protege al gobierno estatal, es producto de una
larga historia que ha demostrado su pertinencia al delimitar el espacio del
Estado y de la misma Universidad porque son dos vocaciones distintas, las del
saber y el conocimiento de la política no tiene como vocación el poder, sino la
asignación autoritaria de valores, recursos, y es una actividad práctica, en
tanto que la cuestión académica es teorética”.
De esta manera también la falta de una división de facto de los poderes
del estado y la pasividad de los legisladores son las causas por las cuales no se
ha forzado a la entidad a entregarle los recursos pendientes a la UV, estimó
Barradas Hernández.
El catedrático expresó que se debe recordar al Poder Legislativo la
obligación que tiene de verificar y evaluar el uso adecuado de los recursos
públicos, “en cualquier momento el Congreso local puede solicitar a la
Auditoría la revisión de los recursos de la Universidad y revisar las
condiciones por las que no se le ha entregado”.
“Hay una mala interpretación del sentido de la función del Poder
Legislativo en el tema presupuestal lo que hace que se piense que necesitan
darle atribuciones extraordinarias a los beneficiarios de los recursos públicos
para que los puedan exigir, cuando es facultad de la Cámara revisarlo”, agregó.
Por otro lado destacó que otro de los conflictos principales es que la
elección del titular de (en este caso el Órgano de Fiscalización Superior,
Orfis) se da bajo la mayoría de legisladores que son del partido del
gobernador, “el problema que está enfrentando la Universidad Veracruzana viene
de eso, la Cámara de Diputados no ha asumido su compromiso constitucional e
histórico”.
“Donde no existe una división real de poderes no hay contrapeso, ni
revisor de los actos financieros del Ejecutivo, por lo que éste puede llegar a
hacer cosas más allá de lo que la misma normatividad le concede, cuando su
función es verificar y controlar”, de no suceder esto, acotó, se regresaría al
estado monárquico, donde el soberano no tenía que rendir cuentas a nadie.
De continuar el incumplimiento financiero del gobierno del estado a la
UV en los próximos años, pese a las reuniones que han señalado ambas partes sin
aclarar acuerdos concretos, César Barradas refiere que para obligar a la
administración a asumir sus compromisos ya se contempla en la última reforma a
la Carta Magna la manera de intervenir de la Federación, no obstante dicho
proceso está supeditado a la solicitud del Congreso.
Precisó que el artículo 73, fracción VIII, inciso cuatro de la
Constitución federal, indica que para las administraciones estatales
severamente endeudadas, se puede formar una comisión bicameral para que entre
diputados y senadores analicen el estado financiero de la entidad y el gobierno
federal sea garante de recursos para cubrir los pasivos pendientes.
Indicó que dicha reforma apenas tiene cuatro meses de entrar en vigor,
empero la posibilidad implica que el gobierno de Veracruz transparente su
situación financiera y que a su vez el Pleno haga la petición formal.
Sobre la aprobación del aumento de 50 por ciento a nómina para cubrir
las responsabilidades, César Barradas indicó que no es un tema de avalar más
gravámenes a capricho del Ejecutivo, sino que allí radica la importancia de
valorar la condición de las finanzas estatales, lo que debe exigir el Legislativo.
“Una vez que se hayan transparentado lo que ha pasado con los recursos
públicos será tiempo de hablar cómo vamos a salir adelante porque la percepción
que existe es de opacidad”; Barradas estimó que al estar en puerta el cierre
del ejercicio fiscal actual, el recurso pendiente con la UV no será liberado
este año.
Generar recursos
propios, otra forma de amortiguar omisiones y política oficial
A raíz de esta experiencia para la UV, el académico Alfonso Velásquez
planteó que es necesario un reclamo de recursos más enérgico, además comenta
que es indispensable que el capital para la educación se enfoque en la calidad
y a la obtención de capital propio, ya que las políticas del gobierno federal
están presionando a todas las universidades estatales.
“La Universidad se está quedando rezagada, porque podría generar más
recursos propios con asesorías, consultorías, evaluaciones de proyectos,
certificaciones con uso de sus laboratorios”. Estimó que la institución debe
abrirse a otros sectores para combinar el talento universitario con los
requerimientos de los sectores productivos.
Afirmó también que convocar a la sociedad a la construcción de la
infraestructura física de la UV para financiar de forma altruista es una
opción, puesto que consideró insuficiente el esfuerzo del patronato, así como
implantar otros mecanismos para la contratación de los profesores que se
requieren, “fomentar la vinculación y la identificación de la Universidad con
la comunidad”.
Si bien la rectora señaló que la UV está pasando por una crisis sin
precedentes, es sin precedentes en México que un gobernador escamotee los
recursos que por derecho le corresponden a la alma máter. Tales situaciones
parecieran sucederle sólo a Veracruz, donde un mandatario externe como
“generosidad” el entregar lo que es su responsabilidad y dinero que no le
pertenece a la administración sino al erario público.
Su comportamiento recuerda al monarca que concede dádivas al
proletariado, mas presumir la no enemistad no es sinónimo de acuerdo;
cuestionable es que la verborrea expuesta por el gobernador al responder a la
Junta de Gobierno los deje satisfechos.
