El diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento
Ciudadano) preguntó si la PGR descarta la verdad histórica anunciada por el ex
procurador Jesús Murillo Karam. ¿Ustedes se retractan de esa verdad histórica?
¿O qué verdad le ofrecen a los mexicanos después de 13 meses? ¿Son capaces de
sostener que los estudiantes fueron asesinados como lo sostuvieron en su momento?
La
procuradora Arely Gómez indicó que el tercer peritaje en el basurero
de Cocula determinará si los normalistas de Ayotzinapa fueron o no
incinerados en ese lugar.
Aunque la
titular de la PGR respaldó la llamada “verdad histórica” presentada en enero por
el entonces procurador Jesús Murillo Karam, pues dijo que se realizaron 14
dictámenes en el basurero antes de dar a conocer que ahí fueron quemados, esto
fue refutado por expertos de la CIDH, quienes en septiembre rechazaron que ahí
hubieron muerto los estudiantes, en un incendio de esa magnitud y en las
condiciones que describieron varios detenidos, presuntos integrantes de la
organización criminal Guerreros Unidos.
Tras la
pregunta de un diputado, sobre si tenía la certeza -luego de lo que expusieron
los expertos- de que en el basurero quemaron a los normalistas, Gómez
respondió:
“El tema
que usted me pregunta, en particular sobre el incendio porque no podemos
decir cremación, es incendio, si fue hecho en Cocula y ahí fallecieron
todos los muchachos, estamos actualmente en la investigación. El grupo
de expertos merece mi reconocimiento porque desde el mismo día que llegué a la
Procuraduría, el mismo día llegaron ellos, llevo 6 meses trabajando con ellos,
y en el momento en que ellos señalan, que ellos presentan, no un dictamen
pericial, ellos presentan un análisis que es tomado no con la técnica de
los dictámenes periciales, que teníamos 14 en esta misma materia en esta misma
procuraduría, pero ¿qué es lo que debe de hacer alguien que procura justicia?
Pedir un tercer dictamen y donde se le está dando la oportunidad tanto a ellos
como a nosotros, de traer a los expertos en técnica forense, en
investigación forense, a que participen, invitando también al propio experto
(José) Torero”.
Al
iniciar la segunda ronda de cuestionamientos de su comparecencia ante la
Comisión de Justicia, la titular de la Procuraduría General de la República,
Arely Gómez González, subrayó que la PGR trabaja con todo apego a la ley y
dedicación para conocer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa;
subrayó que recuperar la confianza ciudadana no es un reto fácil, pero se
trabaja para cambiar el rostro de la dependencia a su cargo.
La
diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) manifestó que las
autoridades no han podido esclarecer lo acontecido la noche del 26 de
septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y no hay una verdad incuestionable;
por ello, preguntó a la procuradora cómo piensa asumir la responsabilidad de
mostrar la verdad de lo sucedido; qué pasará con el ex alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, del cual se ha dicho que no se encuentra consignado por
la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sino por un
proceso en torno al secuestro y homicidio de un líder social; y qué sucede con
Gildardo López Astudillo, supuesto autor de la ejecución de los normalistas.
Gómez
González refirió que la PGR trabaja con apego a la ley y dedicación para
conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Sobre José Luis Abarca,
dijo que enfrenta dos procesos por cuatro delitos: delincuencia organizada,
secuestro en agravio de estudiantes normalistas, secuestro y homicidio
calificado, además de enfrentar dos procesos en el fuero común. “De El Cabo
Gil, puedo decir que su declaración nos ha dado grandes indicios para ampliar
las líneas de investigación”, comentó.
El
diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) solicitó saber con qué carácter funcionará
el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
relación a la integración de la averiguación previa relacionada con los hechos
de Ayotzinapa y cuál es el estatus jurídico que tiene el presidente municipal
de Colula, Miguel Peñalosa.
Respecto
a la función del grupo de expertos, la funcionaria señaló que se les ha
entregado respuesta a cerca del 90 por ciento de las solicitudes que han
enviado, alrededor de 200 preguntas.
En
relación a Miguel Peñalosa González, respondió que fue consignado en diciembre
de 2014, no obstante, el juez consideró que no existían elementos para proceder
en su contra, por lo que la PGR impuso una apelación que está pendiente.
En su
oportunidad, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) afirmó que además de
Iguala y las fosas clandestinas, hay diversos casos en donde están involucrados
servidores públicos y no se han concluido las investigaciones exitosamente. En
este contexto, preguntó, cómo recuperará la PGR la confianza ciudadana y qué
aportaciones hará para abatir la impunidad y transparentar su actuación.
La procuradora,
precisó que recuperar la confianza ciudadana, no es un reto fácil, es un tema
complejo a resolver, pero “estamos trabajando para poder cambiar el rostro
de la PGR a partir de la procuración de justicia eficaz, respeto de los
derechos humanos y capacitación a los integrantes de la procuraduría.
Enfatizó
que el hecho de subir el expediente de Ayotzinapa, que hasta el día de ayer
llevaba 36 mil visitas, le da a la ciudadanía la posibilidad de poder
acceder al expediente y darse cuenta de cuáles son los elementos con los que se
ha trabajado. “Estamos dando pasos firmes con el propósito de recuperar la
confianza ciudadana. El esfuerzo no ha sido estéril, estamos en eso y estamos
comprometidos con este tema”.
Cuestionada
por fuga de El Chapo
Diputados
de la Comisión de Justicia cuestionaron a la Procuradora General de la
República, Arely Gómez González, sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por Nueva
Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre inquirió si la extradición de
13 delincuentes fue una manera de compensar a Estados Unidos por no haber
extraditado en su momento a “El Chapo”. ¿Por qué hasta después de fugado se
acepta la solicitud de extradición de Joaquín Guzmán Loera, una vez que sea
recapturado?, y por qué a tan poco tiempo de la fuga de El Altiplano se
incrementaron significativamente las extradiciones.
La
titular de la PGR aseguró que la extradición de los 13 delincuentes “no fue
ningún pago de nada, fue un compromiso de ambos gobiernos” (México y
Estados Unidos). Afirmó que al momento de la fuga de Guzmán Loera no existía
ningún acuerdo firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligara al
gobierno mexicano a entregar al extraditable. Se formaliza el 21 de julio del
año en curso, y al recibirse la solicitud por parte del gobierno extranjero se
tiene que cumplir una serie de trámites que, por lo general, tardan de seis
meses a un año, precisó.
Arraigo
La
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González,
afirmó que en años anteriores el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con
los resultados deseados, por lo que en la actual gestión no se arraiga para
investigar: por lo que esa figura jurídica es la excepción, no la regla.
Al
comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, como parte
de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, aseveró que también la figura del
testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para
consignar, ya que ahora se utiliza como apoyo a otros medios de prueba.
En este
sentido, la funcionaria federal precisó que ante la acción de grupos delictivos
que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente
colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera
eficaz.
