PASO DEL MACHO, VER.- La corrupción que impera en el ayuntamiento pasomachense podría derivar en un enfrentamiento violento entre particulares y ejicatarios, luego de que este martes un grupo de ejdatarios llegó a derribar una construcción que estaban edificando empresarios de la construcción, contando con el aval del Ayuntamiento que preside Rafael Pacheco Molina, misma que se edificaba a un costado de la carretera Camarón-Atoyac, robando para esto todo lo ancho del arroyo que va a dar al Río Paso del Macho.
En meses anteriores, Joel Villalbazo Zamora, fraccionador de un terreno de Ejido Altamirano, se atrevió a vender, como extensión de su terreno, el mismo arroyo, de propiedad federal, para que allí empresarios de la ferretería, pusieran lozas para convertirlo en centros comerciales, pero los ejidatarios protestaron argumentando que era dereho de vía.
Pero al no hacer caso la autoridad municipal y omitir un deber legal, recurrieron a la Dirección General de Carreteras y Caminos Estatales, donde el Director General, Fernando Muricio Zermeño de Alba, envió una carta el 25 de septiembre al alcalde Rafael Pacheco, para que delimitara el terreno en disputa y prohibiera construcciones en dicho lugar, como autoridad máxima del municipio, que es.
Pero como la construcción avanzaba y el alcalde omitiía el deber legal, los ejidatarios recurrieron a la fuerza y llegaron con picos y palas, a derruir una barda de casi cien metros de largo y unos puentes que servirían de base para las lozas de concreto, por encima del arroyo.
Sin embargo, el peligro sigue latente, porque los afectados podrían organizarse igualmente para enfrentar al grupo de ejidatarios que sigue ahí de vigilantes.
*Veracruzanos tendrán que pagar préstamo por 20 años.
*Iniciativa se aprobó con premura y sin análisis en dos días
*Participaciones federales, a fideicomisos privados
XALAPA, VER.-Debido a la falta de análisis sobre los efectos que tendrá en las finanzas la recién aprobada “reestructuración” de la deuda estatal, los diputados que integran el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN) en un acto de congruencia y responsabilidad con los veracruzanos, votaron en contra de una iniciativa que contrae mayor endeudamiento para Veracruz.
En tribuna, el Coordinador del GLPAN Joaquín Rosendo Guzmán Avilés argumentó que existe la violación al Artículo 117, Fracción VIII del párrafo Segundo Constitucional que señala: “solo podrán autorizar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de garantía o establecimiento de su fuente de pago”.
Refirió que tales estudios no se realizaron en la Comisión Dictaminadora, donde en un lapso de dos días hábiles aprobaron la entrega de lo que sería “un cheque en blanco” al Gobernador del Estado para que en sesión extraordinaria, llevada a cabo este miércoles, se aprobara de manera Fast Track.
Los diputados panistas que votaron en contra son: Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Ana Cristina Ledezma López, María del Carmen Pontón Villa, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, Julen Rementería del Puerto, Édgar Hugo Fernández Bernal, Víctor Román Jiménez Rodríguez y Jorge Vera Hernández.
Con la aprobación de la mayoría de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVE), Nueva Alianza (NA) y Alternativa Veracruzana (AVE) se ha otorgado al Gobernador el permiso de contratar un nuevo empréstito hasta por un monto de 31 mil, 960 millones de pesos.
De esta forma, se hipotecó el futuro de los veracruzanos por más de 20 años, quedando en duda el uso de las aportaciones federales autorizadas que serán administradas por fidecomisos privados; figuras financieras que no están obligadas a rendir cuentas ante el Congreso, abonando a la falta de transparencia de las autoridades estatales.
Los diputados albiazules en un intento por frenar esta aberración legislativa se reservaron los artículos 1,2,4,5,6 y 9, no obstante ante la abrumante mayoría no se logró modificación alguna; “pedimos una moción suspensiva que no fue aprobada por el grupo mayoritario que legisla al vapor sin importar los daños que causen”, señaló Guzmán Avilés.
Los protagonistas de
la serie dieron el anuncio a través de un video en las redes sociales; el
estreno de la siguiente temporada está programado para 2016.
Ciudad de
México (Notimex/ CNN Expansión) — La serie mexicana Club de Cuervos tendrá una
segunda temporada en 2016, confirmó este miércoles la productora de contenidos
originales Netflix.
Con un
breve video en redes sociales, los protagonistas de la serie dieron a conocer
el anuncio, cerrando el mensaje con la frase “Se viene el segundo tiempo”,
anunciado por el actor Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Chava Iglesias,
uno de los personajes principales de la historia.
La
producción que tuvo locaciones en Xochimilco cuenta con las actuaciones de
Mariana Treviño como Isabel Iglesias, Stephanie Cayo como Mary Luz Solari,
Daniel Jiménez Cacho como Félix Domingo, Emilio Guerrero como Goyo, y Ianis
Guerrero como Moisés Suárez, entre otros.
Club de
Cuervos se une
al grupo de producciones originales de Netflix tales como House of
Cards, Orange is the new black y Narcos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento
Ciudadano) preguntó si la PGR descarta la verdad histórica anunciada por el ex
procurador Jesús Murillo Karam. ¿Ustedes se retractan de esa verdad histórica?
¿O qué verdad le ofrecen a los mexicanos después de 13 meses? ¿Son capaces de
sostener que los estudiantes fueron asesinados como lo sostuvieron en su momento?
La
procuradora Arely Gómez indicó que el tercer peritaje en el basurero
de Cocula determinará si los normalistas de Ayotzinapa fueron o no
incinerados en ese lugar.
Aunque la
titular de la PGR respaldó la llamada “verdad histórica” presentada en enero por
el entonces procurador Jesús Murillo Karam, pues dijo que se realizaron 14
dictámenes en el basurero antes de dar a conocer que ahí fueron quemados, esto
fue refutado por expertos de la CIDH, quienes en septiembre rechazaron que ahí
hubieron muerto los estudiantes, en un incendio de esa magnitud y en las
condiciones que describieron varios detenidos, presuntos integrantes de la
organización criminal Guerreros Unidos.
Tras la
pregunta de un diputado, sobre si tenía la certeza -luego de lo que expusieron
los expertos- de que en el basurero quemaron a los normalistas, Gómez
respondió:
“El tema
que usted me pregunta, en particular sobre el incendio porque no podemos
decir cremación, es incendio, si fue hecho en Cocula y ahí fallecieron
todos los muchachos, estamos actualmente en la investigación. El grupo
de expertos merece mi reconocimiento porque desde el mismo día que llegué a la
Procuraduría, el mismo día llegaron ellos, llevo 6 meses trabajando con ellos,
y en el momento en que ellos señalan, que ellos presentan, no un dictamen
pericial, ellos presentan un análisis que es tomado no con la técnica de
los dictámenes periciales, que teníamos 14 en esta misma materia en esta misma
procuraduría, pero ¿qué es lo que debe de hacer alguien que procura justicia?
Pedir un tercer dictamen y donde se le está dando la oportunidad tanto a ellos
como a nosotros, de traer a los expertos en técnica forense, en
investigación forense, a que participen, invitando también al propio experto
(José) Torero”.
Video de
lo ocurrido el martes en la Cámara de Diputados:
Al
iniciar la segunda ronda de cuestionamientos de su comparecencia ante la
Comisión de Justicia, la titular de la Procuraduría General de la República,
Arely Gómez González, subrayó que la PGR trabaja con todo apego a la ley y
dedicación para conocer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa;
subrayó que recuperar la confianza ciudadana no es un reto fácil, pero se
trabaja para cambiar el rostro de la dependencia a su cargo.
La
diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) manifestó que las
autoridades no han podido esclarecer lo acontecido la noche del 26 de
septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y no hay una verdad incuestionable;
por ello, preguntó a la procuradora cómo piensa asumir la responsabilidad de
mostrar la verdad de lo sucedido; qué pasará con el ex alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, del cual se ha dicho que no se encuentra consignado por
la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sino por un
proceso en torno al secuestro y homicidio de un líder social; y qué sucede con
Gildardo López Astudillo, supuesto autor de la ejecución de los normalistas.
Gómez
González refirió que la PGR trabaja con apego a la ley y dedicación para
conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Sobre José Luis Abarca,
dijo que enfrenta dos procesos por cuatro delitos: delincuencia organizada,
secuestro en agravio de estudiantes normalistas, secuestro y homicidio
calificado, además de enfrentar dos procesos en el fuero común. “De El Cabo
Gil, puedo decir que su declaración nos ha dado grandes indicios para ampliar
las líneas de investigación”, comentó.
El
diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) solicitó saber con qué carácter funcionará
el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
relación a la integración de la averiguación previa relacionada con los hechos
de Ayotzinapa y cuál es el estatus jurídico que tiene el presidente municipal
de Colula, Miguel Peñalosa.
Respecto
a la función del grupo de expertos, la funcionaria señaló que se les ha
entregado respuesta a cerca del 90 por ciento de las solicitudes que han
enviado, alrededor de 200 preguntas.
En
relación a Miguel Peñalosa González, respondió que fue consignado en diciembre
de 2014, no obstante, el juez consideró que no existían elementos para proceder
en su contra, por lo que la PGR impuso una apelación que está pendiente.
En su
oportunidad, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) afirmó que además de
Iguala y las fosas clandestinas, hay diversos casos en donde están involucrados
servidores públicos y no se han concluido las investigaciones exitosamente. En
este contexto, preguntó, cómo recuperará la PGR la confianza ciudadana y qué
aportaciones hará para abatir la impunidad y transparentar su actuación.
La procuradora,
precisó que recuperar la confianza ciudadana, no es un reto fácil, es un tema
complejo a resolver, pero “estamos trabajando para poder cambiar el rostro
de la PGR a partir de la procuración de justicia eficaz, respeto de los
derechos humanos y capacitación a los integrantes de la procuraduría.
Enfatizó
que el hecho de subir el expediente de Ayotzinapa, que hasta el día de ayer
llevaba 36 mil visitas, le da a la ciudadanía la posibilidad de poder
acceder al expediente y darse cuenta de cuáles son los elementos con los que se
ha trabajado. “Estamos dando pasos firmes con el propósito de recuperar la
confianza ciudadana. El esfuerzo no ha sido estéril, estamos en eso y estamos
comprometidos con este tema”.
Cuestionada
por fuga de El Chapo
Diputados
de la Comisión de Justicia cuestionaron a la Procuradora General de la
República, Arely Gómez González, sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por Nueva
Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre inquirió si la extradición de
13 delincuentes fue una manera de compensar a Estados Unidos por no haber
extraditado en su momento a “El Chapo”. ¿Por qué hasta después de fugado se
acepta la solicitud de extradición de Joaquín Guzmán Loera, una vez que sea
recapturado?, y por qué a tan poco tiempo de la fuga de El Altiplano se
incrementaron significativamente las extradiciones.
La
titular de la PGR aseguró que la extradición de los 13 delincuentes “no fue
ningún pago de nada, fue un compromiso de ambos gobiernos” (México y
Estados Unidos). Afirmó que al momento de la fuga de Guzmán Loera no existía
ningún acuerdo firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligara al
gobierno mexicano a entregar al extraditable. Se formaliza el 21 de julio del
año en curso, y al recibirse la solicitud por parte del gobierno extranjero se
tiene que cumplir una serie de trámites que, por lo general, tardan de seis
meses a un año, precisó.
Arraigo
La
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González,
afirmó que en años anteriores el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con
los resultados deseados, por lo que en la actual gestión no se arraiga para
investigar: por lo que esa figura jurídica es la excepción, no la regla.
Al
comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, como parte
de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, aseveró que también la figura del
testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para
consignar, ya que ahora se utiliza como apoyo a otros medios de prueba.
En este
sentido, la funcionaria federal precisó que ante la acción de grupos delictivos
que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente
colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera
eficaz.
De acuerdo con la Iniciativa que presentaron cinco diputados locales,
aprueban por unanimidad el Dictamen que deroga los artículos 19, 32 y el
tercero transitorio, y se ajustan el 16 y 95
Xalapa, Ver.-
La LXIII Legislatura de Veracruz aprobó reformas a
la Ley de Pensiones del Estado para ajustarla al fallo que emitió la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con algunos preceptos, y con
base en la Iniciativa que presentaron cinco diputados locales, encabezados por
la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega Arteaga.
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, este miércoles 28 de octubre el Pleno avaló el
Dictamen que deroga los artículos 19 y 32 y el tercero transitorio, y modifica
el 16 y 95, para adecuar la legislación conforme lo determinó la SCJN, ante el
recurso de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Por unanimidad, con 42 votos a favor, se aprobó la
reforma a la Ley de Pensiones, de acuerdo con la Iniciativa que este 22 de
octubre presentaron los diputados Octavia Ortega Arteaga, Marcela Aguilera
Landeta, Francisco Garrido Sánchez, Juan Eduardo Robles Castellanos y Juan René
Chiunti Hernández.
El Dictamen, elaborado por los miembros de las
Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social y De Hacienda del
Estado, elimina los artículos 19 y 32, que establecían la obligación de aportar
cuotas en porcentaje idéntico a pensionistas y trabajadores en activo.
En relación con el artículo 16, se modifica para
retirar a los pensionistas –como sujetos obligados de cubrir con sus cuotas–,
los costos de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos
administrativos correspondientes. En el artículo 95 fracción II, se estipula
que el patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo constituyen
únicamente las cuotas de los trabajadores en activo.
Se eliminó del texto el artículo tercero
transitorio, pues tenía relación con el artículo 19 y ambos quedaron sin
materia.
Las comisiones dictaminadoras puntualizaron que la
Ley de Pensiones del Estado se expidió bajo la necesidad de solucionar la grave
situación financiera que enfrenta el IPE, y garantizar a los trabajadores al
servicio del estado su derecho a la seguridad social.
Antes de discutir el Dictamen, el diputado
Cuauhtémoc Pola Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una
moción suspensiva para retirar del orden del día el documento y propuso
correcciones en relación con el salario regulador, propuesta que se desechó por
mayoría de votos.
En los posicionamientos por Grupo Legislativo, la
diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma López, recordó
que su bancada votó en contra de la Ley 287 de Pensiones del Estado, pero en
este Dictamen lo hizo a favor, porque la SCJN dio una resolución que
beneficiará a los trabajadores.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
la diputada Marcela Aguilera Landeta explicó su voto a favor del Dictamen, por
ser un acto de apego a la legalidad: “Al aprobar esta ley se pensó en la
viabilidad financiera para garantizar seguridad social a miles de trabajadores,
y si en esa norma se determinó invalidez de algunos artículos, se plantea una
reforma con responsabilidad”.
La sesión, que inició a las 12:23 horas, finalizó a
las 15:47.
