Por Fernando Maldonado
Ciudad
de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La madrugada de este martes el
Ejército Mexicano detuvo al director general de la Policía Estatal Preventiva,
Marco Antonio Estrada López, y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales
(GOES), Francisco Javier Basurto Toledo, por el presunto delito de robo de
combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fuentes de la dependencia confirmaron que los mandos policiacos
fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República
(PGR) en Puebla en donde al medio día de este martes recibieron asistencia
jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Facundo Rosas
Rosas.
Se trata de la primera captura que realizan los militares desde
que arribaron al municipio de Tepeaca, hace un mes para montar un operativo que
permitiera frenar la ordeña furtiva a ductos de la paraestatal, que solo en el
segundo semestre de 2014 provocó pérdidas superiores a los 240 millones de
pesos a expendios en la región Puebla-Tlaxcala.
Justo hoy, Pemex exigió al Congreso de la Unión una nueva
legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de
ductos y la extracción ilegal de combustibles. Los directores corporativo
de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández
García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, expusieron que en los
últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que
derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en
los tres primeros meses de este año.
El director jurídico informó que la Procuraduría General de la
República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51
operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos
delincuentes. También la recuperación de 1.1 millones de litros de
combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35
inmuebles y 165 autotanques.
UN DIRECTOR POLÉMICO
El perfil del director de la corporación policiaca no ha estado
exento de periodos sombríos en los últimos meses. Como Jefe de Operaciones
Especiales fue uno de los responsables de coordinar el operativo policiaco para
desalojar a los manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan en julio del año
pasado, evento en el que José Luis Alberto Tehuatle Tamayo de 13 años recibió
un impacto en la cabeza que le provocó muerte cerebral y más tarde su deceso.
Dos meses después en septiembre pasado Estrada López fue ascendido
de rango para ocupar la Dirección General de la corporación. Rindió protesta
sin más presencia que el titular de la dependencia, Facundo Rosas Rosas uno de
los funcionarios más cuestionados por la brutalidad policiaca utilizada en
Chalchihuapan y otros episodios análogos.
El otro funcionario puesto a disposición de la PGR, dirigió al
grupo responsable de la detención sin orden de aprehensión de tres jóvenes de
entre un grupo de universitarios que habían protagonizado una manifestación
contra la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en enero en Puebla para
inaugurar el Hospital para el Niño Poblano, junto al gobernador Moreno Valle.
Hace dos semanas que entre el personal de tropa de la Secretaría
de Seguridad Pública había trascendido un presunto enfrentamiento entre grupos
de delincuencia organizada por el control de las tomas clandestinas ubicadas a
los largo de la infraestructura federal en San José Chiapa, sitio en donde se
construye la planta armadora alemana AUDI y sitios cercanos. Nadie se atrevió a
confirmar esa especie.
La participación en un presunto delito de delincuencia organizada
de Estrada López y Basurto Toledo abre interrogantes sobre la política de
contratación de elementos para corporaciones en el gobierno de Rafael Moreno
Valle. Solo el mes de marzo la dependencia cesó a 300 elementos bajo el
argumento de no haber aprobado exámenes de control de confianza.
El robo de combustible en territorio poblano ha sido catalogado
como un asunto de seguridad nacional. El delito involucra a grupos de
delincuencia organizada. Un despacho de Pemex el año pasado ubicó a la entidad
como la tercera en el país por el número de tomas clandestinas con 297, solo
superada por Tamaulipas con 627 y Guanajuato con 371.
El nivel de ordeña en el territorio originó que en el segundo
semestre de 2014 medio centenar de estaciones de gasolina cerraran y otras 480
padecieran la escases de combustible para el consumo automotor y de acuerdo con
la Unión de Gasolineros Puebla-Tlaxcala los establecimientos perdieron cada uno
en promedio, medio millón de pesos.