Pertenecen a la Subprocuraduría Jurídica;
son investigados por la Seido
Desde el pasado 25 de junio el Departamento
de Justicia de EU entregó la documentación necesaria
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2015, p. 3
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido) investiga a funcionarios adscritos a la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales –ambas dependientes de la Procuraduría
General de la República (PGR)–, pues existen indicios de que personal de esa
instancia ‘‘frenó deliberadamente’’ los trámites para la extradición a Estados
Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal
federal del Altiplano el pasado 11 de julio.
Retraso y fuga
Fuentes judiciales y gubernamentales cercanas a la indagatoria
informaron aLa Jornada que existen documentos oficiales que
demuestran que desde el 25 de junio del presente año, dos semanas antes de la
fuga, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno mexicano
la documentación necesaria para que se pidiera a un juez la orden de detención
provisional con fines de extradición de El Chapo, pero la PGR
retrasó el procedimiento por motivos que aún no están claros.
Los nombres de los servidores públicos a los que la Seido investiga se
mantienen bajo reserva a petición de las fuentes consultadas. De acuerdo con la
información recabada, fue hasta el 29 de julio pasado (más de un mes después de
que lo pidió el gobierno estadunidense y varios días después de la fuga del
capo) que los funcionarios de la procuraduría (ahora sujetos a investigación)
solicitaron al juzgado tercero de distrito en procesos penales federales del
Distrito Federal la orden de detención provisional con fines de extradición.
Guzmán es requerido por Estados Unidos por el tráfico de al menos 50 toneladas
de cocaína.
La solicitud de detención fue presentada al juzgado el miércoles 29 de
julio por la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR y al
siguiente día (en menos de 24 horas) la autoridad giró la orden contra Guzmán
Loera, aún prófugo de la justicia y quien ya cuenta con una suspensión en vía
de amparo contra esa orden de detención provisional.
Hasta ahora, la responsabilidad por la fuga de Guzmán ha quedado
reducida a sólo tres funcionarios de rango menor. El pasado 24 de julio, un
juez federal dictó la formal prisión a sólo tres de los siete funcionarios
acusados por la fuga del capo, y dejó en libertad a los cuatro restantes por
estimar que no había elementos para someterlos a juicio.
Leonardo González Martínez, juez
tercero de distrito de Guanajuato, determinó iniciar juicio al encargado del
centro del control de monitores y a dos custodios del penal federal del
Altiplano por el delito de evasión de un reo que está siendo procesado por
delitos contra la salud.
En la misma resolución de la causa
penal 48/2015, el juez dictó la libertad en favor de cuatro encargados de
monitores de circuito cerrado, dos del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) y dos del centro penitenciario, porque la PGR no acreditó que
tuvieran una probable responsabilidad en los hechos.
Los
cómplices del penal
Según consta en el expediente
judicial de este caso, al que tuvo acceso La Jornada, el juez
encontró elementos para considerar, de manera indiciaria, que el responsable
del centro de control actuó con tardanza durante la fuga y que los dos
custodios ahora procesados no respondieron las llamadas telefónicas en el
momento en el que el capo huía por un túnel.
‘‘En cuanto al encargado del centro
de control (monitores), se observaron incongruencias en sus declaraciones,
corroboradas con otros datos de prueba; esto, sumado a una dilación en su
proceder, indicó que intencionalmente favoreció la evasión, a título de
probable’’, refiere el auto de formal prisión librada por el juez Leonardo
González.
‘‘Por lo que toca a los (dos)
custodios, resolvió que, por el momento, existían datos de que ante el suceso
criminal ocurrido el pasado sábado 11 de julio, a las 20:52 horas, no
contestaron el teléfono del módulo penitenciario; al no existir justificación,
se estimó que favorecieron la evasión’’, refirió el juez.
Guzmán escapó del Altiplano la
noche del pasado 11 de julio por un túnel de 1.5 kilómetros. A partir de ese
momento, la PGR retuvo a 30 servidores públicos para interrogarlos por los
hechos, de los cuales al final de las diligencias sólo encarceló a siete y
liberó a 23.
