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| Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Octavio Gómez |
CIUDAD DE MÉXICO (apro/Proceso).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario podrá percibir un sueldo superior al del Presidente de la República.
En un comunicado, el máximo tribunal del país informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH para impugnar la constitucionalidad de la normatividad expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Además de establecer el fin de las pensiones asignadas a los expresidentes de la República, señala que ningún servidor percibirá más que el titular del Ejecutivo federal. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fijó en 108 mil pesos su sueldo mensual.
Tras la admisión por parte de la Corte, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, indicó el comunicado.
La CNDH presentó su recurso ante la Corte, el pasado día 22 de noviembre, al estimar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.
Según la querella, a juicio de la CNDH, la nueva ley se aparta de los mandatos de la norma suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México.
Por esa razón consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez.
De acuerdo con el máximo tribunal, la CNDH consideró necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad.
En ese contexto, consideró que la ley de remuneraciones no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que detectó.
